La pobreza, un "crimen" que se paga con la muerte. Un documental de Felipe Zuleta

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viernes, 15 de agosto de 2008

Yidis al paredon


Insólita, por decir lo menos. Trasladar al pabellón de máxima seguridad a Yidis Medina. Precisamente el día que ella ofrece su testimonio en contra de Uribe y en donde se ratifica sobre sus acusaciones con el gobierno por el caso de Cohecho. Así le paga el diablo a quien mejor le sirve.
PD. Rechazamos la violencia. No a los atentados como el de Ituango. (Aun cuando el primo de Pablo que asesora a Uribe dice que las FARC y el conflicto son cosa del pasado)

68 comentarios:

Anónimo dijo...

Si. Rechazamos la violencia. Por eso, a proposito de Ituango, debemos recordar la masacre del Aro (entre otras) coordinada por AUV, el desplazamiento de campesinos para que testaferros de AUV se quedaran con la tierra, y la destrucción de procesos sociales para construir otra represa que solo beneficia a AUV y a Alfredo Ramos.
Ante la indignación que la acción de los tiranos nos produce, no llamenos precisamente a la violencia pero si a la justicia.

Anónimo dijo...

Y el gobernador de Antioquia, que tan amigo y cómplice de los paramilitares ha sido, sale diciendo que en la zona de Ituango hay cultivos ilícitos.
Puede ser, como en toda Colombia desde que los para y militares controlan el país y tambien los para y militares han matado y desplazado a mucha gente y tambien van a construir una megarepresa en las tierras usurpadas por AUV. Pero a él no le conviene decir eso porque seria hablar mal de su jefe.

Anónimo dijo...

Es un típico caso de abuso de poder
y expresión del corazón mafioso de narcouribe.¡MANES DE HAMPÓN!

Anónimo dijo...

"La realidad física, social, humana no está a la mano, está escondida en la almendra. La almendra no está a la vista. Más aun, muchas veces se confunde con la carnosidad. La verdad se refugia; no brilla, como dicen. Hay que buscarla, hay que abordarla, crearla, descubrirla, diría mimarla", dice Molano

Expresemos nuestro apoyo al periodista Alfredo Molano en;

http://molanosomostodos.blogspot.com

Anónimo dijo...

Que clase de monstruo es JOG, al decir en el exterior que en Colombia no hay desplazados y uno viendolos todo el dia y a todas horas en las calles y los barrios de Medellín?
Si en este país se permitiera la oposición política y no existiera la persecución judicial y criminal, yo me pasaría todo el tiempo entrevistando a este cínico y desmontando sus amañados argumentos para que la gente viera que tipo de ideología tienen los para y militares que los gobiernan.

Anónimo dijo...

En el nombre de América

¿América Latina o Indoamérica? En Venezuela se aviva la vieja polémica sobre cómo debería llamarse el continente.

La vieja polémica sobre cómo debería llamarse el continente tiene un nuevo ponente: el presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Si nos definimos como Iberoamericanos, dejamos fuera lo africano, lo francés y lo británico que hay en el continente. Si nos llamamos Hispanoamericanos, queda fuera también lo portugués. Si somos Indoamericanos negamos medio milenio de aportes europeos, africanos y asiáticos en la construcción de América.

América Latina es el término cultural y geopolítico universalmente más aceptado, pero que, sin embargo, nunca ha terminado de convencer a algunos, quienes mantienen viva esta antigua discusión sobre cómo llamar al Sur de América.

El más reciente participante en el debate, el presidente Chávez, parece tener una clara respuesta: América Latina debería denominarse Indoamérica.

"Eso de América Latina nos lo impusieron... Cada día, yo hablo menos de Hispanoamérica, de Latinoamérica. ¡Indoamérica, Afroamérica, eso es lo que somos nosotros", dijo esta semana en Caracas durante la clausura del Congreso Bolivariano Indo americano Jóvenes Guerreros Indígenas contra la miseria y el imperialismo.

Su posición no extraña, considerando que Chávez tiene inclinación por rebautizar. Por su iniciativa, en 1999 la nueva Constitución le cambió el nombre a su país introduciendo el calificativo de "Bolivariana" a la hasta entonces República de Venezuela.

Americanos somos todos

Cuando estos territorios eran colonia española, su denominación común era de las Indias Occidentales, para diferenciarlas de la India original a la cual creyó haber llegado Cristóbal Colón.

Pero la independencia trajo problemas lingüísticos reflejo de los problemas políticos que implicó la inserción de los nuevos países en la dinámica internacional.

"La patria es América", repetía Simón Bolívar quien, al igual que los grandes líderes de la independencia, se definía a sí mismo como "americano" a secas.

Claro que eso fue mucho antes de los Estados Unidos terminaran apropiándose en la práctica del nombre continental.

Hasta mediados del siglo XIX, las denominaciones de Hispanoamérica o Iberoamérica vinculaban el continente con su pasado colonial. Y luego siguieron siendo incentivadas en el siglo XX por la España de Francisco Franco, renuente a perder su supremacía cultural en la región.

Invento francés

Luego apareció el término América Latina, para algunos historiadores acuñado en una operación geopolítica gestada desde la Francia de Napoleón III.

Lo de América Latina precedió la frustrada aventura militar del Emperador Maximiliano I en México (1861), con la que los franceses aspiraban crear una avanzada imperial en las naciones recién independizadas.

El término incluía a Francia cuyo idioma, como el de España y Portugal, tiene un idioma de raíz latina, y moderaba el legado cultural ibero.

Servía además a los intereses anglosajones en la región: el de los británicos, que buscaban aumentar su influencia, y el de los estadounidenses, que querían impedir una reinstauración española en las colonias perdidas.

Sin embargo, para el historiador venezolano Guillermo Morón, el término fue realmente producto de la supremacía del francés, para entonces la lingua franca, el idioma universal.

"Para mí lo que impuso el nombre de América Latina fue un fenómeno eminentemente cultural", aseguró Morón en conversación con BBC Mundo.

"En Hispanoamérica se afrancesaron mucho los procesos culturales. Los grandes artistas e intelectuales iban a París a estudiar", explicó y reconoció que siempre la lengua ha sido herramienta de los imperios.

Haya, el primero

Indoamérica fue un término usado por el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, origen del actual partido Aprista peruano.

En 1924, en México, Haya de la Torre fundó la revista Indoamérica como órgano divulgativo del APRA, cuyos postulados eran el antiimperialismo y la reivindicación de las clases deprimidas del continente: clase medias empobrecidas, campesinos e indígenas.

Con el término Indoamérica, Haya de la Torre distinguía a las poblaciones autóctonas americanas, confundidas tras el "error original" de Colón.

Pero esa denominación reivindicativa encontró también resistencia entre quienes la consideraron -y siguen considerándola- "etnocéntrica" y hasta "racista".

"Hablar de Indoamérica es un absurdo. No podemos regresar a lo que no somos", le dijo a BBC Mundo Morón, para quien el concepto deja fuera la herencia europea, africana y asiática que, junto a lo indígena, forma los países americanos.

Indoafroiberoamérica

Un cuestionamiento similar se le hace al término de Iberoamérica, Hispanoamérica o Latinoamérica cuando se les acusa de ser excesivamente "eurocentristas".

Por eso una solución más incluyente podría ser la que plantea el mexicano, Carlos Fuentes en la introducción de su libro Valiente Nuevo Mundo, un compendio de ensayos sobre narrativa hispanoamericana,

"Lo primero es que somos un continente multirracial y policultural. De ahí que a lo largo de este libro no se emplee la denominación América Latina, inventada por los franceses en el siglo XIX para incluirse en el conjunto americano, sino la descripción más completa Indo-Afro-Ibero-América".

"Pero en todo caso, el componente indio y africano está presente, implícito", dice Fuentes, quien pese a estar escribiendo sobre narrativa hispanoamericana no evita el vínculo entre cultura y política.

Aunque el término de Fuentes abarque más, no suena práctico en estos tiempos celosos de la economía del lenguaje. Sería difícil que llegara a sustituir una "marca registrada" internacionalmente como es hoy el concepto político y cultural que representa América Latina.

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Anónimo dijo...

Como tenemos que jugarle el mismo juego al asqueroso paranarcopresidente denominado “cortina de humo coyuntural”, según las directrices enviadas por su firma asesora de cabecera Rendon Group, con el único fin de tapar su mediocridad para resolver el paro camionero, así como creamos la lista de LOS NO SABIA, empecemos a diseñar la lista de los mayores ROSCOGRAMADORES de esta narcopatria, mis primeros aportes van enseguida y espero que todo el que conozca la “mentirocracia” de los cargos públicos pagados con nuestros impuestos, nos ayuden a denunciar a los mayores y abusivos pulpos esquilmadores del país:

• Puestos fuera de concurso: Fabio Valencia Cossio, Omar Yepes Alzate, Víctor Renán Barco, José Name Terán, familia Guerra de la Espriella, familias “Araujo et al”, los Vives del Magdalena.
• José Obnulio Escobar Gaviria, sus hijitos, su esposa y dos presidiarios narcos por la justicia norteamericana, en altísimos cargos de la Nación.
• Los Turbay Ayala.
• Los Sanín Posada.
• Los Holguín de Cali.
• Los Cepedines.
• Los Cárdenas Santamaría.
• Armando Benedetti, comenzando por el puesto de senador obtenido con extraños votos atípicos del Putumayo, siendo él nativo del otro extremo del país, su hermanita con alto cargo en la Fiscalía, su esposa recién graduada y con notas mediocres en la Universidad, desempeñando alto cargo en la Cancillería.
• Los familiares de la comisión notable de contratistas.

Anónimo dijo...

Fundamentalistas cristianos rezan para que un diluvio empape a Obama
El candidato presidencial demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama, habla en un acto en Keehi Lagoon Park, en Honolulú, Hawai, el 8 de agosto de 2008.

Un grupo fundamentalista cristiano reza para que un diluvio torrencial se desate sobre el candidato demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama, cuando acepte públicamente la nominación presidencial del Partido Demócrata.

"¿Está mal pedir a las personas que recen para que llueva en proporciones bíblicas?", se pregunta Stuart Shepard sosteniendo un paraguas en un vídeo difundido por el grupo ultraconservador Focus on the Family (Foco en la Familia).

En el clip, el hombre pide chaparrones "abundantes, torrenciales" para que inunden Denver (Colorado, oeste) durante la Convención Nacional Demócrata, que comenzará el 25 de agosto para coronar oficialmente a Obama como su candidato para las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos.

El discurso de aprobación de Obama, el 28 de agosto, tendrá lugar en un estadio de Denver con 75.000 localidades disponibles, y las entradas ya están agotadas.

En el vídeo, Shepard pidió que la lluvia se largue "dos minutos antes de que comience el discurso de aprobación". "Todavía soy pro-vida, y todavía estoy a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y me gustaría que el próximo presidente, que seleccionará a los jueces para el próximo Tribunal Supremo, esté de acuerdo," dice, aparentemente en referencia al rival republicano de Obama, John McCain, de 71 años.

Focus on the Family retiró el spot el martes, apenas un día después de haberlo divulgado, aunque todavía puede ser visto en internet. En un comunicado aparte, Shepard dijo que el vídeo pretendía ser "ligeramente gracioso". Un portavoz del grupo ultraconservador, Tom Minnery, dijo por su parte: "Si la gente lo tomó en serio, lo lamentamos".

noticias.latam.msn.com

Anónimo dijo...

¿Es Uribe el presidente o simplemente un camorrero?


¿Juez y Parte?

Anónimo dijo...

DIGNIDAD CERO

Anónimo dijo...

Guerra en Georgia Para DUMMIES

Anónimo dijo...

Cuando un criminal rinde un testimonio favorable al gobierno, recibe beneficios y lo contrario. El traslado de YIDIS es un hecho que confirma que el narcogobierno manipula los procesos.

Finalmente hago una pregunta: ¿quien gana y quien pierde con los atentados como el de ITUANGO? No creo en absoluto que los autores de lo sucedido en ITUANGO sean las Farc, entre otras razones, porque ese es un territorio dominado por los narcoparamilitares y por la visita del narcopresidente hoy a ese lugar.

Anónimo dijo...

Qué tal, como Yidis ha tenido el valor de enfrentarsele a su antiguo patrón, así le castigan su hosadía.

el que se enfrente con el régimen la lleva, y duro.

Hasta el Inpec aplicando justicia por encima de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia.

Los uribistas hacen y deshacen todo lo que se les da la gana. Y nadie dice nada.

Anónimo dijo...

EL ROSCOGRAMA URIBISTA

Desafortunado el lenguaje del presidente. Hasta homofóbico, discriminatorio como todo lo que el primer mandatario dice.

Qué tal las propuestas del gobierno.

O acaban el que llaman "roscograma de la Justicia" o legalizan todos los roscogramas.

Dos cosas.

O a Uribe le están haciendo falta esos puestos que eligen las diferentes instancias de la Justicia para seguir comprando conciencias a cambio de puestos y seguirse atornillando en el poder

O es una forma de embolsillarse a la Justicia. Que el sea el único dueño del roscograma en el país.

O el único "roscón"

Qué fastidio escuchar los términos en los que se expresa Uribe en nombre de una nación y de la democracia.

Anónimo dijo...

URIBE, ROSCÓN

perdón

URIBE Y SU ROSCO-GRAMA

Anónimo dijo...

Yidis a punto de ser envenenada

El Inpec llevó a cabo en la noche del jueves el traslado de Yidis Medina del patio octavo al séptimo de alta seguridad de la cárcel de mujeres de Bogotá El Buen Pastor. En respuesta a ello, Medina se declaró en huelga de hambre por que, como aseguró a los medios Dayis Padilla, madre de la ex representante, "su traslado podría significar su muerte por envenenamiento".

Ramón Ballesteros, abogado de Medina, interpondrá una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, para que se haga efectiva la orden de la Corte Suprema de Justicia de permitir detención domiciliaria para la ex parlamentaria.

Argos dijo...

SE AGUDIZA CAMPAÑA DE TERROR CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA.

La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia -ONIC, denuncia y solicita su intervención urgente ante los hechos suscitados el pasado 11 de agosto del 2008. En la fecha señalada, el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, (filial de la ONIC), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, (filial del CRIC - ONIC), sus asesores y en general indígenas Nasa, y líderes indígenas de Cali y Bogotá, fueron amenazados de muerte por una organización autodenominada "Campesinos
Embejucaos del Cauca" (CEC).

Ante esta amenaza de muerte, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia (ONIC) solicita la intervención urgente del Gobierno Nacional y Departamental; a los órganos de control del Estado (Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación), a la Vicepresidencia de la República Programa de DDHH y al Ministerio del Interior y Justicia Dirección de Etnias, y Organismos Internacionales, para evitar este tipo de amenazas que además incitan al odio, a la discriminación a la xenofobia y a la desestructuración política de los diferentes movimientos sociales, las cuales podrían tener graves consecuencias en la vida, la integridad física, cultural y territorial de los indígenas del Cauca y de todo el país.

