La pobreza, un "crimen" que se paga con la muerte. Un documental de Felipe Zuleta

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jueves, 9 de octubre de 2008

Siguen mas

Ya lo ven ustedes. Ahora quedó probado que el Senador Ciro Ramírez tenía vínculos con los narcoparamilitares.

Se acuerdan quien es esta joyita? Pues ni más ni menos que el congresista que promovió y empujo la reforma del articulito de la Carta Magna que autorizó la reelección ilegal del don Álvaro.

Razón le asiste a Piedad Córdoba cuando sostiene que "todos los caminos del paramilitarismo conducen a Uribe.

Párenle bolas al informe de la unidad de derechos humanos de la fiscalía donde se detalla la cantidad de ciudadanos asesinados por las FFMM durante los 6 años de este gobierno, Debe ser que Iguarán trabaja para la guerrilla. (Eso debe estar diciendo el primo de Pablo que trabaja en la Casa de Nari).

62 comentarios:

Dirty dijo...

McCain also farts.

Smell him!

Anónimo dijo...

Felipe si no fuera por usted y los amigos blogistas no estaríamos enterados de lo que pasa en este país.

Es increíble la corrupción de este gobierno, quien además se las dá de moralista.

Ahora con que noticia nacional nos saldrán para seguir con el tapen tapen.

Anónimo dijo...

Gobierno corrupto

Salgareño corrupto

Congresistas uribistas corruptos

Y tengo una pregunta de los otros del COHECHO qué?

Anónimo dijo...

Para el forista que deifnede el respeto a la manda de traquetos del gobierno. Lea historia hijo mio.

"A la sombra de este problema se desarrolló un sistema de corrupción y de abusos en casi todos los ramos del servicio público. Por todo ello, se consideró que era necesario el derrocamiento del presidente Sanclemente. Este movimiento fue duramente criticado por Miguel Antonio Caro, Marco Fidel Suárez, Carlos E. Restrepo y otros; pero así mismo, fue alabado por políticos liberales, entre ellos Luis López de Mesa, quien proclamó el derecho que tiene el pueblo para volver por los fueros de un buen gobierno. El presidente José Manuel Marroquín no cumplió lo prometido con los jefes liberales, por lo cual la guerra civil de los Mil Días continuó hasta 1902. "

Es completamente inalienable el derecho y es mas, es UN DEBER, de los pueblos en alzarse cuando un gobierno espureo y despota empieza a limitar sus libertades, coartar sus acciones y disminuir su nivel de vida.

Anónimo dijo...

Que dolor!!!!!

La impunidad, la injusticia, la ignorancia reinan en Colombia.

Anónimo dijo...

Colombia ya por siempre dividida entre quienes son complacientes con los crímenes contra los pobres y quienes resisten al exterminio.

Anónimo dijo...

Colombia se conviertió en algo peor que una cloaca.

El gobierno es una cueva de delincuentes, y por eso nos tratan como tal en el exterior.

Empezando por el gerente de la cueva y sus séquitos.

Nos miran como bandidos, porque esa es la imágen que transmitimos, y con justa razón

No ve que el 84% apoya el estatus quo!

Anónimo dijo...

Arriba el paro judicial!!!

La exigencia de los funcionarios de la rama judicial es justa, lo que ellos pretenden es que se nivelen sus salarios.

Otrora le aumentaron los sueldos a magistrados de Tribunales y Corte, basado en el derecho a la igualdad deben, por que así lo exige la Constitución, también elevarles los sueldos a los empleados de base.

Hay empleados, como los notificadores, que se ganan 600 mil pesos mensuales, después de los descuentos.

Quien carajo vive con ese mísero sueldo.

Arriba el paro Judicial, así como el de los Cortadores de caña.

Anónimo dijo...

Felipe y amigos,

No me sorprende que los amigos y más cercanos colaboradores del señor narcopresidente resulten involucrados en crimenes...

Tampoco me sorprendería que buscaran alguna coartada para que CIRO RAMIREZ quede libre, como ya ha sucedido con NOGUERA; el primo del señor narcopresidente, el señor GOMEZ GALLO...,

Anónimo dijo...

Felipe lo felicito ... Ahora tenemos que estar atentos, porque es el Ministro de la Defensa, JUAN MANUEL SANTOS el candidato que reemplazará al ciudadano UIRBE dizque para cotinuar con la política de Seguridad Democrática ...

Que debe mas bien ser POLITICA DE SEGURIDAD PARAURIBIATICA ...

Anónimo dijo...

Esta joyita como usted muy bien dice doctor Felipe, tiene magistrado en el consejo inferior de la judicatura, este HP (honorable parlamentario) con una tutela tumba también el fallo de cualquier juez.

Anónimo dijo...