HECHOS:
El 11 de agosto de 2008, a las 4:14 PM llegó a los correos electrónicos: de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una amenaza de muerte dirigida a estas dos organizaciones, sus asesores y en general a miembros del pueblo Nasa y líderes indígenas de Calí y Bogotá, por una organización autodenominada "Campesinos Embejucaos del Cauca" (CEC).

El texto de la amenaza que lleva por titulo "masacres cauca" y que anexamos para su conocimiento anuncia que "siendo aproximadamente las 00:00 de esta Noche, recibirán información sobre la muerte de paHECES y cabecillas exguerrilleros del CRIC por campesinos, lo que les será confirmado Telefónicamente a causa de su irrespeto. El comunicado refiriéndose a los líderes y asesores del CRIC de la ACIN, indica que ya saben quienes son, donde están y que hacen. Asimismo, señala "No se quejen cuando el CRIC y paHECES, serán encontrados muertos y un significativo número de miembros de ustedes desaparecidos, Sabemos que en Colombia ustedes no sobrepasan el Millón de personas en Colombia." Queremos de Popayán, Cali y Bogotá Libre de Indios porque allí están la guarida y concentración de los cabecillas.

Lo anterior permite concluir, que la amenaza de muerte recibida está dirigida contra la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia – ONIC, y demás pueblos y organizaciones indígenas del país; en la medida en que la misma, se refiere al número de miembros de pueblos indígenas que en la actualidad existen en Colombia, muchos en riesgo de extinción física y cultural, como consecuencia, de la discriminación estructural, la falta de políticas públicas, la inefectividad de las mismas, y el conflicto armado colombiano.

Anónimo dijo...

CORTE PENAL INTERNACIONAL HACE REQUERIMIENTOS A GOBIERNO URIBE
Extraditados y parapolíticos en la mira de la CPI


El fiscal Luis Moreno pregunta cómo asegurará Colombia el juzgamiento de los máximos responsables de los crímenes contra el DIH, incluyendo a extraditados, dirigentes políticos y miembros del Congreso

UNA CARTA del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) al gobierno colombiano, conocida en exclusiva por EL NUEVO SIGLO, plantea una serie de interrogantes que han causado revuelo al interior de las altas cortes y el Ejecutivo.

En efecto, el pasado junio, el fiscal especial de la CPI, Luis Moreno, le envió al embajador de Colombia ante La Haya, Francisco José Lloreda, una comunicación, que revela hoy este diario, en la cual recuerda que “como es de su conocimiento mi oficina se encuentra analizando la situación colombiana, a la luz del Estatuto de Roma, ratificado por Colombia”.

La misiva se suscitó a raíz de la extradición intempestiva de los jefes paramilitares el pasado mayo. Ante ello, el fiscal Moreno pregunta al gobierno colombiano: “¿Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente involucrados a los grupos desmovilizados?. En particular, me gustaría saber si las investigaciones seguidas hasta la fecha indican la comisión de conductas penadas por el Estatuto de Roma y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados políticos”.

Si bien Moreno advierte que “al día de hoy no se ha tomado ninguna decisión en relación con la apertura de la investigación”, aclara que “la situación continúa bajo análisis de mi oficina”.

Sin antecedentes

Nunca, hasta el momento, se había presentado un requerimiento tan claro y preciso por parte de los voceros de la CPI al gobierno colombiano a fin de indagar si evidentemente se están cumpliendo las cláusulas del Estatuto Penal Internacional que Bogotá ratificó hace seis años.

Como se sabe ese Estatuto contiene la penalización a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, divididos en genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
Aunque Colombia mantiene una reserva de ocho años sobre los crímenes de guerra, que incluso el gobierno Uribe anunció que iba a levantar pero nunca lo hizo, los delitos de lesa humanidad mantienen plena vigencia y pueden ser investigados por la CPI en cualquier momento.

Igualmente, como también se sabe, la jurisdicción de la CPI es subsidiaria o excedente frente a la justicia interna. No obstante, tiene facultades plenas de intervención cuando se comprueba la “justicia aparente” o resulta evidente que el Estado firmante no ha procedido a las investigaciones y sanciones correspondientes a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario.

En su oportunidad, en la visita del fiscal Moreno a Colombia en 2007, hizo una clara diferenciación entre crímenes de guerra y de lesa humanidad, aunque en entrevista pública dejó en claro que en muchas oportunidades se producen combinaciones de los mismos.

Petición de información

De la misma manera, se entiende que las investigaciones de la CPI no son retroactivas sino a partir de la protocolización del Tratado.
“En octubre de 2007 – dice el fiscal- tuve la oportunidad de visitar a Colombia con el objetivo de analizar los procesos criminales pendientes a los máximos responsables de crímenes bajo competencia de esta corte. Tal como acordamos en nuestra conversación del 30 de mayo pasado (2008), es importante para la Fiscalía recibir información sobre estos casos”.

Aunque desde los requerimientos del fiscal Moreno el gobierno ha venido insistiendo en que los jefes paramilitares extraditados siguen cubiertos por la ley de Justicia y Paz, la Corte Suprema de Justicia colombiana ha pedido al Ejecutivo aclaraciones sobre el caso. En efecto, en una nueva declaración conocida ayer, el alto Tribunal vuelve a decir que la desvinculación de los jefes paramilitares de la jurisdicción extraordinaria depende de la rama judicial y no del gobierno.

En el lapso, el gobierno Uribe ha pedido incrementar las penas a los extraditados. No obstante, éstos no pueden juzgarse en Estados Unidos sino por delitos de narcotráfico, por lo que hasta el momento están exentos de que se les procese allí por los crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario.

Al momento de la extradición de los jefes paramilitares se dijo que los Estados Unidos aceptarían indagaciones de los fiscales y magistrados colombianos sobre aquellos delitos de los cabecillas de las autodefensas. Hasta el momento no se ha producido ninguna diligencia al respecto, mientras se adelantan conocidas negociaciones para rebajar las condenas por el tráfico ilícito de drogas.

Ni ha sido posible ni es claro, pues, todo lo referente a la jurisdicción penal internacional.
Como se sabe, Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo que no es firmante del Estatuto de Roma, por considerar contra sus doctrinas la justicia multilateral. Colombia, por su parte, sí es signataria y está obligada a cumplir con los protocolos y convenios.

Carta enviada por el Fiscal Moreno al embajador de Colombia en la Haya, Francisco José Lloreda

SE. Sr. Francisco José Lloreda
Embajador de Colombia
Groot Hertoginnelaan 14
2517 EG, La Haya

Excelencia.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Como es de su conocimiento, mi oficina se encuentra analizando a situación colombiana a la luz del Estatuto de Roma, ratificado por Colombia.

En octubre de 2007 tuve la oportunidad de visitar Colombia con el objeto de analizar los procesos criminales pendientes a los máximos responsables de crímenes bajo la competencia de esta Corte. Tal como acordamos en nuestra conversación del 30 de mayo pasado, es importante para la Fiscalía recibir información sobre estos casos.

También hemos tenido conocimiento de las extradiciones de vatios líderes paramilitares a los Estados Unidos el 13 de mayo pasado y, la semana previa, de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

Tomo nota de la información dando cuenta de la respuesta enviada, el 16 de mayo del 200, por el Gobierno colombiano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradezco, además, la información provista informalmente sobre la reunión que sostuvieron el Fiscal General de a Nación y su homólogo estadounidense.

A la luz de los acontecimientos mencionados y de las comunicaciones recibidas, le estaría muy agradecido si, como contribución a mi labor, pudiera suministrarme la siguiente información:

Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CFI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados? En particular, me gustaría saber si las investigaciones seguidas hasta la fecha indican la comisión de conductas penadas por el Estatuto de Roma y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados políticos.

Me permito aclarar que, al día de hoy, no se ha tomado ninguna decisión en relación con la apertura de una investigación. La situación continúa bajo análisis por mi Oficina.

Cualquier consulta respecto de esta misiva, le ruego dirigirla a Paul Seils, Jefe de análisis de Situaciones de la Oficina del Fiscal de la CPI.

Quedo a la espera de su respuesta y de cualquier información adicional que el Estado colombiano considere oportuno suministrarme.

Aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.

Luis Moreno Ocampo.

Anónimo dijo...

LA REPUBLICA DE GUACHARACAS es un corral de alta seguridad.

Daniela dijo...

¿Qué pasó Felipe? Si va a hacer moderación del lenguaje, por favor avise!

Anónimo dijo...

Ojo Felipe ... Noticia Urgente de última hora ...

al parecer Yidis Medina entra en huelga de hambre por los abusos a los que ha sido sometida por cuenta del Inpec.

Investigue bien eso Felipe ... Porque estoy seguro que Yidis está diciendo la verdad ...

No es sino oir el deseepero del abogado Lombana (defensor de Uribe) tratando de desprestigiar a Yidis pero sin tocar para nada todo el material probatorio que anexo Yidis a su denuncia.

Repito estoy seguro que Yidis dice la verdad y Uribe miente.

Anónimo dijo...

Alguien me puede explicar porque a don berna lo llevaban a "dar indagatoria" ...

ASI

y no

ASI?

Anónimo dijo...

Hago mi humilde aporte al roscograma del salgareño:

La mayoría de la familia Echeverri Correa: hijos, primos, tías, hermanos, etc., etc., etc., viviendo del presupuesto nacional en cargos de muchos millones a la derecha.

Anónimo dijo...

Una de las mentiras más grandes acuñadas por el señor Uribe Vélez y que día a día utiliza para subirse el raiting, es que gracias a él se acabó el flagelo del paramilitarismo y en la realidad esto es una gran mentira, porque lo que hizo antes de su primera elección fue valerse de los buenos oficios de estos combatientes patriotas de "buen corazón" para "convencer" a los electores de pueblos azotados por la miseria para "votar voluntariamente" mediante presión armada por su proyecto. Pero el precio de esta ayudita era que les garantizaba conseguirles todos los beneficios que planearon estratégicamente con su amado mesías para insertarse nuevamente en la sociedad a disfrutar de sus billones de dólares ensangrentados y a tomar posesión de todos los poderes del Estado sin pagar por sus asesinatos y el despojo de los bienes de sus víctimas y crear el Estado soñado por el narcotráfico y el paramilitarismo y LO MAS IMPORTANTE !!! librarse de ser sometidos a la Corte Penal Internacional, con la cual Colombia tiene el compromiso ineludible de hacer su ingreso a partir del año 2009, así que tenían escasos SIETE AÑOS para agarrarse al salvavidas diseñado por quienes a partir de Pablo Escobar llevaron a cabo su mayor sueño que él mismo no pudo cristalizar, porque había gente decente como Guillermo Cano, como Luis Carlos Galán, como Jaime Garzón, que poco a poco fueron masacrados para evitar que continuaran desenmascarando lo que ellos con su inteligencia previeron que sucedería y que como comprobamos se hizo realidad, utilizando desde que se tomaron el poder, la calumnia, el desprestigio, métodos que aprendimos a conocer a partir de la persecución mediática de que fue objeto Rodrigo Lara Bonilla.

Anónimo dijo...

Ya el cobarde matón empezó a desdorar sus palabras dichas ayer para zaherir a la justicia con la intención clara de darle otro golpe, cuando se dio cuenta de que su malcriadez ya está tomando vuelo internacional y pone de presente que el Ejecutivo colombiano está pisoteando sistemáticamente el estado de Derecho. Al fin y al cabo un comportamiento digno de un cabecilla del crimen organizado, muy lejano ciertamente del que exige la primera magistratura del país.

Señores: tenemos al primo de Jose Obdulio encarnado en Uribe y dirigiendo los destinos de este pobre país no sólo bananero sino narcotraficante y asesino, y lo peor es que los altos funcionarios que lo acompañan no se quedan cortos en su mala calidad de personas. Por ejemplo, el idiota de los Santos y oveja negra de esa familia, Pucho Santos, se atrevió a decir hoy que es una imbecilidad la crítica que se le hace al gobierno por el uso de emblemas de la Cruz Roja durante la Operación Jaque. ¡Qué tal el cerebrito de copetón de este gran "pensador" colombiano del Siglo XXI y sus calidades moral y ética!

Anónimo dijo...

Denuncias sobre presunta conspiración contra
la Corte Suprema son "gaseosas": MinInterior

Ahora estan nerviosos, por las amenazas de la corte de denunciarlos internacionalmente, pero la corte no deberia retroceder

Porque asi hicieron con Ecuador, le pidieron disculpas y siguieon atacandolo con el computador de Reyes, asi hicieron con la Cruz Roja, se disculparon por los nervios de un oficial y muy bien qe estaban enterados del uso de los logos de la Cruz Roja

Eso demuestra que el Uribestia mayor tiene miedo que las cortes internacionales se pronuncien en su contra.

ADELANTE CORTE SUPREMA, NO RETROCEDAN AHORA, SI LO HACEN EL PROBLEMA VA A SER MAYOR.

D E N U N C I E N L O S....

Anónimo dijo...

Denuncias sobre presunta conspiración contra
la Corte Suprema son "gaseosas": MinInterior

Ahora estan nerviosos, por las amenazas de la corte de denunciarlos internacionalmente, pero la corte no deberia retroceder

Porque asi hicieron con Ecuador, le pidieron disculpas y siguieon atacandolo con el computador de Reyes, asi hicieron con la Cruz Roja, se disculparon por los nervios de un oficial y muy bien qe estaban enterados del uso de los logos de la Cruz Roja

Eso demuestra que el Uribestia mayor tiene miedo que las cortes internacionales se pronuncien en su contra.

ADELANTE CORTE SUPREMA, NO RETROCEDAN AHORA, SI LO HACEN EL PROBLEMA VA A SER MAYOR.

D E N U N C I E N L O S....

Sagliery dijo...

Este gobierno es un CONTRAHECHO

Anónimo dijo...

A mi me suena extraño, resulta que luego de la bomba en Ituango, y según caracol, la guerrilla hostigó una ambulancia que trasladaba heridos al helipuerto. En Ituango no hay helipuerto, se usa la finca de la Fedeeración de Cafeteros como "helipuerto", la cuestión es que el "helipuerto" queda a menos de 5 minutos del parque, en donde está el bunker de la policia (allí también se hospeda la cúpula del ejercito presente), de allí (del comando de la policia) hacia abajo a cinco cuadras queda el hospital y por el mismo camino a menos de cinco minutos el "helipuerto. Luego como a las cuatro llegó uribe a saludar a los compatriotas. Me pregunto si la guerrilla estaba hostigando en la noche, prácticamente en el casco urbano, como va el presidente allí en la tarde?, que se sepa no es un héroe. En fin cuentan que en Ituango el costo de la tierra urbana y rural subió más del 70%, este año, por aquello de la represa Pescadero-Ituango, de la que Antioquia, en cabeza de Ramos, claro, se apropió con artimañas. Mis mas sentidas condolencias al pueblo Ituanguino, siempre olvidado, y parece ser que pronto muy visitado, ojalá esta haya sido la última.