La Captura De La Judicatura

Quizá la institución más importante para mantener la independencia interna y funcional de la rama judicial es el Consejo Superior de la Judicatura. Su Sala Administrativa administra el presupuesto y funcionamiento de la rama. La Sala Disciplinaria evalúa la gestión de los despachos judiciales, actúa como instancia disciplinaria de todos los abogados y jueces del país y dirime los conflictos de competencias entre diferentes jurisdicciones. También resuelve, en segunda instancia, los fallos contra sentencias de otras altas cortes. Por todas esas funciones, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es la columna vertebral de la independencia y funcionamiento de la Rama Judicial.

La Constitución del 91 previó que el Presidente de la República ternaría los candidatos para conformar esa Sala y la elección final la haría el Congreso de la República. El propósito del diseño constitucional era que nunca un mismo Presidente pudiera ternar a más de dos de los siete magistrados de la Sala. El presidente Uribe, como en tantas otras materias, se dio maña de torcer la Constitución y colocar cinco magistrados. Próximamente ubicará dos más y completará la captura total de la Sala Disciplinaria. Ahora será el Presidente –no unos jueces independientes del Gobierno– el que tendrá la potestad de sancionar a cualquier juez o abogado, del que no le gusten sus decisiones. También podrá resolver las tutelas que le lleguen, según su conveniencia. Para la muestra, la tutela que le ordena a la Corte Suprema borrar del cohecho de la reelección al Ministro de la Protección.

El Presidente sabía que si postulaba a unos abogados serios de la carrera judicial corría el riesgo de no poder capturar la Sala. Por eso, puso en marcha una piñata politiquera a la que convidó a partidos de su coalición y les dio total autonomía para que cada uno armara su propia terna sorpresa de mercachifles confiables. Para no correr ningún riesgo, el Presidente les dio guiños bonus para que cada partido les dijera explícitamente, a él y a los demás partidos de la coalición, cuál de los tres era el ternado de su predilección. El ungido era protocolariamente aprobado a pupitrazo en el Congreso y luego reverentemente posesionado en la Casa de Nari. Así se consumó la captura de la Judicatura. La siguiente piñata será para la Corte Constitucional.

Los partidos uribistas, metidos hasta el cuello con la politiquería y la criminalidad, se lucieron para escoger los jueces de sus intereses. Los reductos internos que clamaban por una selección decente fueron rápidamente expulsados de la piñata. La rapiña fue hábilmente ganada por lo más reputado de cada secta partidista. El primer ganador fue el congresista Luis Fernando Almario, investigado por vínculos con paramilitarismo, Farc, narcotráfico y corrupción administrativa. Ese dechado de virtudes fue el promotor del hoy “magistrado” Angelino Lizcano. Aunque para ser justos, hay que aclarar que el señor Lizcano no le debe el puestico a su ex jefe Almario, sino que se lo ganó a pulso en sus años como Secretario General de ese otro dechado de virtudes que es el Senado de la República.

Como recomendado de Colombia Democrática en general y de Mario Uribe, en particular, llegó el “magistrado” Ovidio Claros, cuya oscura trayectoria personal y pública es antónimo de su nombre. También llegó el “magistrado” Pedro Sanabria, otra cuota judicial del ex senador Ciro Ramírez, que, según testigos de su actual proceso judicial, cobraba sus favores políticos y judiciales en cuotas de participación en los cargamentos de cocaína de los narcos y paramilitares a los que les hacía vueltas.

Nada menos que ese espectáculo ‘mafiosongo’ era lo que podía esperarse de la piñatización que Uribe y su gavilla partidista hicieron de la facultad que la Constitución les otorgó al Presidente y al Congreso. Desafortunadamente, la Constitución no podía prever la clase de Presidente y Congreso que ejercerían tal facultad

Publicación eltiempo.com Sección Editorial - opinión Fecha de publicación 7 de octubre de 2008

Anónimo dijo...

A propósito de ciro ramirez, esto lo comenta Anpipe En EL ESPECTADOR, al pie de la noticia del llamamiento a juicio.

"OJO! Que de paso inevstiguen la relación tan directa de este señor con el rector de la Universidad Pedagógica Nacional Oscar Ibarra (el mismo que no fue capaz de dar la cara y prefirió salirse por una ventana). Este rector tiene a media familia Ramirez en su adminitración...... casualmente la universidad se encuentra en déficit presupuestal de mas de 8000 millones sin contar con la cifra de 23000 milloes de superávit con que contaba el claustro."

Anónimo dijo...

Y esto dijo Carlos Jose al pie de la Noticia en el Espectador:

"Quién más podría ser el gestor de la primera reelección del mesias sino Ciro Ramírez , un sujeto de las calidades éticas y morales de ese malandrín; ahora quien está haciendo la misma labor con otra forma es nada menos que Luis Guillermo Giraldo, con un prontuario que en cualquier país medio decente no podría ni hacer política, ¿o fue que ya se nos olvidó que ni siquiera se pudo posesionar como ministro hace unos pocos años? De esa clase de personajes es que está rodeado el Fhürer de narcolandia.

Anónimo dijo...

Ciro Ramírez, se encuentra en La Picota por cuenta de la parapolítica y sus relaciones con narcotraficantes como alias 'Mi Sangre' y Gilberto Saavedra, alias el 'Doctor'. La cuerda de Ramirez en el roscograma de la Justicia se extiende hasta el Consejo Superior de la Judicatura, donde tiene a Pedro Alonso Sanabria (quien fuera segundo en una lista a la Cámara encabezada por Rafael Flechas, dueño de una finca en la que en su momento acordaron reunirse Ciro Ramírez con alias 'Mi Sangre' .) Ciro Ramirez ya tenía serviciales amigos en esa misma institución y en el Consejo de Estado, además de las cuotas que mantiene con sus anfitriones del Inpec, y que incluyen a su propio hermano. Jorge, el hermano de Rafael Flechas, fue también, hasta hace unas semanas, magistrado del CS de la J.

Anónimo dijo...

Ojalá no le toque a Mendocita en la segunda Instancia, de seguro va providenciar que las pruebas no son suficientes y que la investigación no está completa.

Líbranos señor del Fiscalito Mendoza

Anónimo dijo...

Ahora pretende uribe enfrentar el paro judicial como enfrenta una subversión, por Dios señor, estos funcionarios lo único que pretenden es que le suban su mísero sueldo.

No tienen otra intención, tener una mejor calidad de vida, pero parace ser que para el salgareño solo los mafiosos de la casa de nari, y sus amigos para, son los que tienen mejor derecho.

Exhorto a uribe a renunciar a sus propiedades (finca Uberrimo etc.) y que solo viva con el sueldo de presi, y verá que no le alcanza, eso sí sin meterse con el diez por ciento del serrucho.

Anónimo dijo...

De los 14 paras exportados a EE UU, todos amigos del salgareño, ya condenaron a dos a penas no concordantes con la sangre que han derramado esos asesinos.

Y que se advierta que en EE UU, te condenan a 20 años y terminas pagando cinco.

Que verguenza y pesar con las familias de los desmembrados vivos por las sierras eléctricas.

Anónimo dijo...

En estos momentos los únicos que están haciendo una valerosa desobediencia civil al dr. varito son los empleados de la Rama Judicial y los Cortadores de Caña.

Les juro que admiro, vg. a ese señor Hernández que no se dejó amedrentar por el príncipe.

Este pensó que con invitarlo a la casa de nari lo iba a ablandar, pero se equivó.

Adelante el paro judicial y de los Cortadores de Caña

Anónimo dijo...

Estimado Felipe y bloggistas, ya comenzoeste narco gobierno con las cortinas dehumo, el comisionado deguerra,anuncio que el Sr liscano esta muy enfermo y que el gobierno le solicita a la guerrilla que lo entrege, que el caballista esta dispuesto a ceder, para que lo liberen,,,parece que comienza otra operacion jaque111111111111

Anónimo dijo...

Ojo Felipe, parece que la decision del Consejo de Estado que afecta a la Defensoría del Pueblo, tiene que ver con una retaliacion del primo de Pablito, por las denuncias de abril relacionadas con las desapariciones forzadas en Soacha,OJO

Anónimo dijo...

Falta una perla más, el nuevo magistrado del Consejo Inferior de la Judicatura, Pedrito Sanabria es cuota de Ciro, fue candidato a la gobernación de Boyacá y ahora va a ser una de las fichas que decidirán las tutelas para el desmonte de la YIDISPOLITICA, ahh que vaina

Anónimo dijo...

¿MASACRE EN EL UBÉRRIMO EN 1984?

el salgareño honrao dijo...

Viendo a McCain en el video en el que habla por detrás -lo hace mejor por ahí- se observa su inmenso parecido con el coronel Anibal Smith el de Los Magníficos (A-Team).

Si se explota esa imagen junto con Mario Barackus y su combo, es fácil que el pueblo norteamericano -que confunde la ficción con la realidad como aquí- ganará las elecciones sin necesidad de que el hermanito de Bush haga fraude en Florida, otra vez...

Anónimo dijo...

El fascismo mafioso de Salgar prepara
un decreto para declarar el estado
de conmoción interior que no es otra cosa que EL ESTADO DE SITIO.Vienen
días aun más sombríos.

Anónimo dijo...

En www.indymedia.org publican un
mágnifico texto firmado por la comisión intereclesial,se titula
PODEMOS ESPERAR EL CRIMEN PERFECTO,LA
CÁRCEL Y LA DIFAMACIÓN.

Anónimo dijo...

uribe,cipote hampón.

Anónimo dijo...

Ningunos laureles para el fiscalito
Iguarancillo.Sería el colmo de
la estulticia y la doblez atreverse a avalar los dictámenes forenses de
alias el salgareño,preparados con la
asesoría de gente como Tasmania,Job
y José Obdulio.