Anónimo dijo...

Ah, me faltó ilustración, el comando queda en la parte baja del parque (en todo el marco, hacia el norte), al frente está la iglesia, de esta a la izquierda (al oriente) a una cuadra explotó la bomba. Las autoridades reaccionaron y ahí mismito casi en el casco urbano la guerrilla hostigando ambulancias, en lugar de tirarle al helicoptero?, en fin, buena la crónica de caracol, solo faltó uribe para decirle a la periodista "...Fulanita, no me cuente todo".

Anónimo dijo...

EL NUEVO SIGLO

EXTRADICIÓN DE EX PARAS PUDO HABER SIDO PARA PROTEGERLOS Gobierno debe responderle con argumentos al CPI: Expertos
PIDIERON RODEAR AL ALTO TRIBUNAL Liberalismo respaldó a la Corte y pidió a Uribe cesar ataques
LUEGO DE SER TRASLADADA DE PATIO EN EL BUEN PASTOR Yidis denuncia persecución y anuncia huelga de hambre

Anónimo dijo...

Y si en Ituango la tierra subió
el setenta por ciento,en El
Carmen de Bolivar ya se ha
multiplicado por mil.Y también
como en Ituango quienes la
adquirieron a precio de huevo
fueron inversionistas antioqueños
del círculo presidencia.¿A cómo irá
el jefazo en dichas transacciones?

Anónimo dijo...

Felipe,en la revista Don Juan de
El tiempo hay una entrevista
para enmarcar,no porque el
personaje tenga valor alguno,sino
porque es el vivo producto de
estos tiempos del cólera
narcouribistas.Arribista,tramposo,
vago,ignorante,este filipichín
es el símbolo de la juventud
colombiana y un ejemplo de que
aquí y ahora no se requieren
virtudes sino vicios.

Anónimo dijo...

A dicho personaje lo veían en Ralito y Montería en compañia
de Mancuso y de sus aúlicos y
testaferros.Se reúne en secreto
con el fiscal Iguarán y con él
comparte honorarios.Su periplo
más corriente hasta hace pocos meses era casa de narquiño-
Montería-Ralito y de vuelta otra vez Montería para recalar nuevamente en la casa de narquiño.
También es íntimo del presidente y sus hijos.¿Qué clase de país tenemos?

Anónimo dijo...

CORTE PENAL INTERNACIONAL HACE
REQUERIMIENTOS A GOBIERNO URIBE

Extraditados y parapolíticos en la mira de la CPI


El fiscal Luís Moreno pregunta cómo asegurará Colombia el juzgamiento de los máximos responsables de los crímenes contra el DIH, incluyendo a extraditados, dirigentes políticos y miembros del Congreso

Carta enviada por el Fiscal Moreno al embajador de Colombia en la Haya, Francisco José Lloreda

SE. Sr. Francisco José Lloreda
Embajador de Colombia
Groot Hertoginnelaan 14
2517 EG, La Haya

Excelencia.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Como es de su conocimiento, mi oficina se encuentra analizando a situación colombiana a la luz del Estatuto de Roma, ratificado por Colombia.

En octubre de 2007 tuve la oportunidad de visitar Colombia con el objeto de analizar los procesos criminales pendientes a los máximos responsables de crímenes bajo la competencia de esta Corte. Tal como acordamos en nuestra conversación del 30 de mayo pasado, es importante para la Fiscalía recibir información sobre estos casos.

También hemos tenido conocimiento de las extradiciones de vatios líderes paramilitares a los Estados Unidos el 13 de mayo pasado y, la semana previa, de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

Tomo nota de la información dando cuenta de la respuesta enviada, el 16 de mayo del 200, por el Gobierno colombiano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradezco, además, la información provista informalmente sobre la reunión que sostuvieron el Fiscal General de a Nación y su homólogo estadounidense.

A la luz de los acontecimientos mencionados y de las comunicaciones recibidas, le estaría muy agradecido si, como contribución a mi labor, pudiera suministrarme la siguiente información:

Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CFI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados? En particular, me gustaría saber si las investigaciones seguidas hasta la fecha indican la comisión de conductas penadas por el Estatuto de Roma y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados políticos.

Me permito aclarar que, al día de hoy, no se ha tomado ninguna decisión en relación con la apertura de una investigación. La situación continúa bajo análisis por mi Oficina.

Cualquier consulta respecto de esta misiva, le ruego dirigirla a Paul Seils, Jefe de análisis de Situaciones de la Oficina del Fiscal de la CPI.

Quedo a la espera de su respuesta y de cualquier información adicional que el Estado colombiano considere oportuno suministrarme.

Aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.

Luis Moreno Ocampo.

Anónimo dijo...

EXTRADICIÓN DE EX PARAS PUDO HABER SIDO PARA PROTEGERLOS” (El Nuevo Siglo).-

Gobierno debe responderle con argumentos al CPI: Expertos


Senadores y analistas internacionales aseguraron que esta petición de la Corte Penal servirá para que el presidente Álvaro Uribe se dé cuenta que los procesos de la parapolítica y Justicia y Paz no se quedarán en el ámbito nacional

RESPONDER CON argumentos concretos y no “con evasivas” la petición de la Corte Penal Internacional le pidieron ayer al Gobierno Nacional expertos y senadores al gobierno Uribe, quienes, en diálogo con EL NUEVO SIGLO, le aconsejaron al Presidente que no evite reconocer que el proceso de la parapolítica y los juzgamientos de Justicia y Paz no son sólo de carácter internacional.
Tal y como lo reveló en exclusiva el viernes este diario, el fiscal del Alto Tribunal, Luis Moreno, le pidió en una misiva al embajador en La Haya, Francisco Lloreda, que el Gobierno responda de qué manera se garantizará que las extradiciones de los ex jefes paramilitares no retrasen la investigación y juzgamiento de los involucrados en la parapolítica y la reparación de las víctimas.
“¿Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia del CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente involucrados a los grupos desmovilizados?”, le preguntó Moreno al Embajador.
En este sentido, los expertos pidieron seriedad y responsabilidad al Gobierno para su respuesta.
“Este es un requerimiento similar, guardando las proporciones, al que la Corte Suprema le pidió al Gobierno sobre porqué los extraditó”, explicó el ex senador Jimmy Chamorro, experto en legislación internacional y quien aseguró que la respuesta que Uribe no debe ser “burletera, grosera y desafiante como la que le dio a la Corte colombiana”, sino con “argumentos claros y concisos”.
A su turno, la senadora Cecilia López, vocera del Partido Liberal, manifestó que el llamado de Moreno es una señal de alerta a los procesos que ha impulsado el Gobierno.
“Este llamado es gravísimo para el Gobierno y demuestra que en el mundo están quedando serias dudas sobre la no obstaculización de los procesos de verdad, justicia y reparación”, indicó la legisladora.
Entretanto, la senadora de La U, Martha Lucía Ramírez, le pidió al Gobierno que responda rápidamente a los requerimientos de la CPI.
“Ya la Corte Penal hizo un requerimiento para conocer sobre el trámite de la ley de Justicia y Paz en el Senado y se tardaron mucho tiempo, casi dos años. Ahora toca ser mucho más diligentes”, enfatizó la Senadora.

Justicia globalizada

Los expertos manifestaron que la petición del Tribunal Internacional supone un llamado de atención al Gobierno, en la medida en que no ha tenido en cuenta la posición del Derecho Internacional Humanitario para castigar severamente a los paramilitares y sus aliados.
“Si el Gobierno cree que desde el punto de vista nacional se puede salir con la suya valiéndose de su popularidad, con la justicia internacional no lo podrá hacer”, manifestó Chamorro.
“Esto le demuestra a Uribe que Colombia no es una isla en un mundo de justicia globalizada, que tarde o temprano le pondrá a pagar todo lo que ha hecho”, aseveró López, quien expresó que una intervención de esta naturaleza “nos demuestra que frente a este proceso la gente se está dando cuenta de las falencias del Gobierno”.
A su turno, la senadora y miembro de la comisión asesora de relaciones exteriores, Alexandra Moreno Piraquive, manifestó que en este sentido el capítulo internacional de los procesos de la parapolítica está a punto de comenzar.
“Ya en el ámbito internacional ellos aplicarán todo el rigor y serán mucho más exigentes, porque se cierra un capítulo en Colombia pero se abrirá otro en el mundo”, advirtió la Senadora.

Anónimo dijo...

!! SOS !! FELIPE !! SOS !!

ESTE REGIMEN SE PROPONE ACABAR CON NUESTRA CULTURA ANCESTRAL !!!

DEBEMOS DE HACER LA DENUNCIA ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES !!!

Amenaza de Genocidio a Pueblos Indígenas del Cauca y Colombia
por CRIC Wednesday, Aug. 13, 2008 at 3:24 PM
cric@emtel.net.co +(57) (2) 8242153 Calle 1 # 4-50 Popayán
El Consejo Regional Indígena del Cauca alerta frente a la amenaza que llegó, vía correo electrónico a la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, en la noche del 11 de agosto, anunciando el genocidio de las poblaciones indígenas de Colombia y concluyendo, de forma perversa, con el enunciado de la estrategia que viene haciendo el gobierno nacional para desestabilizar la unidad de las poblaciones campesinas, afros e indígenas de este departamento.

Para nadie es un secreto que desde la presidencia de la república se ha declarado la guerra a los pueblos indígenas que decidan reclamar sus derechos. Un momento determinante fue el consejo comunitario realizado en la ciudad de Popayán en el mes de marzo del 2008, donde Uribe dio la orden de pagar recompensas para romper la unidad de las comunidades indígenas. Unido a ello de forma continua los voceros institucionales se han preocupado por entregar mensajes indicando que los indígenas son beneficiarios de las garantías del Estado en detrimento de los derechos de los demás sectores de la sociedad. Un ejemplo fue la compra de la finca Villa Carola realizada por el ministerio del interior para entregarla a los desplazados, cuando dicho predio ha estado comprometido desde la década de los ochenta para los indígenas Kokonuko de Poblazón.

El texto, que se encubre en la identidad campesina, reproduce el discurso que el gobierno nacional ha venido promulgando desde las voces institucionales, con el objetivo de responsabilizar a los indígenas del fracaso de la política de tierras y de ser los causantes de la ausencia de una reforma agraria en Colombia.

Plantea que los indígenas paeces e integrante del CRIC, a quienes señala de cabecillas y guerrilleros, serán encontrados muertos y desaparecidos a partir del día de hoy, y que quieren a Popayán, Cali y Bogotá libre de indios ya que, según ellos, en Colombia no sobrepasamos el número de un millón.

Descubriendo claramente su esencia paramilitar, los autores del panfleto, informan que los indígenas se encuentran rodeados de miembros de inteligencia de dicho grupo, el cual cuenta con logística y equipos preparados. Llaman a un proceso de ocupación militar y exterminio contra los integrantes del CRIC y los paeces del Cauca. Para justificar ello se basan en acusaciones como la del comandante de la tercera brigada del ejército, al cual citan en su señalamiento de nexos de funcionarios de la alcaldía de Toribío y el sexto frente de la guerrilla de las farc.

Mas adelante, para ocultar su esencia paramilitar, vuelven a identificarse como campesinos antiindios, se autodenominan campesinos embejucados de Colombia.

Alarma que un comunicado de defensa a la institucionalidad, en un tono de amenaza terrorista, que argumenta su odio en frases institucionales contra los pueblos indígenas del Cauca y que está acompañado de fotografías que muestran a los ejércitos nazis no haya sido repudiado ya por la presidencia de la República ni por los por los organismo de control del Estado.

La mayoría de los argumentos para descalificar a los indígenas son los mismos que durante los últimos años han venido generando sectores políticos y gremiales que impulsan la discriminación racial y la guerra contra las comunidades indígenas, y que se oponen a cualquier intento de reforma agraria.

Pretextando hablar en nombre de sectores rurales no indígenas, en realidad defienden la inequidad, el despojo y el desplazamiento de indígenas, campesinos y afro colombianos de sus territorios; argumentos como los anteriores fueron usados por los terratenientes del norte del Cauca, días antes de la masacre del Nilo, en diciembre de 1991, la cual fue planeada en la Finca La Emperatríz según las confesiones del paramilitar Hernando Villa Zapata. Finca que hoy la viceministra María Isabel Nieto dice que no se puede entregar a las víctimas por estar eficientemente administrada; colocando el derecho a la verdad, justicia y reparación muy por debajo de los intereses del gran capital.

Llamamos a las organizaciones sociales, a los sectores demócratas, a los organismos de derechos humanos y a la comunidad internacional para que este genocidio anunciado, y que se viene perpetrando en los últimos años, sea detenido; y al gobierno nacional a que responda acorde con sus obligaciones constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos y derechos de los pueblos.

CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA -CRIC
www.cric-colombia.org

Anónimo dijo...

EDITORIAL DEL NUEVO SIGLO

Lupa de la Corte Internacional


NO muchos colombianos saben de la importancia de la Corte Penal Internacional. Es así, ciertamente, porque no se tiene mucho tiempo para ahondar en esos temas.

En términos cotidianos la Corte Penal Internacional (CPI) surgió a partir de la necesidad de globalizar la Justicia. En efecto, así como se ha dado una globalización económica, informativa y tecnológica hasta los avances del día de hoy, igualmente se dio una globalización de la justicia.

Así ocurrió desde los juicios de Nuremberg, donde los comandantes alemanes y políticos nacionalsocialistas fueron condenados por un tribunal internacional, que no aceptó las justificaciones de genocidios, ataques a la población civil y bombardeos indiscriminados de la Segunda Guerra. Los hechos fueron sancionados con horcas, cadenas perpetuas o largas prisiones.

A partir de entonces se determinó que la guerra no podía ser indiscriminada, es decir, que debía protegerse a los civiles y a los soldados heridos o prisioneros, y a través de los Convenios y Protocolos de Ginebra, suscritos posteriormente por los países de la ONU, se generó una gigantesca red jurídica internacional en ese propósito. Así se gestó un acervo de amplia envergadura que había comenzado con las incipientes normatividades surgidas a raíz de la horrenda batalla de Solferino, en 1863.