Anónimo dijo...

!! CONMICION INTERIOR !!!!

!!! DICTADURA OFICIALIZADA !!!

!!! LA EXCUSA PERFECTA PARA ENTRAR A MODIFICAR A TRAVES DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS LA JUSTICIA COLOMBIANA !!


!! AHORA SI HAY QUE VOLCARSE A LAS CALLES A EXIJIR LA PRESENCIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL !!!!

Anónimo dijo...

!! CONMICION INTERIOR !!!!

!!! DICTADURA OFICIALIZADA !!!

!!! LA EXCUSA PERFECTA PARA ENTRAR A MODIFICAR A TRAVES DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS LA JUSTICIA COLOMBIANA !!


!! AHORA SI HAY QUE VOLCARSE A LAS CALLES A EXIJIR LA PRESENCIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL !!!!

Anónimo dijo...

!! CONMICION INTERIOR !!!!

!!! DICTADURA OFICIALIZADA !!!

!!! LA EXCUSA PERFECTA PARA ENTRAR A MODIFICAR A TRAVES DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS LA JUSTICIA COLOMBIANA !!


!! AHORA SI HAY QUE VOLCARSE A LAS CALLES A EXIJIR LA PRESENCIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL !!!!

Anónimo dijo...

En la Luciernaga comentaron la posibilidad que empijamen a CIRO y lo exporten a U.S.A. por sus actividades de colaboración con Narcoparamilitares. Sí esto se vuelve un hecho, que Guillermo León Valencia Cossio vaya pensando como se verá en pijama, esposado y rapado, volando en avión de la D.E.A. rumbo a una Corte Federal en Miami, pues nuestro exfiscal en provisionalidad, colaboró con sujetos igualmente narcoparamilitares pedidos en extradición. En ese caso que Ramiro lo enconmiende a Buda.

Anónimo dijo...

¿Dónde cabe la conmoción interior en el paro de Asonal?

Constitución Nacional:

Artículo 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos periodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo favorable del Senado de la República.

Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.

Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más.

Dentro de los tres días siguientes a la declaración o prórroga del Estado de Conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que terminaron la declaración.

En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar.


¿Dónde cabe esa figura que le ordenó don Luis Carlos Sarmiento a su subaltarno y financiado "don Salgareño"?

Anónimo dijo...

Felipe, felicitaciones por la entrevista que le concedió a Gustavo Gómez. Se fajó desde el comienzo pero la última frase fue cerrar con broche de oro. Escelente.

Anónimo dijo...

"Declaratoria de Conmoción es inconstitucional e inoportuna": PDA

Jueves 9 de octubre de 2008

Para el Polo, hubiese sido "más propio acudir a otra figura como lo es la emergencia judicial. Esto nos hace sospechar sobre las verdaderas intenciones del gobierno y el eventual abuso en el ejercicio de tales facultades".

El Polo anuncia que acudirá ante la Corte Constitucional para "impugnar la constitucionalidad de los decretos anunciados". Ver Declaración.

Anónimo dijo...

A PROPÓSITO DE LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR

Quién esperaría algo distinto del narcopresidente Uribe? Se había demorado en mostrar su talante. Persona más incompetente que Uribe pocos han pasado por la ahora casa de nari.

Los problemas no se resuelven a las patadas y con el uso de la fuerza bruta. No hay argumentación, hay imposición. Esto se llama terrorismo de estado. Es tanta el atropello contra los trabajadores que su mejor aliado los de USA no le han querido aprobar el tratado arrodillado con el que pretende sacrificar a todo los trabajadores de todos los sectores.

Hoy son los de la rama judicial, mañana son los corteros y luego cualquiera. Esquiroles, son todos los que le lleven la corriente a esta decisión. Si fuera el sector financiero el que pidiera ayuda ya habían decretado el decreto donde nos obligaban a darles otro 4/1000.

El enano caballista, está conmocionado porque de pronto sale de la cárcel el paramilitar Francisco Villalba, el mismo que condecoro por la masacre del Aro, y muestre el video de dicha condecoración.

Ese es el verdadero miedo de Uribe. Este es su escudo para tratar de protegerse de la CPI, que será lo que va a hacer ¿? Descongestionar los juzgados quemando, desapareciendo todos los expedientes de masacres, desapariciones, parapoliticos........ Y quien sabe que irá a ser con su paramilitar condecorado.....


Todo un juego apadrinado por el mayor banquero del pais. Lo utilizaron para que lanzara la pelota y gol. Uburibe y el cara de sapo de "Cossió al puesto" ahora si que se van a despachar, pero cada vez que lo hagan más rápido llegará su fin.

Que desgracia, el mundo buscando reconciliación y este Uburibe, reyezuelo de patio de letrinas, cada día mas UBURIBE, payaso del poder.

Mientras siga creyendo que él mandará hasta después de sus días en la cueva de Mamá UBU, sus viejos amigos-enemigos paranarcos seguro que lo esperan en algún cruce de esquina. Ellos prepotentes tienen la espina de un meroguasa en la garganta y son ligeros de gatillo.

Que vaya buscando tierra alta lo más pronto posible que de seguró tendrá se "Dia Feliz". Que se la siga cagando y vaya con su fétido olor hasta el fin

Anónimo dijo...

Vamos por el otro paro!!!!

Paro nacional contra el cartel de Medellín!!!

Anónimo dijo...

El salgareño gasta billones de pesos
en sapos,falsos positivos,aviones de guerra,bombas de 600 kilos,430.000
hombres en armas,pero no puede mejorarle el sueldo a los servidores de la justicia,tal como lo dispone la ley.

Anónimo dijo...

El salgareño gasta billones de pesos
en sapos,falsos positivos,aviones de guerra,bombas de 600 kilos,430.000
hombres en armas,pero no puede mejorarle el sueldo a los servidores de la justicia,tal como lo dispone la ley.

Anónimo dijo...

Hay plata para delaciones y para la
demagogia reeleccionista del salgareño,que gasta en limosnas
billones de pesos para asegurarse y
atornillarse en la presidencia al costo de billones de pesos repartidos
irresponsablemente.

Anónimo dijo...

Hay limosnas demágogicas no para que los miserables dejen de serlo sino para todo lo contrario:para que lo
sigan siendo durante toda la vida
mientras los banqueros y los grandes capitalistas se enriquecen de una manera grotesca entre tanto miserable
y en medio de tanta hambre.

Anónimo dijo...

Hay foristas informados que podrían
informarnos cuánto gasta el salgareño
a manos llenas en subsidios para los
azucareros,procesadores de etanol,
floricultores,etc.

Anónimo dijo...

¿Cuánto han ganado los banqueros en los últimos 6 años?

Anónimo dijo...

¿pOR CUÁNTO LE REGALARON LOS BANCOS
LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO?

Anónimo dijo...

¿Cuánto valen los subsidios que recibe Ardila Lule?

Anónimo dijo...

¿cUÁNTO GANAN LOS CANALES DE TELEVISIÓN PRIVADOS?

Anónimo dijo...

¿MASACRE EN EL UBÉRRIMO EN 1984?

Anónimo dijo...

LO ÚNICO PEOR QUE EL TIEMPO ES EL ESPECTADOR.

Anónimo dijo...

Alguien tiene un cortauñas para cercenarle el dedito?

Anónimo dijo...

¿Ustedes se imaginan qué hubiera dicho la prensa oficialista y de la ultraderecha internacional si la decisión que tomó el 'doptor Varito' (conmoción interior para golpear un sindicato) la hubiera tomado Chávez, Evo Morales o Correa?

Anónimo dijo...

Subsidios a manos llenas para los
grandes productores,excenciones
tributarias a manos llenas para
los ricos,garrote para los corteros
y los empleados de la justicia.

Anónimo dijo...

Mientras en Colombia solo se emplea el 0.6% del presupuesto Nacional para todos los gastos de rama judicial, incluyendo pago de salarios de todos los empelados, gastos de funcionamiento de todas la sedes, etc. en otras latitudes, incluso en varios paises de America Latina, se emplea el 6% para dichos gastos.

uribe todo lo pretende hacer por la fuerza, típico de los emperadores.

Vaya VERGUENZA!!!

Anónimo dijo...

EL EMPERADOR EN LAS CORTES.-

El lunes de esta semana, la Corte Suprema de Justicia abrió las compuertas para que la Corte Constitucional dirima el conflicto que tiene con el Consejo Superior de la Judicatura, que mediante un fallo de tutela anuló las menciones al nombre del ministro de Protección Social, Diego Palacio, dentro del expediente por el escándalo de la 'yidispolítica'.

Al rechazar una tutela presentada por Gladys Carvajalino de Mancini contra la Sala Civil de la Corte Suprema, para buscar la modificación de un fallo sobre un asunto minero, el magistrado Eduardo López Villegas, miembro de la Sala Laboral, aprovechó para advertir que las tutelas no deben servirle a un juez para eliminar la competencia de otro. "La tutela contra sentencias judiciales no puede ser medio ni pretexto para abolir la independencia del juez, consagrada en el artículo 228 de la Carta Política, sustituyendo al juez natural", escribió el magistrado en su providencia.

Más adelante, sugirió que cuando el intento de abolir la independencia de los jueces se convierte en fuente de conflicto, la Corte Constitucional es la llamada a resolverlo, e insistió en que la intromisión de un tribunal en la competencia de otro afecta gravemente la seguridad jurídica.

La posición de López fue respaldada por la sala en pleno que, sin mencionar a la Judicatura, apoyó una posición que envía un claro mensaje de rechazo a la reciente "corrección" que le hizo a una providencia de la Corte Suprema mediante la cual le pidió a la Fiscalía investigar al Ministro por el posible delito de cohecho. "Fue algo así como un mensaje de Bolívar para que lo entienda Santander", comentó un funcionario de la corporación.