Sin embargo, comenzó a presentarse el problema de que existía la legislación pero no un organismo efectivo que la hiciera cumplir. Fue entonces cuando germinó la idea de la Corte Penal Internacional. Así transcurrió el tema en los últimos cincuenta años en los diversos países, hasta que se obtuvo en el lapso, no sólo la firma de los Convenios y Protocolos, sino que en la última década se estableció la Corte Penal Internacional a partir de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, formalizado por Colombia en el 2002.
Básicamente de lo que se trata es de sancionar a los infractores del Derecho Internacional que han cometido crímenes de lesa humanidad o de guerra. Todo nace de la premisa de que cuando se comete un ilícito, en cualquier parte del mundo, que afecte la vida, integridad física o dignidad de la persona en medio de una situación bélica, se reputará de crimen cometido contra toda la humanidad. Y es de allí de donde se deriva la jurisdicción penal universal.

Este periódico acaba de publicar, en exclusiva, una carta del Fiscal Internacional al gobierno colombiano anunciando textualmente que si aún no se ha abierto una investigación formal por la inaplicación de justicia a los paramilitares extraditados o por ello “se ha presentado algún obstáculo” en las investigaciones de los políticos, ese despacho mantiene el análisis de la situación. Es decir, el país está bajo la lupa y puede ser motivo de investigaciones por la CPI. Y por ello se pregunta el Fiscal internacional: “¿Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI (Corte Penal Internacional), incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados? En particular, me gustaría saber si las investigaciones seguidas hasta la fecha indican conductas penadas por el Estatuto de Roma y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados políticos”.

Las incógnitas del Fiscal van dirigidas, pues, a saber si las gravísimas violaciones del DIH van a quedar impunes y evidentemente no se contenta con las evasivas dadas por el gobierno colombiano sobre la supuesta colaboración de Estados Unidos en la materia, pues se sabe que sólo pueden investigarlos por narcotráfico y han sido inviables los prometidos testimonios de los paramilitares. Por eso el Procurador ha dicho que la Ley de Justicia y Paz ha quedado sin piso e inaplicada y es en tal sentido que podría producirse la intervención directa de la CPI al no ser el Estado colombiano capaz de sancionar los delitos contra el DIH o incurrir en una “justicia aparente”.

Ante ello, muchos en Colombia se escudan al decir que la jurisdicción de la CPI es subsidiaria. Lo es, ciertamente, en la medida en que la justicia interna se active y fructifique, pero cuando no es así, la CPI tiene la obligatoriedad de intervención inmediata. Ello, en efecto, se deriva de las competencias del Fiscal y es clarísimo en los artículos 13 y 15 del Estatuto de Roma.

El tema, por tanto, es de un espectro superlativo. Se deja ver que la CPI ya se cuestiona sobre las actuaciones gubernamentales. Y no es con expedientes de poca monta, como hablar de “roscogramas” o temas para consumo interno, que se puede soslayar su lupa sobre Colombia. Le están respirando en la nuca y eso es lo que el gobierno debe tomar con seriedad.

Anónimo dijo...

EL DEFENSOR DE LA PARAPOLÍTICA ES
ÍNTIMO DE MANCUSO,GOSSAIN,IGUARÁN
Y DEL PRESIDENTE URIBE Y AL MISMO
TIEMPO ABOGADO DE LOS PARAPOLÍTICOS,ENTRE LOS CUALES ESTÁ
EL PRIMO MARIO URIBE.SIN EMBARGO
EL URIBISMO SE MOLESTA CUANDO AFIRMAN QUE ESTO ES UNA NARCOCRACIA
Y QUE EL SALGAREÑO ES EL JEFE DE
LA MAFIA.

Anónimo dijo...

No me cabe la menor duda que los
errores cometidos por el fiscal
Iguarán en el caso del ex director
del DAS Jorge Noguera no son lamentables equivocaciones sino
una conducta punible cuyo objeto
es salvar a Noguera de la cárcel
y al gobierno de las fatales consecuencias que dicho
hecho podría acarrearle.

Anónimo dijo...

Ni que decir de la impunidad del
esbirro Rito Alejo del Río.

Anónimo dijo...

EL DEFENSOR DE LA PARAPOLÍTICA ES
ÍNTIMO DE MANCUSO,GOSSAIN,IGUARÁN
Y DEL PRESIDENTE URIBE Y AL MISMO
TIEMPO ABOGADO DE LOS PARAPOLÍTICOS,ENTRE LOS CUALES ESTÁ
EL PRIMO MARIO URIBE.SIN EMBARGO
EL URIBISMO SE MOLESTA CUANDO AFIRMAN QUE ESTO ES UNA NARCOCRACIA
Y QUE EL SALGAREÑO ES EL JEFE DE
LA MAFIA.

Anónimo dijo...

Por favor cuelguen (alguien que sepa) un parrafito de "Un Pasquin" el periódico de Vladdo, donde hay un aparte de como escribíe el lambón muerto de hambre de Rangel, está buenisimo, eso lo escribió antes de volverse uribestia. Por favor cuelguenlo o visiten www.unpasquin.com

Anónimo dijo...

Expediente para entregar a la CPI

Y el gringo ahí...?

El veto a Rocío Arias y Eleonora Pineda despierta temores de indebida intromisión del Tío Sam en la campaña electoral colombiana.
Fecha: 02/05/2006 -1240

Verdaderos falsos positivos

Un coronel, un mayor, un capitán y un teniente son sindicados de hacer atentados terroristas para ganar positivos. Los atentados, hechos en Bogotá con carro bombas y una casa bomba, fueron previos a la posesión presidencial. SEMANA.COM revela todos los detalles de esta acción criminal.
Fecha: 09/07/2006 -

Oficiales del Ejército montaron atentados en Bogotá previos a la posesión de Uribe

Gravísimas denuncias por la participación del Ejército en atentados atribuidos a las FARC.
Fecha: 09/09/2006 -1271

Montajes

Ácido enfrentamiento entre el ministro Juan Manuel Santos y el senador Gustavo Petro por el tema. Horas antes el presidente Álvaro Uribe hizo una maratón por radio para defender a los militares implicados.
Fecha: 09/12/2006 -

Procuraduría abre investigación por montajes de atentados

La investigación de la Fiscalía sobre los supuestos atentados terroristas en Bogotá avanza por buen camino. SEMANA conoció nuevas pruebas que comprometen aun más a miembros del Ejército.
Fecha: 11/25/2006 -1282

Rumba en Itagüí

El pabellón de máxima seguridad en donde está recluida la cúpula de los paramilitares se parece cada vez más a 'La Catedral'.
Fecha: 03/24/2007 -1299

La fibra íntima

Gustavo Petro hizo cuatro denuncias muy graves contra el Presidente y su familia. ¿Qué tan sólidas son?
Fecha: 04/21/2007 -1303

El Relajito de Itagüí

El 10 de abril de 2007, la entonces directora de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Yolanda Rodríguez, le cuenta a Imelda López, su colega de la cárcel La Picota, que dirigir el patio uno, en donde están recluidos los jefes paramilitares, es cuestión de locos. Todo el mundo da órdenes distintas: el director regional del Inpec, el director general, el Ministro de Justicia y hasta el presidente Álvaro Uribe.

Te llamo desde la prisión"

SEMANA revela grabaciones que muestran cómo, desde la cárcel de Itagüí, los paras ordenan asesinatos , siguen en el narcotráfico y han rearmado a sus hombres.
Fecha: 05/12/2007 -1306

El Gobierno provoca la más grande crisis en la historia de la Policía al comprobar que ésta hacía grabaciones ilegales

A raíz de las grabaciones de los paras, divulgadas por SEMANA, se descubrió que personal de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dipol) grababa de manera ilegal a miembros del gobierno, de la oposición y periodistas desde hacía dos años. Por esa razón, produjo el más grande remezón de la institución de su historia al descabezar a toda su cúpula. Se va el general Jorge Daniel Castro. Y asume como nuevo director el general Óscar Naranjo.
Fecha: 05/14/2007 -


Algo huele raro

Aunque el gobierno y los paramilitares insisten en que en la cárcel de Itagüí se cumplen las normas, existen grabaciones y documentos que sugieren lo contrario.
Fecha: 05/19/2007 -1307

El Nuevo Herald publica un vídeo del presidente Uribe con un comandante paramilitar

El influyente periódico de Miami asegura que la grabación corresponde a una reunión que se realizó el 31 de octubre del 2001 en una gira de la campaña del entonces candidato presidencial a Puerto Berrío. La Casa de Nariño califica la información como una insinuación malévola.
Fecha: 06/15/2007 -

El hombre del cartel

Uno de los extraditables más buscados por Estados Unidos le anticipa a SEMANA lo que va a confesarle a la justicia norteamericana sobre los nexos entre la política y el narcoparamilitarismo.
Fecha: 06/16/2007 -1311

"No hay pruebas de que los paramilitares hayan violado los acuerdos"

El alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, minimiza las graves denuncias hechas por los delitos que habrían cometido los paramilitares durante las negociaciones y desde la cárcel de Itagüí.
Fecha: 06/23/2007 -1312

Habla "Macaco": Estoy dispuesto a negociar con la justicia de Estados Unidos

El desmovilizado jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, dijo en una entrevista con ‘La FM" y el ‘Canal RCN" que está dispuesto a buscar un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Así mismo, señaló que no está seguro de que los rumores que dan por muerto a Vicente Castaño sean ciertos.
Fecha: 07/24/2007

Uribe Contra el Mundo

El presidente dispara a diestra y siniestra. ¿Qué está pasando?
Fecha: 10/13/2007 -1328

Video en el que aparece Uribe con candidatos de paras agudiza la confrontación Gobierno-Polo

Mientras el partido de oposición cuestiona las relaciones del Presidente de la República con los parapolíticos, éste se defiende haciendo acusaciones en abstracto.
Fecha: 11/19/2007 -

Visa USA

Los jefes paras avanzan en un preacuerdo con Estados Unidos. Ahora buscan la extradición porque le temen a la Corte Penal Internacional.
Fecha: 02/16/2008

Uribe: Yo no me reuní con paramilitares

Ni la justicia ni la prensa le habían dado mayor importancia al testimonio de un preso que involucró al presidente Uribe con la masacre del Aro, en Antioquia. Sin embargo, el primer mandatario ha salido con vehemencia a rechazar su veracidad.
Fecha: 04/23/2008 -

Detalles del testimonio que involucra a Uribe con masacre

El ex paramilitar colombiano Francisco Enrique Villalba Hernández declaró ante la Fiscalía General de Colombia en febrero pasado que el presidente Alvaro Uribe y su hermano Santiago participaron en la planeación de una masacre en el norte del departamento de Antioquia, según una copia del testimonio obtenida por El Nuevo Herald.
Fecha: 04/26/2008


La conexión entre Castaño y el Presidente Uribe

El Presidente de Colombia álvaro Uribe Vélez, como Castaño, también perdió a su narcotraficante padre por causa de las FARC, pero en el caso de Uribe, el padre murió peleando en su finca atacada por los insurgentes. Y hay otras similitudes también: como Castaño, la familia Uribe ha tenido nexos cercanos con el comercio de cocaína, inclusive rentando un helicóptero para el negocio. De hecho, el padre de Uribe fue acusado en una ocasión por su papel en el notorio caso del laboratorio de procesamiento de cocaína de Tranquilandia, luego de su descubrimiento en una operación combinada de la DEA y la policía colombiana. De 1980 a 1982, Uribe fue cabeza de la aviación civil en Colombia (Aerocivil) y controló todas las licencias de aviación en todo el país en el tiempo en que los aviones pequeños hacían la mayoría del tráfico de drogas. Cuando Uribe era gobernador del departamento de Antioquia en la mitad de los noventa, ayudó a crear una fuerza paramilitar llamada Convivir, en la que se rumora que estuvo el jefe paramilitar Salvatore Mancuso.


Legitimando a los paramilitares

Durante las últimas elecciones presidenciales colombianas, un Uribe limpio fue llevado al poder y aplaudido por el Departamento de Estado. Muchos de los planes de su gobierno están basados en un estudio de la Corporación Rand. Tanto el estudio de la Rand como los planes de Uribe incluyen la creación de una gran fuerza civil de defensa e información para el gobierno que sería mantenida por el Estado colombiano. El reporte de la Rand, como todas las cosas estilo Plan Colombia, fueron escritas primero en Estados Unidos. Fundamenta una nueva estructura de contrainsurgencia de defensa civil colombiana en el sistema Ronda de Perú o el viejo sistema guatemalteco PAC en el que los civiles deben servir como combatientes contrainsurgentes bajo supervisión del ejército. Tanto en Perú como en Guatemala fueron ellos los principales responsables de reducir el tamaño de las guerrillas pero a costo extremo: cometiendo una enormidad de abusos a los derechos humanos. Cuando esta idea fue por primera vez expuesta en el reporte confidencial de la Rand en junio 13 de 2001, cuyos autores son ángel Rabasa y Peter Chalk, Rabasa indicó que las estructuras paramilitares actuales podrían disolverse y volver a reclutarse en las nuevas fuerzas de defensa civil, pero ahora bajo control directo del ejército.


La acusación contra Castaño y Mancuso

Para asegurarse la aceptación de los líderes de las AUC del plan de reestructuración, y mantener a los liberales en el Congreso de Estados Unidos dentro del Plan Colombia fingiendo perseguir a los paramilitares, el Fiscal General de EU John Ashcroft anunció en septiembre 24 de 2002 que Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra estaban bajo acusación por parte del gobierno estadounidense por arreglar el transporte de unas 17 toneladas de cocaína a los Estados Unidos y Europa en 1997. No que el tráfico de cocaína por parte de los paramilitares fuera en realidad noticia para los Estados Unidos según documentos de EU de 1993 confirmaron esta afirmación. ¿Pero los colombianos arrestaron a los líderes de las AUC? Después de todo, el gobierno colombiano recibe millones de dólares en ayuda estadounidense y en muchos casos trabaja conjuntamente con Estados Unidos. En vez de arrestar a Castaño y compañía, en noviembre 24 de 2002, las noticias de Colombia revelaron que el gobierno colombiano apoyado por EU ¡estaba envuelto ahora en negociaciones directas a gran escala con ellos!

Anónimo dijo...

REVISTA SEMANA

¿Gallo tapado?
Fecha: 08/16/2008 -1372
No quedó claro si la salida de la cárcel de Luis Humberto Gómez Gallo, investigado por para-política, se debió a que la Fiscalía precluyó el proceso porque no había pruebas sólidas o si fue debido a que se le vencieron los términos y no formuló la acusación. Cuando se ordenó la libertad del ex presidente del Congreso, el fiscal general, Mario Iguarán, afirmó por la radio que se trataba de una preclusión. Sin embargo, cuando SEMANA entrevistó al fiscal con información del posible vencimiento de los términos, este admitió que "coincidieron las fechas". ?

Anónimo dijo...

La hoguera que nunca se apaga
La Corte y su magistrado auxiliar estrella siguen desafiando a los enemigos de la verdad sobre los vínculos de la mafia paramilitar con el estado
Por María Jimena Duzán
Fecha: 08/16/2008 -1372
Hay dos formas en que los gobiernos autoritarios intentan amordazar a la justicia, cuando esta no se somete a sus designios: cerrando las Cortes, como lo hizo Fujimori en Perú, o desprestigiándolas a través de la intimidación, como lo viene haciendo sistemáticamente el gobierno del presidente Uribe con la Corte Suprema de Justicia; una campaña que se inició desde cuando este alto tribunal encendió el ventilador de la para-política y vinculó a su primo entrañable, el senador Mario Uribe, y a cerca de 70 congresistas, en su mayoría pertenecientes a la coalición uribista.

En el primer caso, los intentos por amordazar la justicia en Perú resultaron fallidos. Aunque es cierto que la cárcel en que se encuentra Fujimori tiene las comodidades de una Catedral, el ex presidente está siendo juzgado por la justicia de su país. En Colombia, país del Sagrado Corazón –y ahora del Opus Dei–, ha sucedido un milagro similar: la feroz campaña de desprestigio contra la Corte y sus magistrados en lugar de haberla hecho volar en mil pedazos, sepultando para siempre el sambenito de que este es un gobierno que ha sido permisivo con quienes han tenido vínculos con los paras, se le ha convertido a esta administración en una hoguera que nunca se apaga. Es decir, en un asunto que nunca se finiquita a pesar de que el gobierno siempre lo haya soslayado y minimizado, anteponiendo la amenaza de las Farc, terreno en el que el gobierno ha sido mucho más coherente y exitoso.

Me explico: cuando Uribe desmovilizó a los paras, desoyó olímpicamente las voces de quienes decían que las estructuras de poder de esa mafia habían quedado intactas. Tres años después, las evidencias de que esta mafia sigue vivita y coleando son tan inobjetables, que la tesis joseobduliana de que el paramilitarismo se acabó resulta insostenible hasta para los uribistas pura sangre. Y cuando el gobierno extraditó a los jefes paras sin que estos hubieran sido imputados por la Fiscalía en Justicia y Paz y pensó que había cerrado ese capítulo, se le abrió otro más grande, porque esa extradición encendió las alarmas de la Corte Penal Internacional, que empezó a preguntar en qué quedaban entonces el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas en Colombia.(Eso se deduce de la carta enviada por el presidente de esa Corte al gobierno colombiano, publicada por el Nuevo Siglo).

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Lo cierto es que ni la feria de burdos montajes como el de ‘Tasmania’, concebido por familiares del Presidente para horadar la credibilidad del magistrado Iván Velásquez; ni la filtración a los medios de la grabación hecha por la senadora Nancy Patricia Gutiérrez al investigador de la Corte, más propia de las prácticas de la mafia que de una presidenta del Congreso; ni las reiterativas columnas de Mauricio Vargas en las que trata a la Corte y a sus magistrados como corruptos insaciables y amigos de la mafia; ni las frases del Presidente que recogen rumores deshonrosos que no puede probar, han logrado hasta el momento su cometido. La Corte y su magistrado auxiliar estrella siguen al pie del cañón desafiando los enemigos agazapados de la verdad sobre los vínculos de la mafia paramilitar con el Estado.

Ahora bien. El hecho de que la Corte no hayan podido acallarla, no significa que no pueda equivocarse ni que no sea criticable en varios aspectos. Es evidente, por ejemplo, que entre los magistrados de la Sala Penal no están los mejores juristas del país –los mejores se inmolaron en la toma y la retoma del Palacio de Justicia– y que hubiera sido mejor que el magistrado Yesid Ramírez no hubiera recibido relojes de Georgio Sale. Pero decir que se trata de una Corte corrupta y aliada del narcotráfico, como han dicho varios columnistas que se han prestado a la campaña de difamación en su contra, es un exabrupto del tamaño de la Catedral.

Lo que está en juego es la capacidad del Estado para desarticular el poder de una mafia que, lejos de haberse desmoronado, se ha ido incrustando en los círculos de poder; una mafia que opera desde adentro y no desde afuera, como lo hacía Pablo Escobar, y que se está haciendo sentir cada vez más en regiones como Norte de Santander o el Valle del Cauca, por no hablar del resurgimiento de la Oficina de Envigado. Una mafia que puede decretar asesinatos desde dentro del Estado como pudo haber sucedido con el de Álvaro Gómez, ordenado al parecer por un coronel de la Policía que era todo un jefe de la mafia, según se desprende de las revelaciones hechas por SEMANA sobre el testamento de Castaño. Es esa mafia la que está detrás de la para-política y de la campaña contra la Corte. Nada más ni nada menos.

Anónimo dijo...

Extra, Extra, Extra..., Un Pasquín en su edición 33

[Así escribía Alfredo Rangel,
antes de volverse uribista]
“La guerrilla, aunque
muchos se nieguen a
reconocerlo, es distinta. Aun
cuando recurra al secuestro, a
la extorsión y al narcotráfico
para financiarse, su naturaleza
es esencialmente política.
Utiliza medios bandoleriles,
pero sus objetivos son políticos,
no de enriquecimiento
personal. El hecho de que la
guerrilla trafique con droga
no la convierte en una mafia...”
Alfredo Rangel Suárez

Anónimo dijo...

Pasos de animal grande
La Corte Penal Internacional le envió un mensaje duro al gobierno: hay que juzgar a los políticos que estaban por encima de los paramilitares. ¿Meterán la mano en Colombia?
Fecha: 08/16/2008 -1372
La semana pasada se conoció una carta de la Corte Penal Internacional (CPI) que puso a temblar a varios sectores de la política. Desde su creación se sabe que esta Corte puede juzgar a los grandes criminales de guerra que los tribunales colombianos no sean capaces de castigar con severidad. Se sabía que los ojos de la Corte estaban puestos en los jefes paramilitares como Mancuso y 'Jorge 40', cuyos actos de barbarie terminarían castigados con exiguas penas de ocho años de cárcel en Colombia. Lo que nadie imaginaba es que la Corte tenía particular interés en conocer el grado de complicidad en la que habrían incurrido congresistas y políticos investigados actualmente por la Corte Suprema y la Fiscalía, en la estrategia violenta de los paramilitares, que les habría permitido construir sobre la sangre derramada un proyecto político.

Por eso la carta, con fecha de junio, anuncia pasos de animal grande. El argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal de CPI, pide en la misiva que se le informe "cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluidos dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados", y pregunta si "la extradición de los jefes paramilitares a Estados Unidos presenta algún obstáculo para la investigación de estos políticos".

Hasta ahora las investigaciones demuestran que en algunas regiones los políticos participaron en la creación de los grupos paramilitares, aunque todavía no es claro quién mandaba a quién. Si los políticos a los paramilitares, o éstos a los políticos. O si era un poco de lo uno y de lo otro, según la región. Pero de lo que sí hay evidencia en muchos casos es de que hubo un beneficio mutuo de los crímenes de lesa humanidad. Los políticos ganaron sus elecciones, y los paramilitares se hicieron al control de territorios y capturaron el Estado en las regiones.

La Corte Penal Internacional se creó para juzgar a los criminales de guerra, a los genocidas y a quienes cometen crímenes de lesa humanidad. Funciona cuando la justicia de los países no puede o no quiere hacer justicia. Hasta ahora ha abierto casos en África, y Colombia está en observación
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Lo que deja claro el documento es que la CPI no está interesada en los 30.000 combatientes desmovilizados que apretaban el gatillo, y ni siquiera en los 2.000 que están en Justicia y Paz. Lo que trasnocha a la Corte es que se logre saber quiénes orquestaron, diseñaron e hicieron posibles los grandes crímenes contra la humanidad que se han cometido en Colombia, sean estos paramilitares, políticos, empresarios o militares. Esto significa que los tribunales internacionales se centran en los grandes estrategas del mal aunque éstos no necesariamente tengan sus manos manchadas de sangre.

La carta de Moreno Ocampo es un polo a tierra para muchos que siempre han pensado que la Corte es un asunto remoto, aplicable apenas en Estados fallidos de África, o a la que sólo deberían temerle criminales reconocidos como Mancuso, el 'Mono Jojoy' o 'Jorge 40'. El mensaje cifrado de la carta es que la comunidad internacional toma muy en serio el juzgamiento de los crímenes atroces, y que tiene interés en que se llegue a los centros de poder que los han hecho posibles. En términos domésticos, se podría decir que le interesa saber, por ejemplo, quiénes eran los tristemente célebres seis miembros de la 'comisión de notables' de Carlos Castaño que guiaban su mano tenebrosa para cometer los peores asesinatos.

No obstante, la Corte sólo tiene competencia para juzgar los crímenes cometidos después de julio de 2002, cuando fue suscrito el Tratado de Roma, al cual adhirieron Colombia y casi todas las naciones democráticas del mundo, con excepción de Estados Unidos. Colombia, sin embargo, pidió una salvaguarda de siete años, que vence en 2009, para los crímenes de guerra. Ese período se supone que serviría para ponerle fin al conflicto armado del país y hacer un acuerdo de paz. La salvaguarda permitiría negociar sin la 'espada de Damocles' de la justicia global sobre la espalda. Pero la mayoría de los crímenes que cometieron los paramilitares fue de lesa humanidad, y estos ni prescriben, ni están incluidos en la salvaguarda firmada por Colombia. Es decir que todo crimen de este tipo que se cometió en los últimos seis años, si no es castigado aquí, lo será en los tribunales internacionales.

Como se trata de crear una conciencia moral universal, la Corte en principio actúa aunque haya procesos de paz en curso, pues éstos responden más a coyunturas políticas de cada país que a un gran paradigma universal como es la justicia. Esta consideración ha generado múltiples controversias, pues muchos gobiernos consideran que las actuaciones de la Corte impiden llevar a feliz término las negociaciones, ya que nadie abandona la guerra si lo que le espera es la cadena perpetua. De hecho, en el caso colombiano los paramilitares le temen tanto a esta Corte, que aceptaron a regañadientes someterse a la Ley de Justicia y Paz, como único camino posible para evitar ser juzgados por ella.

Hasta ahora el fiscal Moreno Ocampo ha investigado hombres tan temidos como el presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmed al-Bashir, a quien le dictó orden de arresto por posible genocidio; Joseph Kony, líder del Ejército de la Resistencia del Señor, de Uganda, muy a pesar de que están en medio de un proceso de paz, y criminales de guerra en Congo y en el centro de África. Hombres todos ellos muy poderosos a quienes ni las armas, ni el dinero, ni el poder político les han servido para eludir la actuación de la CPI.

Claro que Colombia no es un país africano donde las instituciones no funcionan y por lo tanto, la intervención de la CPI sería muy distinta. La Corte ha observado con respeto la Ley de Justicia y Paz, que combina un poco de justicia con altas dosis de verdad y reparación. Al menos en el papel.

Sin embargo, al cabo de tres años, los jefes paras están negociando con Estados Unidos, y las víctimas han tenido una verdad a medias y ninguna reparación. Para rematar, las investigaciones por la para-política corren el riesgo de quedar a medio camino con estas extradiciones. A eso se le suma que en Colombia el problema no es tanto la incapacidad del Estado para hacer justicia, sino las agrias disputas que hay entre los distintos poderes en torno a este caso. Por eso otra preocupación de la CPI es la presión política contra la justicia desde el Ejecutivo y el Legislativo, que eventualmente les podría impedir a los jueces conocer la verdad y dictar sus veredictos con libertad.

Analistas consultados por SEMANA coinciden en que la solicitud de Moreno Ocampo es una importante alerta para el gobierno y la justicia. Para el gobierno, porque la CPI está al tanto de las controversias entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia, cuyo origen es justamente la investigación de los congresistas de la coalición del gobierno.

Segundo, porque aunque se ha anunciado muchas veces que los paramilitares podrán seguir confesando sus crímenes desde las cárceles de Estados Unidos, todavía no hay mucha claridad sobre cómo se podrá hacer esto en la práctica. Y a la justicia internacional no le importa cuánto tiempo pasen en la cárcel los paramilitares por haber enviado cocaína a Estados Unidos, sino cómo serán juzgados por sus masacres, y si contarán finalmente quiénes eran sus cómplices desde el poder.

En todo caso, Moreno Ocampo viene por las respuestas la próxima semana, en una visita oficial al país. Para recordar que sobre Colombia pesa la espada de Damocles de la justicia universal, que no entiende de explicaciones políticas ni de atenuantes ideológicos. Y que no perdona

Anónimo dijo...

Baby-parapolíticos
A pesar del escándalo, la para-política sigue gobernando en decenas de municipios del país y la justicia no llega. SEMANA presenta algunos casos.
Fecha: 08/16/2008 -1372
Lo que hasta ahora se conoce como la 'para-política', que ha provocado la más profunda crisis en la historia del Congreso, es apenas la punta del iceberg o, si se quiere, el capítulo mediático del escándalo.

Si con mucho esfuerzo la Corte Suprema investiga a casi 70 congresistas, 34 de ellos en prisión, en el resto del país muchos de los dirigentes políticos locales que hicieron pactos con los paramilitares están gobernando sus pueblos, sin que siquiera pesen sobre ellos investigaciones preliminares. Es decir, la estructura para-política con que lograron controlar zonas de la Costa Atlántica y Urabá a punta de terror sigue prácticamente intacta.

La senadora Gina Parody lanzó la voz de alarma. En una dura carta al fiscal general, Mario Iguarán, dice que la mayoría de las investigaciones por los crímenes en los municipios en los que se dieron pactos entre políticos y paramilitares "han terminado en inhibitorios o siete años después siguen estando en práctica de pruebas".

Édgar Benito Revollo (izquierda)es alcalde de San Onofre y hermano de Muriel, condenada por para-polítca. Carlos Gutiérrez Cote (derecha)fue elegido alcalde de Campo de la Cruz (Atlántico) estando preso acusado de integrar una banda paramilitar que encabezaba el comandante ‘Jorge 40’
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Y es que así como existió el Pacto de Ralito, la prueba emblemática de la complicidad entre paramilitares y políticos, en otras partes del país se hicieron acuerdos similares, como el de 'Chivolo' y el de 'Pivijay', en Magdalena, y otros que no quedaron escritos, como el de los 'cuatrillizos', en Urabá; el de Curumaní, y el de Valledupar. Mientras en el de Ralito firmaron poco más de 30 dirigentes políticos, el de Chivolo, por ejemplo, lo firmaron 410.

Estos pactos por lo general eran alianzas entre paramilitares y políticos en las cuales se acordaba quiénes eran los candidatos de los paras y cómo se distribuiría la piñata.