La Corte Suprema quiere cerrarle el paso a futuros "choques de trenes" y sus esfuerzos están dirigidos a que la tutela no sea utilizada como talanquera para bloquear acciones judiciales contra altos funcionarios del Estado.

Fallo político

El Consejo Superior justifica su actuación con el argumento de que esas menciones constituyen una sentencia anticipada contra el Ministro, que no ha tenido la oportunidad de declarar ante la Corte Suprema. Aunque el Consejo Superior aclara que de ninguna manera está tocando la sustancia del fallo de la Corte y específicamente se abstiene de estudiar la existencia del cohecho y la responsabilidad de Medina, opta por el curioso recurso de eliminar algunos apartes de la parte motiva que, según el Consejo, violan la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre de Palacio.

El fallo del Consejo, sin embargo, deja un vacío pues siendo el cohecho un delito de doble vía, no se entiende por qué elimina la mención de una de las partes supuestamente comprometidas, en este caso el Ministro. Tampoco distingue entre las afirmaciones de la Corte y la referencia que ese tribunal hace a las pruebas que soportan la investigación: declaraciones de Medina y de otras personas que mencionan tanto al Ministro como al Ministerio a su cargo y nombramientos que son de su competencia.

Pero más allá de las disquisiciones jurídicas, varios analistas consideran que detrás del asunto hay una feria de intereses políticos y politiqueros. Para la columnista Claudia López resulta evidente que el presidente Álvaro Uribe y sus aliados políticos pretenden "capturar" al Consejo de la Judicatura para convertirlo en una especie de Corte de bolsillo.

Después de recordar que Uribe ha logrado elegir a cinco de los siete magistrados de la sala Disciplinaria, López escribió en su columna de El Tiempo del pasado martes: "El Presidente sabía que si postulaba a unos abogados serios de la carrera judicial corría el riesgo de no poder capturar la Sala".

El analista Pedro Medellín también lanzó cargas de profundidad contra el fallo del Consejo. En su opinión este tribunal no solo favorece al Ministro, sino que tiene un objetivo de fondo mucho mayor: someter a la Corte Suprema de Justicia.

El procurador general Edgardo Maya, quien antes de llegar al cargo fue magistrado de la Judicatura, cuestionó el fallo, lo calificó de contradictorio e ilógico y se mostró preocupado por los intentos de manipulación que hoy sufre la Justicia. Por eso pidió la intervención inmediata de la Corte Constitucional.

Los hechos parecen darle la razón a quienes, como el ex fiscal y actual senador de Cambio Radical Alfonso Valdivieso, sostienen que la reelección presidencial compromete el equilibrio de los poderes públicos, tal y como se lo expresó al propio Uribe en un reciente desayuno en la Casa de Nariño, pues nunca como ahora la nómina de una Corte reflejaba una mayoría absoluta y aplastante conformada por representantes de la coalición de gobierno.

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior está compuesta por siete magistrados, todos designados por ternas conformadas por el Presidente, pero negociadas con los partidos de su bancada, de donde surge que se trata de la más pura y dura toma de uno de los organismos de control por parte del Presidente de la República.

De ahí que no le falta razón a quienes sostienen que contar con una Corte amiga es la mejor fórmula que encontró el Gobierno para desmontar aquellos procesos que comprometen a sus aliados políticos o a miembros del Gabinete, como son la "yidispolítica" y la parapolítica. De ahí que el fallo del Consejo Superior haya tenido tan buen recibo en las huestes uribistas.

Anónimo dijo...

DELINCUENTES EN LA FISCALÍA

Ex director de seccionales del CTI, Gabriel Turizo, es señalado de tener nexos con 'paras'


En abril de 2007, Édgar Ignacio Fierro Torres, ex oficial del Ejército Nacional conocido como 'don Antonio', que se hizo famoso porque manejaba el computador del jefe paramilitar 'Jorge 40', abrió una caja de Pandora cuando en una audiencia presidida por la fiscal Daisy Jaramillo, de la Unidad de Justicia y Paz en Barranquilla, relató varios episodios relacionados con la forma como el bloque Norte de las Auc infiltró en la última década a varias entidades del Estado, incluida la Fiscalía.

Fierro aseguró que su organización había gozado durante mucho tiempo de una especie de inmunidad judicial porque había comprado la complicidad de funcionarios que avisaban sobre órdenes de captura contra sus integrantes, y mencionó entre esos aliados a Gabriel Turizo de León, un funcionario de la Fiscalía que en la época de mayor actividad paramilitar en la Costa había sido director del CTI en Atlántico y La Guajira. 'Don Antonio' dijo que en una ocasión Turizo le recibió 20 millones de pesos como pago por una alerta que le permitió burlar una orden de captura y que en otra oportunidad la organización pagó la reparación de un carro blindado asignado a él.