Una de las cosas más graves es que los pactos , que podrían parecer, como el de Ralito, un simple acuerdo político, se firmaron justo cuando los paramilitares ya habían tomado cierto control territorial. Los pactos de Chivolo y Pivijay, por ejemplo, tuvieron como antesala las masacres de Piñón, en la que murieron 27 personas, y de Sitio Nuevo, con 37 víctimas, y el asesinato de cuatro alcaldes, dos ex alcaldes y cuatro concejales de la zona.

La senadora Parody cuestiona en su carta al Fiscal por qué los crímenes siguen impunes. Según ella, sólo hay una persona investigada, de los 210 firmantes del pacto de Chivolo que aparecen con cédula. Iguarán rechaza las acusaciones y argumenta que los tiempos de la justicia no son tan rápidos. "En todo el país tenemos 75 procesos derivados de Justicia y Paz, donde se reportan más de 300 personas vinculadas, y con proyección a ser procesadas, cerca de 300 más", anota Iguarán.

Sin embargo, independientemente del nivel de responsabilidad de la Fiscalía, el problema es que los elegidos bajo la sombra de estos pactos nada le deberán a la justicia en tres meses, pues, como lo advierte la congresista, los delitos electorales prescribirán, en el caso del pacto de Chivolo, en noviembre.

SEMANA hizo un recorrido por algunos municipios de la Costa y encontró la huella que habrían dejado los paramilitares.

El alcalde de Pivijay (Magdalena), Ramón Antonio Prieto, no solo firmó los pactos de Chivolo y Pivijay, sino que se desmovilizó como 'informante' de las Auc en 2006.

El alcalde de Sitionuevo, Magdalena, Miguel Parejo Osorio, es investigado por el asesinato de un ex alcalde e hizo parte de un pacto ordenado por el paramilitar 'Don Antonio'. Era tesorero en 2004, cuando la alcaldía, según confesó el para, les dio 120 millones de pesos a las Auc.

Al alcalde en Campo de la Cruz (Atlántico), Carlos Gutiérrez Cote, lo eligieron cuando estaba preso. Cayó el 30 de septiembre de 2007 en una redada contra la 'Banda de los 40', ex paramilitares afectos a 'Jorge 40'.

En San Onofre, Sucre, el alcalde es Édgar Benito Revollo, hermano de la ex congresista Muriel, condenada por hacer acuerdos con los paramilitares. Y en San Martín, Cesar, siete miembros de la familia del paramilitar 'Juancho Prada' ocupan cargos en la administración pública, pues su cuñado es secretario de gobierno, y su hermana media, Personera Municipal. Si bien el hecho de ser familiares no los inhabilita para ocupar cargos públicos, lo que llama la atención es que tantos miembros de una misma familia tengan ese privilegio, lo cual, en el mejor de los casos, es una muestra de nepotismo. O también podría ser la constatación de que el poder militar derivó, inevitablemente, en poder político.

Esos son apenas algunos municipios de muestra. Pero el diagnóstico completo, de hasta qué punto el para-Estado que imperó en ciertas regiones ha conservado sus raíces, es un estudio que está por hacerse. Sería necesario investigar, por ejemplo, lo que se desprende de las confesiones recientes de jefes paramilitares. Por ejemplo, hace apenas un par de meses, 'Juancho Dique', que operaba en Cartagena y sus alrededores, confesó que su grupo influyó en 2003 en la elección de los 18 alcaldes del norte de Bolívar. Lo mismo ocurrió en Magdalena con 'Carlos Tijeras', que dijo que todos los alcaldes de 2003 en Ciénaga, Fundación, Aracataca, Pueblo Viejo, El Retén y la zona bananera fueron escogidos y señalados por él. Aun más, que los gerentes de los hospitales eran propuestos por los senadores y representantes, pero él les hacía la 'prueba ácida', que consistía en un compromiso de financiar al grupo pagando un impuesto de guerra.

Y la propia senadora Parody trae a cuento en su carta otro pacto, el de los 'cuatrillizos'. Según la congresista, con presencia del jefe paramilitar el 'Alemán', líderes políticos de Urabá apoyaron una lista al Congreso, ganaron la curul y se la rotaron, cada uno un año, y nombraron en la Unidad de Trabajo Legislativo incluso al propio 'Alemán'. Parody afirma que cuatro de esos firmantes son hoy alcaldes de Turbo, Necoclí, Arboletes y San Pedro de Urabá.

Si bien es cierto que son muchos los ex alcaldes y funcionarios hoy detenidos por sus vínculos con los paras, lo que preocupa es que el listado de lo que falta por investigar es realmente abrumador.

Hace seis años el gobierno empezó a dialogar con los paramilitares. Hace cuatro comenzaron los paramilitares a desmovilizarse. Hace dos comenzó el gran escándalo de la para-política. Pero lo más paradójico de toda esa cronología es que hoy, todavía, muchos políticos que se asociaron con paramilitares están aferrados a sus cargos en los pueblos más alejados del país, donde la justicia no llega.

Anónimo dijo...

El Sr álvaro uribe es la cabeza visible de un magno proyecto paramilitar, orquestado por la ultraderecha de este país, no nos engañemos, este personaje de la casa de Nariño se apropió del poder y se mantiene en él todo de conformidad con ese proyecto eficazmente montado desde hace más de 30 años por los Ardila, los Santo Domingos y el Sindicato de Antioquia. Los dueños de Colombia lo necesitan allí todo el tiempo que sea posible para seguir aumentando su cuantiosas ganancias y seguir impunemente apropiándose de los grandes negocios (contratos petroleros, especulación bancaria, lavado de activos, robo de grandes latifundios, etc. , etc.) , eso es una verdad de a puño que los que hacemos oposición no violenta en Colombia casi no podemos hacer nada, solo expresar ideas por estos medios por ejemplo, por que si uno se opone en público se expone a ser eliminado; la cosa se ve bastante oscura y tenebrosa ¡no habrá mañana!

Anónimo dijo...

¿Por qué será que cuando los paisas planean la construcción de represas u otro tipo de megaobras, el futuro al que se ven enfrentados los colombianos es angustiosamente inmoral y macabro?

En el caso del Guavio, se trató de uno de los mayores pillajes de tierras, comisiones y subfacturaciones, planeadas de la forma más calculada y cínica, gracias a que el gerente de la Empresa de Energía de Bogotá tuvo a mano la información privilegiada de cómo y cuándo se iba a construir la megaobra y ¡oh, que casualidad!, el sujeto fue criado en el mismo establo donde hizo su aparición en escena el paranarcopresidente. Este otro pura sangre de la raza paisa, dejó en la conciencia de toda Colombia la peor imagen de malhechor, que aún nos causa vergüenza internacional. El muy socarrón tuvo a bien adelantarse a comprar a precio de huevo a título personal, los lotes que eran necesarios para la represa y justo, cuando se cristalizó el proyecto, este eficiente gerente tenía listo el combo completo de TODOS los lotes para que la empresa no sufriera demora en su negociación, sólo que la Empresa de Energía (llámense contribuyentes o usuarios del servicio eléctrico) pagó por ellos a precio de oro el centímetro cuadrado. Fue tanta la plata que recibió el bandido, que cuando aseguró su botín, se fue a vivir a París en el mismo sector donde sólo tienen residencia los personajes del jet set mundial y alternaba socialmente con ellos como si procediera de la misma cuna de Rainiero de Mónaco, ¡qué tal el paisa tan lobo! sólo le faltó comprarse un título nobiliario y vestirse con su elegante y exclusivo ponchito limpiamocos, carriel y sombrero aguadeño durante la ceremonia que lo convertiría en caballero de algún reino europeo.

Ahora con lo que está sucediendo en Ituango, prepárense todos a presenciar y convivir hacia el futuro por muchos años otro gran escándalo de estafa colosal, genocidio y desplazamiento anunciados, por obra y gracia de la construcción de la nueva represa. Acabamos de asistir al primer capítulo de muertos por explosión, repitiendo las enseñanzas de ese gran patricio forjador de la narcoparaquería de Antioquia “Don Pablo”, quien refinó los atentados terroristas contra civiles indefensos y les dejó el legado de derechos de autor a sus herederos que ahora nos gobiernan.


No demoraremos en oír al amado grupito del linajudo Pablo Escobar, justificando la necesidad de meternos en esta nueva Cueva de Alí Babá, anteponiendo la consabida película retro: que fueron los saqueos a la Nación provenientes del Seguro Social, de Telecom, del Banco Cafetero, etc., los más repugnantes hechos de la historia colombiana. Ningún saqueo a la Nación, por pequeño que sea se debe exculpar por ser delito aberrante y vergonzoso y todos los citados fueron efectuados con premeditación por los políticos a quienes los presidentes de turno les entregaron para su usufructo dichas entidades, pero estas fechorías vistas con el lente de la historia representan juegos de niños, frente a lo que sucedió con EL METRO DE MEDELLIN y EL GUAVIO y ahora con lo que se proyecta en ITUANGO. Francamente, debemos situar en el podio del Olimpo de la Corrupción Internacional a quienes de alguna manera hayan participado o vayan a participar en estos TRES ejemplos de lo que ojalá nunca a la humanidad se le ocurra copiar o repetir. Claro que la cosa resulta mucho más siniestra en el último proyecto, pues ya empezamos a comprobar que se le ha incorporado el pasatiempo favorito de los inspiradores de las Convivir: el holocausto cometido contra gente sencilla y trabajadora de Ituango que acaba de ser preavisada mediante el terror, que su destierro será a sangre y fuego, con el único fin de despojarlos de sus tierras ancestrales gratis o a precio de huevo. En pocos días escucharemos al José Obdulio reafirmando que los que sobrevivan al genocidio no son desplazados, como sin ningún pudor lanzó su fábula en Washington, sino ratificará su corrompido libreto magistral creado por él y su socio intelectual JJ Rendón “Nosotros no tenemos desplazados, tenemos migración en buena parte por el paramilitarismo y la guerrilla (...) esa gente se fue para ciudades y allá están como migrantes”.

Ya el salgareño emitió su sindicación favorita “fueron las far”, sin que nos presente una investigación profesional, y eso que todos los días se ufana, grita a borbotones frente a cualquier micrófono que se le atraviese y se llena la boca de orgullo diciendo que las exterminó, gracias a que pudo disponer de $6 billones anuales desde hace seis años, para lograr este propósito.

¿No será que está preparando una cortina de humo para proteger el corrompido meganegocio que se está gestando en Ituango?, pues no de otra forma se puede entender que un investigador tan eficiente y veloz para resolver este atentado cometido en las barbas de las autoridades militares y con las far derrotadas en toda la zona norte del país, aún no haya podido mostrarnos aunque sea un mínimo resultado fehaciente sobre asesinato de sindicalistas, genocidios y desplazamiento.

Y es que hay que salvaguardar los meganegocios, pues como lo acabamos de comprobar con ODINSA, constructores del nuevo aeropuerto de Bogotá, fueron ellos quienes suministraron los mayores recursos económicos para financiar la firmatón que da inicio al reality con el cual hará añicos la Constitución Política de 1991, sólo para dar paso a la tercera presidencia del feudo político-narco-paramilitar denominado Colombia.

En palabras sencillas, esta es lo que se denomina la verdadera “CONFIANZA INVERSIONISTA”

Anónimo dijo...

jajajajajaja ... Felipe ... me muero de la risa ...

No se si usted ya se dio cuenta que el periódico El Tiempo está publicando un Blog con estilo fuerte, como imitando el suyo, pero desgraciadamente defendiendo al paraco presidente Uribe.

Que horror Felipe ... sin lugar a dudas ahí están metidas las manos de Maria Isabel Rueda y Mauricio Vargas ...

Que vulgaridad de Blog

Daniela dijo...

Sobre la columna de El Espectador. Bogotá es una espinita clavada en el Corazón de Uribe. Se la jugó a fondo en la campaña por la Alcaldía y perdió. Y usted Felipe sabe que ese señor es rencoroso y vengativo.

Claro que la espinita es del tamaño de Bogotá: el 20% de la población del país, el 46% de su PIB, un presupuesto que se cuenta por billones y una frondosa burocracia para pagar favores y conciencias. Y ya sabe lo mal perdedor que es ese señor.

Anónimo dijo...

Ya vendran las declaraciones del mesias, manifestando que la CPI, es solo un roscograma y el fiscal Moreno de LA CPI es un guerrillerito vestido de civil,y como estara Jose Obdulio con su pais imaginario de impunidades cuando dice que no hay desplazamiento, ni guerrila, ni paramilitarismo ni coca, que se lo suelten a la corte penal internacional, para que sostenga tremenda desfachates, el mentor de la mentira donde gravita la maldad y el mas aberrante cinismo.

Anónimo dijo...

ESTA ES LA OPINIÓN DE UNO DE LOS MAS SERIOS INTELECTUALES DE ESTE PAIS, COLUMNA EL ESPECTADOR.

William Ospina
El asesor
Por: William Ospina
HACE CINCO AÑOS EL PRESIDENTE George Bush anunció al mundo desde lo alto de un portaaviones la victoria en la guerra de Irak y el fin del conflicto.

Tal vez inspirado por ese ilustre ejemplo, un asesor de la Presidencia de la República de Colombia ha escogido a Washington como el escenario ideal para anunciar que el conflicto colombiano ha terminado, y que ahora enfrentamos solamente los desafíos del posconflicto.

Ojalá eso no signifique que el posconflicto colombiano se va a parecer al posconflicto irakí, ya que la historia dolorosamente nos muestra que después de aquella declaración de Bush siguió lo más encarnizado, salvaje y anárquico de la guerra de Irak, y que su resultado final no es precisamente lo que Bush habría querido. Es el problema de seguir los malos ejemplos.

Aunque nada deseamos más los colombianos que el fin de la guerra y la desaparición de una guerrilla despiadada que mantiene personas cargadas de cadenas en el fondo de la selva, que sólo profesa el odio y la arbitrariedad, y que nunca ha aportado nada a la solución de los problemas de Colombia, estamos lejos de pensar que esa derrota ya haya ocurrido, y muchos creemos que una solución política será la única verdadera y permanente para este conflicto que aqueja a Colombia desde hace cuatro décadas. Pero aún si admitiéramos que la derrota militar es el único camino viable, creo que esas exultaciones triunfalistas tienen más de publicidad que de alta política.

El asesor presidencial no se ha limitado a llevar a Washington tan buenas noticias: anunció también que los tres millones de desplazados colombianos en los que las naciones ven uno de los dramas humanitarios más graves del mundo contemporáneo ni siquiera son desplazados sino apenas “migrantes”. Se diría que estuvo a punto de llamarlos turistas, pero que lo detuvo la certeza de que esos apacibles “migrantes” no lo serán por poco tiempo.