Las sindicaciones contra Turizo inicialmente parecieron perderse en medio de las sobrecogedoras confesiones de Fierro sobre más de 400 homicidios, pero la Fiscal tomó nota y envió una copia de la declaración a la Dirección Nacional de Fiscalías para una eventual investigación.

Un mes después de la audiencia, el nombre del fiscal volvió a aparecer en otro expediente. Magally Yaneth Moreno, una testigo que ha resultado vital para destapar la infiltración paramilitar en la Fiscalía de Norte de Santander en tiempos de Luis Camilo Osorio. Moreno dijo que Turizo hacía parte de una nómina de funcionarios que ayudaban a los paramilitares, lo mismo que Ana María Flórez, directora de la seccional en Cúcuta (2001-2003). Conocida como 'la Batichica' por su afición a las armas y los riesgos extremos, Flórez fue condenada en ausencia por la Corte Suprema de Justicia a 147 meses de prisión por nexos con el bloque Catatumbo.

Otras versiones

La versión de Moreno no es la única que compromete a Turizo. A ella se suma el testimonio de Elsida Molina, una ex fiscal de Cúcuta, absuelta dentro del proceso, que declaró que el funcionario y otros servidores de la Justicia y de militares tenían nexos con las Auc.

Pese a la gravedad de las afirmaciones de Fierro, Moreno y Molina contra Turizo, la Fiscalía no prestó mayor atención al asunto y el Fiscal no solo siguió en la institución sino que hace dos semanas fue comisionado con un grupo de fiscales para investigar delitos contra el medio ambiente en Bucaramanga.

Lo curioso es que en los mismos días en que Turizo fue objeto de cuestionamientos, incluso en los mismos círculos judiciales, otros fiscales fueron removidos por asuntos al parecer menos graves: Jaime Cuesta Ripoll, fiscal delegado ante un Tribunal de Cartagena, fue separado del cargo y condenado por la pérdida de un arma de dotación oficial, y Francisco Becerra Araque, fiscal de Derechos Humanos en Valledupar, fue destituido y procesado porque en una conversación telefónica grabada, dos paramilitares se refirieron a él como "amigo de 'Ramiro'", jefe del bloque Contrainsurgencia wayúu.

Tras la destitución de Guillermo León Valencia Cossio de la Dirección de Fiscalías de Medellín, por supuestos nexos con la organización de 'don Mario', han vuelto a soplar vientos de depuración en la Fiscalía. Por esta razón, funcionarios de la institución le dijeron a CAMBIO que la Fiscalía General debería revisar casos como el de Turizo y otros fiscales, que no han sido tratados con la seriedad que merecen. "Estamos pidiendo que la Fiscalía haga un esfuerzo para determinar si lo que han dicho 'don Antonio' y los testigos de Cúcuta contra Turizo es cierto o no", aseguró uno de los funcionarios.

CAMBIO localizó a Turizo en Bucaramanga, quien aseguró que no tiene investigaciones penales en su contra, pero sí una averiguación administrativa de la Oficina de Control Interno de la Fiscalía que consideró "inocuas" las sindicaciones en su contra. "Esas sindicaciones son infames", dijo, y agregó que el fiscal general Mario Iguarán ordenó su reintegro luego de que Jorge López, un director del CTI que después fue removido, le pidió la renuncia.

Por su parte, un compañero de trabajo de Turizo sostiene que la intervención del Fiscal General a su favor es cierta y que eso ha hecho que "se sienta blindado en todos los cargos que ha ocupado después de que salió de Barranquilla". Hasta el momento, la Fiscalía no ha hecho una investigación a fondo que permita concluir que el fiscal Turizo está legal y éticamente apto para seguir administrando justicia.

Tomado de Semana.com

Anónimo dijo...

Sobre el paro Judicial, fragmento publicado en Cambio.com

"resulta justo reconocer que las demandas de Asonal Judicial no son nuevas. Los reclamos sobre sus condiciones laborales no surgieron de la noche a la mañana, ni pueden calificarse como oportunistas o de coyuntura. Desde hace varios años y en todos los tonos posibles, Asonal planteó al Consejo Superior de la Judicatura y al Gobierno, la urgente e imperiosa necesidad de hacer una nivelación salarial acorde con las necesidades del servicio, la formación profesional y las nuevas responsabilidades que las leyes les han asignado, en la mayoría de los casos sin tener en cuenta la ya casi insuperable congestión de los despachos judiciales

Esas exigencias deambulan huérfanas entre las oficinas del Gobierno sin que nadie las tome con la responsabilidad que requiere la dirección y gerencia de la Justicia. El protagonismo de la función jurisdiccional en los últimos 20 años, es algo que también ha ocurrido en muchos países, y refleja la necesidad que tiene la sociedad de encontrar en la Justicia la mejor forma de hacer realidad los derechos consagrados en la ley, así como la pronta y cumplida solución de los conflictos que se presentan en las relaciones interpersonales y del mercado.