Según el asesor, Colombia ha comenzado por fin una nueva era, sin guerrilla, sin paramilitares, sin desplazados, sin asesinatos de sindicalistas, e incluso ya sin memoria de genocidios como el de la Unión Patriótica, todo un movimiento político exterminado con el argumento de que era un partido en armas contra el Estado. (En sus curiosas declaraciones el asesor niega la existencia del conflicto precisamente con el argumento de que para que el conflicto exista se requeriría que hubiera en Colombia un partido en armas contra el Estado).

Al asesor no le parece necesario esperar a que las Fuerzas Armadas terminen de derrotar a la guerrilla: siente urgencia de ir a pregonar la victoria; no le parece prudente esperar a que la justicia investigue si es verdad que los paramilitares se están rearmando o que hay bandas emergentes llenando el vacío que los paramilitares dejaron: considera oportuno ir a proclamar que nada de eso existe. Añade en tono burlón que los sindicalistas se están muriendo pero de muerte natural; y finalmente deja la impresión de que la política estatal de asistencia a los desplazados es un absurdo error dada la inexistencia del fenómeno.

Uno se pregunta cuál será el propósito de esos despropósitos. Cuesta creer que el Gobierno esté desconfiando tanto de sus propios resultados que tenga que recurrir al expediente ingenuo de cambiar informes comprobables por propaganda hiperbólica, transmitida por uno de sus voceros más parciales, por el que goza de menos credibilidad entre los círculos donde le convendría abrir camino a sus tesis.

¿Gana algo el Gobierno negando la gravedad y la urgencia de los problemas que enfrenta? ¿Calcula que esa desinformación obrará a su favor en la pugna de vísperas de las elecciones norteamericanas? ¿Tiene el candor de creer que los funcionarios estadounidenses y los congresistas demócratas que exigen resultados en la defensa del sindicalismo, a favor de las víctimas y en contra de la corrupción, ponen a depender su criterio de los propagandistas que Colombia les envíe?

Nuestros gobernantes suelen dividir al mundo exterior en dos partes: los que les creen y los que están mal informados. Cada vez que un resultado les es adverso, acostumbran desconfiar del resultado. Si las cifras de pobreza no son las esperadas, no hay que cambiar la pobreza sino las cifras; si los informes de cultivos ilícitos son adversos, no hay que cambiar la realidad de los cultivos sino a las firmas que hacen los informes; y si los gobiernos o los líderes de otros países tienen una interpretación diferente acerca de nuestros males, hasta terminan acusándolos de estar con el enemigo. Ni Sarkozy, ni Hillary Clinton ni Al Gore ni el gobierno suizo se salvan del reproche de estar mal informados, cuando no de estar aliados con los bandidos de las selvas de Colombia.

Es posible que en cinco meses el nuevo huésped de la Casa Blanca sea alguien más interesado que el actual en estos temas del paramilitarismo, el desplazamiento y la situación de los sindicalistas, y equivale a subestimarlo no ofrecerle información objetiva sino propaganda falta de sutileza.

Dado que ha habido avances reales contra la guerrilla, avances significativos contra los paramilitares, tal vez algún esfuerzo serio frente al tema del asesinato de sindicalistas y de la asistencia a los desplazados, es un error enviar vanidosas proclamas de victoria, no ratificar el compromiso del Gobierno con el tema de los sindicalistas sino negar que los problemas existan, no asumir con responsabilidad el tema del desplazamiento sino incurrir en la frivolidad de cambiarle de nombre. Un discurso tal está hecho para crear desconfianza, no sólo en la idoneidad del Gobierno para enfrentar esos problemas sino en su seriedad e incluso en su sensibilidad.

El discurso del asesor es una deplorable muestra de frivolidad y de arrogancia. Sólo le faltó decir que ya no hay coca ni narcotráfico, que ha comenzado el reino milenario. Yo soy muy escéptico de los logros de este gobierno, pero no tanto como para creer que necesite ir a decir mentiras pueriles ante auditorios de cuya inteligencia más vale no dudar.

COMENTARIO: PABLO ESCOBAR NACIO BUENO Y JOSE OBDULIO SU PRIMO LO CORROMPIO.

Anónimo dijo...

Lo de la revista Semana y la carta de Gina Parody a Iguarán, reclamando para que avancen las investigaciones sobre la Parapolítica, oscurece el panorama, pues es mucho mas trascendental continuar llamando a qienes han sido señalados por los jefes del paramilitarismo, así el cúmulo de implicados se represe. Así por ejemplo, Javier Cáceres ha sido señalado por varios cabecillas como favorecido por pactos para asignarle votantes en varias regiones, y hasta ahora no lo han llamado y la prensa lo escondió. Lo mismo puede decirse de los senadores Luis Fernando Duque Ramírez y de Oscar Suárez Mira, ambos antioqueños y compinches, nada que los llaman, no obstante conocerse públicamente de sus entronques. Además están desaparecidos de los medios.

Anónimo dijo...

Ya se les va a acabar la distracción de los Olímpicos, ahora están atacando a Samuel Moreno,POR TODOS LADOS me pregunto que vendrá.
a Yidis la van a matar, y qué pasa con los otros del coehecho léase EL SALGAREñO, PALACITO Y PRETELITO.
El salgareño ahora salió con otra perla QUE EL TAMBIEN HACE LA ROSCOMERITROCRACIA pero como lo admite entonces perdonémoslo y eso sí reelijamoslo (Nota: no han observado como levanta las cejas y hace una leve mueca en la boca cuando dice mentiras o soy yo el único que ve ésto?)

Rin Rin Renacuajo dijo...

Roscograma básico del Cartel de Medellín ahora en su nueva sede de la Casa de Narquiño

rin rin renacuajo dijo...

Sí por lo menos quince millones de ciudadanos colombianos pidiésemos refugio politico en la República Bolivariana de Venezuela, estaríamos aportando un granito de arena para acabar de una vez con todas con narcomafiosa Repúbliqueta Uribérrima de Colombia

¿Quién se anota?

Anónimo dijo...

Es lamentable comprobar que EL
ESPECTADOR ANDA EMBARCADO EN EL NARCOURIBISMO.Su director Fidel
Cano Correa y sus investigadores
suelen hablar de pelea entre la
corte y el presidente mafioso.
Ninguna pelea.Se trata de que la
sala penal de la corte está
cumpliendo con sus funciones
constitucionales y el presidente
Uribe se está atravesando.Y se
está atravesando por una razón
tan sencilla como oscura:porque
están en peligro de ser condenados
sus amigos y aliados y porque
finalmente el mismo salgareño
será consagrado como el hombre
clave del paramilitarismo.

Anónimo dijo...

Es lamentable comprobar que EL
ESPECTADOR ANDA EMBARCADO EN EL NARCOURIBISMO.Su director Fidel
Cano Correa y sus investigadores
suelen hablar de pelea entre la
corte y el presidente mafioso.
Ninguna pelea.Se trata de que la
sala penal de la corte está
cumpliendo con sus funciones
constitucionales y el presidente
Uribe se está atravesando.Y se
está atravesando por una razón
tan sencilla como oscura:porque
están en peligro de ser condenados
sus amigos y aliados y porque
finalmente el mismo salgareño
será consagrado como el hombre
clave del paramilitarismo.

rin rin renacuajo dijo...

EXITO han tenido los atentados a los almacenes de CARREFOUR

Anónimo dijo...

El senador Gómez Gallo resultó
gallina.¿O NO DOCTORA zULEMA?

Anónimo dijo...

El senador Gómez Gallo resultó
gallina.¿O NO DOCTORA zULEMA?

Anónimo dijo...

eL SENADOR gOMEZ gALLO CACAREA.

Anónimo dijo...

fELIPE,APROVECHANDO TU PRESENCIA
TE SOLICITO QUE LE PREGUNTES A
SABAS PRETELT DE LA VEGA CUÁNTOS MILLONES DE PESOS MENSUALES LE
PAGABA O LE PAGA EL NOTARIO O EXNOTARIO ABELARDO DE LA ESPRIELLA
JURIS POR HABERLE "CONSEGUIDO" UNA
IMPORTANTE Y RENTABLE NOTARÍA EN
BOGOTÁ.

Anónimo dijo...

eSTE DE LA ESPRIELLA JURIS ES EL
PADRE DEL ABOGADO DE LA PARAPOLÍTICA DE LA ESPRIELLA OTERO,
TAN ÍNTIMO DE MANCUSO,URIBE ALVARO,
URIBE MARIO Y EL SEUDO FISCAL
IGUARÁN,CON QUIEN COMPARTE SUS
HONORARIOS PROFESIONALES.

Anónimo dijo...

LA CORTE SUPREMA PONE A RAYA AL URIBISMO
La justicia, última frontera institucional


Ante un alud ‘coincidente’ de ataques y críticas desde distintos sectores, los magistrados levantaron su voz y pusieron los puntos sobre las íes sobre el proceso de la parapolítica. No sólo rechazaron el asedio de sindicados y Ejecutivo, sino que advirtieron que denunciaran a nivel externo esos atropellos. En medio de ello, la Corte Penal Internacional entró en escena y le dio un campanazo de alerta al Gobierno

EL PAÍS está en medio de un choque institucional de graves dimensiones. Reducir lo ocurrido en la última semana entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia a un nuevo capítulo del desgastado ‘choque de trenes’ no sólo resulta ajeno a la realidad, sino que impide valorar en su justa dimensión lo difícil que será buscar un punto de distensión entre las partes.

Dado el alud de hechos en los últimos días, la mejor manera de hacer una radiografía de la coyuntura es diferenciar los distintos escenarios que se presentaron y cómo éstos dieron lugar a otros, configurando poco a poco una situación de crisis que, sin duda, es la más grave del último año, superando con creces lo registrado en otros graves roces entre la Casa de Nariño y el máximo tribunal de la justicia ordinaria en el país.

¿Cómo se llegó en cuestión de pocos días a esta situación? La respuesta es muy fácil: si bien desde hace varios meses los ataques a la rama judicial, y en especial a la Corte Suprema, se venían multiplicando debido al alud de afectados que día tras día arrastra el escándalo de la parapolítica, nunca como en la última semana los señalamientos contra los magistrados habían coincidido en tiempo y gravedad, pese a provenir desde distintos frentes.

En otras palabras, si bien desde que inició la judicialización de las relaciones criminales entre dirigentes políticos y grupos de autodefensa la Corte ha sido blanco de múltiples intentos por frenar o boicotear sus investigaciones, en ninguna de esas ocasiones fue tan evidente que los ataques podían estar siendo coordinados u orquestados.

Las ‘coincidencias’

Y es que una revisión rápida de lo sucedido en la última semana no puede más que despertar dudas en torno a si todo lo que pasó fue mera coincidencia.

Por ejemplo, pese a que hace apenas dos semanas la Fiscalía había advertido que el magistrado auxiliar de la Sala Penal, Iván Velásquez, no había estado detrás de ningún complot para tratar de convencer a un paramilitar desmovilizado de que acusara de un delito grave al presidente Uribe, e incluso se aclaró que lo que hubo fue un intento por desprestigiar al funcionario judicial para sabotear el proceso de la parapolítica, que incluyó incluso un engaño al propio Jefe de Estado, el fin de semana pasado se conocieron nuevos señalamientos contra el jurista que es considerado el motor de toda esta causa judicial.

¿Coincidencia? Puede ser, pero lo cierto es que no deja de ser extraño que el mismo fin de semana el ex senador y una senadora que tienen investigaciones pendientes por parapolítica hayan salido al tiempo a señalar presuntas actuaciones ilegales de Velásquez, acusándolo no sólo de maniobrar expedientes secretos, sino también de direccionar las diligencias en contra de los sindicados e incluso ofrecer pactos espureos a testigos para asegurarse de que declararían en contra de congresistas.

A la par de esos señalamientos, que incluso llevaron a Velásquez a pensar en la posibilidad de renunciar, también se empezaron a ventilar, coincidencialmente, versiones sobre supuestas divisiones al interior de la Sala Penal y de la propia Corte Suprema, todas relacionadas con presuntas divergencias en torno al manejo dado al proceso de la parapolítica.

Ahora, también puede que sea una coincidencia, pero no deja de llamar la atención que paralelamente a esas denuncias contra Velásquez, el propio presidente Uribe dijera que tenía información de que algunos sectores de la justicia estarían pidiéndole dinero a un congresista investigado para no acusarlo. El Jefe de Estado no precisó el nombre del parlamentario en cuestión y apenas se limitó a decir que éste no se arriesgaba a denunciar la situación por la manera “sutil” en que le habrían insinuado la posibilidad de un soborno.

Incluso, puede que haya sido apenas una coincidencia el que el mismo Uribe haya señalado a los senadores de la oposición Gustavo Petro y Piedad Córdoba de estar manipulando testigos en contra de los congresistas investigados.

Otra de las coincidencias de la última semana fue que la decisión de la Fiscalía de precluir la investigación contra el ex senador Luis Humberto Gómez Gallo y ordenar su excarcelación, haya motivado una especie de ‘rebelión’ de buena parte de los investigados por parapolítica así como de parlamentarios uribistas que denunciaron la existencia de una especie de “cartel de testigos” que se dedicaba a acusar a senadores y representantes, llevando a los magistrados a “girar” a priori órdenes de captura injustas.

También puede ser coincidencia que a la par de todos esos hechos, en la Casa de Nariño se haya acelerado esta semana el estudio de los borradores de las reformas judicial y política y que, en uno y otro caso, se contemplen reformas a la Corte Suprema de Justicia, recorte de las facultades a los magistrados, flexibilidad en los castigos por pérdida de investidura parlamentaria, variaciones en la jurisdicción disciplinaria que investiga a los congresistas e, incluso, propuestas temerarias para que los senadores y representantes que hoy están procesados por parapolítica puedan saltarse los impedimentos y apoyar todos esos cambios al sistema político y electoral.

Y en medio de todo ello también puede ser coincidencia que el presidente Uribe haya dicho que se debía acabar con el “roscograma” judicial, refiriéndose a la forma en que familiares de los magistrados están trabajando en la Fiscalía, la Procuraduría y otras instancias judiciales.

Igual puede resultar apenas una coincidencia que en esta misma semana se hayan multiplicado las presiones y llamados a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía para que aceleren los procesos a los sindicados de nexos con las Farc, entre quienes están varios connotados líderes de la oposición.

Incluso, el hecho de que la reactivación de las diligencias por la llamada “yidispolítica”, que investiga la responsabilidad gubernamental en los sobornos a parlamentarios en junio de 2004 para aprobar la reforma constitucional que viabilizó la primera reelección presidencial, haya dado pie a no pocos voceros uribistas a decir que tanto estas pesquisas como las de la parapolítica se están sobredimensionando con el único fin de atravesársele a la posibilidad de un tercer periodo del Jefe de Estado, precisamente ahora que la Registraduría empezó a revisar los cinco millones de firmas que respaldan la convocatoria de un referendo que permita una segunda reelección.

El muro judicial

Sin embargo, tanto para la Sala Penal como la Corte Suprema de Justicia, ese alud de hechos no parecen coincidenciales. Es más, no descartan que se trate de situaciones orquestadas y coordinadas.

Al comienzo de la semana la Sala Penal salió en defensa del magistrado Velásquez y tanto el pleno de los magistrados como el propio jurista rechazaron todos los señalamientos en su contra. Paso a paso explicaron que no hay expediente secreto alguno y que todas las diligencias de recolección de pruebas y entrevistas a testigos son vigiladas por la Procuraduría.

Tampoco ocultaron que el alud de denuncias de presuntas prácticas anómalas de los magistrados buscaban deslegitimarlos con el fin de quitarle piso a las investigaciones sobre las alianzas entre paras y políticos.

Pero el plato fuerte de la defensa del alto tribunal se dio el jueves. Ese día en menos de cinco horas produjeron los que bien se pueden considerar los dos pronunciamientos más duros de los últimos meses.
La primera en salir a poner los puntos sobre las íes fue la Sala Penal y con un escrito titulado “La verdad bajo la niebla” replicó una a una todas las críticas. Aunque no dio nombres propios, en cada párrafo era fácil reconocer a quién o qué situación se referían.

En clara alusión a columnistas y al alud de versiones de prensa que tratan de poner en duda la transparencia de la Sala Penal, los magistrados exigieron que se ofreciera una información veraz, e imparcial.

Letra seguida, los juristas calificaron algunas de esas informaciones como “malintencionados rumores” y precisaron que no existía ruptura ni división en la Sala Penal. Explicaron que los salvamentos de voto son divergencias naturales en los procesos y no por ello se puede concluir que hay grandes contradicciones. Y de paso dieron a entender que la mayoría de las decisiones sobre parapolítica se han tomado de manera unánime.

Luego, en clara referencia a casos como los de Gómez Gallo o el también excarcelado senador Luis Fernando Velasco, los magistrados aclararon que en los procesos el cambio o revocatoria de la medida de aseguramiento o la modificación eventual de la calificación de la conducta, es sin duda un evento usual.

Fue evidente que la intención aquí era advertir que el hecho de que un sindicado sea excarcelado o se le cambien los delitos imputados, no implica que hubo ligereza en la expedición de las órdenes de captura o la apertura de investigación preliminar.

Frente a las presiones y afanes desde algunos sectores gubernamentales y uribistas para que empiecen los encarcelamientos de los sindicados por relaciones criminales con las Farc, la Sala Penal refutó que las investigaciones avanzan normalmente y que los críticos deben entender que, al igual que la parapolítica, que lleva dos años de pesquisas, esclarecer los nexos con la guerrilla también es una causa compleja.

Los magistrados también le salieron al paso a los señalamientos sobre posibles delitos en que algunos de ellos habrían incurrido. No solo manifestaron estar dispuestos a ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, sino que, de paso, exigieron que las denuncias sean concretadas.

Los nueve integrantes de la Sala Penal recalcaron que pese a la intención de algunos sectores de deformar la realidad sobre las actuaciones de la Corte, las investigaciones sobre los delitos cometidos por funcionarios con fuero no se frenarían.

Una sola voz

Pero si esa primera réplica era ya de por sí dura y enfática, un segundo pronunciamiento, esta vez no de la Sala Penal, sino del pleno de la Corte Suprema evidenció el grado sumo de la molestia del alto tribunal por el alud ‘coincidente’ de críticas y cortapisas a la labor de los magistrados.

El primer párrafo del comunicado fue, para muchos analistas, un tiro directo al gobierno y al propio presidente Uribe. “A ningún ciudadano, por afectado o mortificado que se encuentre por causa de las decisiones que adopten los Jueces de la República y que recaigan sobre sus parientes, amigos, correligionarios o, en fin, respecto de personas con las que compartan un mismo ideario, le está permitido propagar infundios o aseveraciones tendenciosas enderezadas únicamente a desprestigiarlos”.

Al mismo tiempo, la Corte exigió que se concretaran y formalizaran las denuncias en contra de sus integrantes, dando a entender que no se podían estar haciendo señalamientos mediáticos sin presentar las pruebas de los presuntos ilícitos.
Dicho ello, el pleno de los magistrados denunció que los ataques al alto tribunal no son aislados sino que hacen parte de una estrategia pensada.

“La Corte ve con preocupación cómo de manera recurrente, sistemática e inclusive, orquestada se deslizan malintencionada y engañosamente comentarios malsanos, orientados exclusivamente a deslegitimar las investigaciones de los servidores judiciales o a minar su credibilidad. Y lo más grave de todo esto es que, esas maquinaciones hacen eco o son difundidas por personas que por su investidura están llamadas, como ninguna otra, a cooperar con los jueces, a respaldar sus determinaciones y a velar porque éstas se cumplan, a riesgo de que toda la institucionalidad democrática del país naufrague”, advirtieron los magistrados.

Precisado todo lo anterior, la Corte no dudó en señalar a altos funcionarios del Estado como los responsables de las “agresiones de todo tipo” y exigió de ellos apego y acatamiento a sus decisiones que, reiteró, respetan el debido proceso y están vigiladas por entes nacionales e internacionales.

Pero la réplica no se quedó allí. De un lado, el alto tribunal solicitó a la Procuraduría investigar a los funcionarios que irrespetan a los magistrados y jueces. Por otra parte, anunció que pondrá en conocimiento de los órganos internacionales competentes “las interferencias que se vienen presentando por parte de otros poderes del Estado, que dificultan el cumplimiento de sus deberes constitucionales y de los convenios internacionales”.

Tiro al aire

Pero si por el lado de los ataques a la Corte Suprema de Justicia relacionados con el manejo puntual del proceso de la parapolítica, los críticos recibieron una dura respuesta de los magistrados, en la controversia sobre el llamado “roscograma judicial” al Gobierno le salió más cara esa afirmación.

En la Corte Suprema, por ejemplo, se advirtió que sus integrantes estaban plenamente de acuerdo en que se investiguen las prácticas clientelistas, pero no sólo en la rama judicial sino en toda la administración pública.

Esa misma postura fue reiterada por el procurador Edgardo Maya, quien, además, calificó como una exageración hablar de “roscograma” y recordó que funcionarios del Ejecutivo tienen familiares en la diplomacia y las otras ramas del poder público, sin que ello sea ya de por sí ilegal o antiético.

De paso el jefe del Ministerio Público criticó el hecho de que tras cada reunión en la Casa de Nariño para hablar sobre las reformas política o judicial, salieran propuestas y contrapropuestas pero todavía no existe un borrador definitivo de las iniciativas.

El fiscal general Mario Iguarán tampoco se quedó atrás en sus críticas a la tesis del presunto carrusel burocrático en la rama judicial. Dijo que “el antídoto para lo que se llama el ‘roscograma', en cualquier institución, no sólo en la Rama Judicial, es el concurso de méritos”.
Tampoco se ahorró una crítica en torno a algunas reformas que proponen la selección de funcionarios sin la injerencia de otras ramas del Poder Público. “Veo demasiado contradictorio que se esté reflexionando y proponiendo algo para acabar los ‘roscogramas', no sólo en la Rama Judicial , sino en todos los órganos del Poder Público, y a renglón seguido se propongan figuras como la cooptación”, indicó.

Obviamente, cuando se empezó a hablar de que debía prohibirse que los familiares de cualquier integrante de las ramas del poder público pudiera estar también en un cargo oficial, tanto al Ejecutivo como a los congresistas se les bajó el impulso a la propuesta y, al final, lo que inicialmente se evidenció como un ataque indirecto a la Corte Suprema terminó en propuestas intermedias de reglamentar este tipo de situaciones.

Verdad vs. Extradición

Pero el manejo puntual de los procesos de parapolítica y el llamado “roscograma judicial” no fueron los únicos puntos de choque institucional esta semana entre el Gobierno y la Corte Suprema. También estuvo presente el relativo a la extradición de los cabecillas paramilitares a Estados Unidos y la forma en que ese hecho afectó los procesos de Justicia y Paz, así como la judicialización de los nexos de las autodefensas con dirigentes políticos.

Este tema quedó inmerso en toda esta polémica desde el miércoles. Ese día, después de varias semanas de insistencia de la Corte, por fin el Ejecutivo respondió los requerimientos del alto tribunal en torno a las razones que tuvo para entregar a la justicia estadounidense a 13 cabecillas paras en mayo pasado y por qué éstos seguían en la Ley de Justicia y Paz si, se infería, fueron extraditados precisamente porque, pese a estar desmovilizados y presos, siguieron delinquiendo.
La respuesta del Ejecutivo, que inicialmente fue privada pero luego se publicó en medio de todo el pico de tensión, no colmó las expectativas de los magistrados.

Según el Gobierno, todas esas extradiciones tuvieron concepto previo y favorable de la Sala Penal. Si bien aceptó que los cabecillas de las autodefensas no venían cumpliendo “en su totalidad” los compromisos de no reincidir y colaborar con la Ley de Justicia y Paz, y por eso fueron entregados a las autoridades norteamericanas, al final el Ejecutivo precisó que la permanencia o no de los sindicados en la jurisdicción especial de paz quedaba en mano de los jueces colombianos. A la par de ello, reiteró que hay un acuerdo con Washington para mantener “la más amplia cooperación judicial y la destinación de los bienes involucrados en los acuerdos que se llegaren a celebrar en ese país, para la reparación de las víctimas”.
Sin embargo, el jueves la Sala Penal dejó en evidencia su inconformismo con esa respuesta gubernamental.

En primer lugar dijo que si bien la Corte venía cumpliendo con el visto bueno a la extradición cuando se cumplían los requisitos legales, “situación distinta es que, en ponderación de derechos en conflicto, se haya condicionado a favor de las víctimas, privilegiando los valores de verdad, justicia y reparación que a ellas como a la generalidad del conglomerado social debe dispensarse. En esa aspiración la entrega de connacionales al Estado requirente puede operar, en tanto se garantice la satisfacción plena de tan caros principios”.

Pese a que ya conocían una primera respuesta del Ejecutivo, la Sala Penal reiteró que en dos oportunidades había solicitado al Presidente de la República precisar las razones que determinaron la extradición “de un significativo número de violadores del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, dado que tal determinación puso en riesgo las garantías para la continuación de la investigación y juzgamiento por las macro vulneraciones cometidas en Colombia y la colaboración eficaz con la justicia en aquellos asuntos de la llamada parapolítica a los que concurren como testigos”.

Bajo esa tesis, los magistrados insistieron en que mientras no se dieran esas respuestas claras las autoridades judiciales no podían decidir sobre la exclusión o no de los sindicados de la Ley de Justicia y Paz, con todo lo que ello implica.

La CPI a escena

Si bien quedó en evidencia que la Sala Penal consideró insuficientes las explicaciones del Gobierno en torno a la motivación de la extradición de los paras, este pulso hubiera quedado en las mismas tablas que está desde hace varias semanas, de no ser por un hecho tan sorpresivo como importante: la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).

En efecto, el viernes pasado EL NUEVO SIGLO reveló, en exclusiva, una carta que el fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno, le envió al gobierno Uribe el 18 de junio pasado, por intermedio del embajador de Colombia en la Haya, Francisco José Lloreda.
En la misiva, Moreno recuerda que su “oficina se encuentra analizando a situación colombiana a la luz del Estatuto de Roma”, ratificado por nuestro país.

También hace alusión a que en octubre de 2007 estuvo en Bogotá analizando “los procesos criminales pendientes a los máximos responsables de crímenes bajo la competencia de esta Corte” y que el 30 de mayo pasado se había acordado lo importante que era para la CPI recibir información sobre esos casos.
Si ya de por sí era grave conocer que esa corte internacional “analizaba” la situación colombiana, más sorpresa causó el saber que Moreno se interesaba directamente en la extradición de los jefes paras a EU y la forma en que el gobierno Uribe explicaba esa situación a la OEA y la reunión sostenida por los fiscales generales de Colombia y Estados Unidos al respecto.

Pero lo más grave fue la pregunta que hiciera Moreno al gobierno Uribe: “¿Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados? En particular, me gustaría saber si las investigaciones seguidas hasta la fecha indican la comisión de conductas penadas por el Estatuto de Roma y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados políticos”.

Obviamente el revelar que la CPI quiere saber cómo se garantizará que los cabecillas paras respondan por sus crímenes de lesa humanidad en Colombia y que también pida conocer si los congresistas investigados por parapolítica pudieron tener algún tipo de complicidad en los mismos, es una situación de muchas implicaciones, que prácticamente pone al país en la antesala del estatus de la antigua Yugoslavia o de Sudán, en donde ese alto tribunal investiga y procesa a criminales de la talla del recién capturado Karadzic.

Y no menos preocupante resulta el hecho de que la CPI pregunte cómo avanzan los procesos, si los delitos juzgados pudieran ser competencia del Estatuto de Roma y cómo la extradición pudo haberse atravesado en la investigación de las alianzas entre paramilitares y políticos.

En otras palabras, ahora la Casa de Nariño no sólo tiene que dar explicaciones a la justicia nacional, en cabeza de la Corte Suprema, sino también a la justicia internacional, en donde el riesgo de una investigación al gobierno colombiano por no garantizar el castigo efectivo de las graves violaciones de derechos humanos o por aplicar la llamada “justicia aparente” es un riesgo latente.
Y aunque Moreno remató su carta diciendo que “al día de hoy no se ha tomado ninguna decisión en relación con la apertura de una investigación”, sí reitera que “la situación continúa bajo análisis por mi Oficina”.

Como se ve, lo que empezó el fin de semana pasado como un alud de ataques a la Corte Suprema de Justicia por cuenta de sus investigaciones de la parapolítica, termina siete días después no sólo en la peor crisis de los últimos tiempos entre el alto tribunal y el Ejecutivo, sino con la justicia internacional advirtiendo que no permitirá que los culpables de los delitos de lesa humanidad, por más extraditados que estén, queden en la impunidad, como tampoco sus posibles cómplices en la dirigencia política.

Peor no pudo ser la semana para el Gobierno Uribe. Sus actitudes desafiantes y la costumbre de arrasar todo lo que se le opone, terminaron estrellándose contra la majestad de las cortes judiciales, que hoy por hoy se erigen como la última frontera institucional que se resiste a los embates macartizantes del uribismo, que parece no dudar en catalogar de enemigo a todo lo que contrarié sus designios y posturas.

La crisis es de tal magnitud que opacó el eco de la segunda etapa de la causa re-reeleccionista y ya preocupa hondamente a las firmas calificadoras de riesgo de inversión en Colombia, que ven como existe un ataque frontal contra la rama judicial. Hasta el momento, ésta última, cual muro, ha resistido. En otras palabras, en la Casa de Nariño bien pueden estar diciendo con la justicia topamos…