La mal llamada 'tutelitis', las nuevas acciones de protección directa de los derechos -acciones de grupo, acciones populares y acción de cumplimiento-, la Ley de Justicia y Paz, y la criminalización de las relaciones sociales, son solo algunos ejemplos de cómo el Estado acude a la rama judicial en una especie de cláusula general de competencia que demanda más trabajo, más congestión y, por lo tanto, más gerencia y atención a los problemas administrativos, salariales y laborales de la rama.

Infortunadamente, el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura solo se ocupan activamente de estos temas cuando los funcionarios se ven en la necesidad de exigir por las vías de hecho una solución integral, estable y perdurable para sus justos reclamos. En épocas de normalidad, son muy pocos los esfuerzos para hacer un diagnóstico serio sobre las necesidades de la Justicia.

La ausencia misma de estadísticas confiables y las diferencias metodológicas que existen, hacen prácticamente imposible estructurar políticas públicas en este sector. Los centros académicos y de investigación están llenando este vacío, y en especial los trabajos que adelanta el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia) que dirige el profesor Rodrigo Uprimny, entidad que para el efecto se ha convertido en el Ministerio de Justicia y del Derecho que tanta falta le hace al país.

Problema de fondo

¿Cómo están hoy las cosas? El actual conflicto tiene su origen en la protesta de 2006, cuando se convino instalar una comisión interinstitucional conformada por Asonal, Gobierno y Consejo de la Judicatura, para que encontrara solución al problema de la nivelación salarial que ordenó la Ley 4ª de 1992, que permitió la nivelación para los magistrados de altas Cortes y Tribunales. Razones fiscales impidieron el ajuste para el resto de los funcionarios, que son la mayoría.

Desde entonces vienen los reclamos y la situación se ha vuelto más dramática. Que yo sepa, la comisión creada y pactada con los trabajadores no propuso ni arregló nada. No funcionó. Con el paso de los años, la brecha que se produjo con la nivelación solo para los magistrados, creó una situación de inequidad a todas luces inconveniente en el seno de la Justicia. Por eso siguen reclamando el cumplimiento de una ley de 1992.

¿Cómo es posible que hayan pasado más de 10 años desde la nivelación a los magistrados y no haya surgido solución diferente? Por ejemplo, una nivelación gradual, o una estrategia integral que solucione el problema de la congestión judicial.

Pero no, los conflictos se han solucionado con el expediente transitorio de las primas temporales y antitécnicas que calman los ánimos también en forma transitoria.

La situación actual, que se veía venir y estaba anunciada, explica además la aterradora cifra del 70 por ciento de aumento para los empleados y del 25 por ciento para jueces y fiscales de circuito y municipales propuesta por la Asociación de Trabajadores Judiciales en su pliego de peticiones.

Desde un comienzo, abogados, jueces y empleados sabíamos que esa cifra era imposible de cumplir, así correspondiera a estos 16 años en que la nivelación no se llevó a cabo. Luego de casi 40 días de parálisis, el Gobierno decretó un alza de 130.000 millones de pesos, equivalente a un aumento del 2 y el 4 por ciento durante 2009 y 2010. Por su parte, Asonal rechazó no la propuesta sino la decisión tomada por decreto, que más que aplacar los ánimos los ha exacerbado, pues prácticamente acabó con la negociación. Los empleados judiciales dicen que con 300.000 millones la situación podría normalizarse. En otras palabras, ya no hablan de 70 por ciento sino de 8 por ciento. El faltante sería de algo así como 170.000 millones mal contados.

Pero la expedición del decreto trae un problema adicional. Como es resultado de una orden y no de un acuerdo, los días que han dejado de trabajar se descontarán y punto. Pero eso que parecería lógico, no lo es tanto a la hora de una negociación. Reconocer esos días no resulta exótico sino incluso saludable para la paz laboral.

Hay que pensar, por ejemplo, en un auxiliar que participó en el paro para exigir mejores condiciones laborales y que ahora le dicen que perdió un mes de salario, e incluso que pueden adelantársele acciones disciplinarias. No puede surgir un ánimo vindicatorio contra la protesta social que es connatural en cualquier democracia.

Con la aprobación que el Congreso acaba de hacer del proyecto que permite la reelección presidencial para 2014 nos estaríamos ahorrando 130.000 millones que cuesta el referendo de la reelección y que podrían utilizarse para la solución del conflicto.

La política de seguridad democrática que el país apoya y defiende, requiere una Justicia fortalecida para que el proceso de recuperación del Estado pueda consolidarse con las sentencias judiciales respectivas. De lo contrario, nada habremos conseguido si los delincuentes recuperan la libertad por un paro que habría podido evitarse si se hubieran tomado las decisiones correctas hace por lo menos 10 años. Y sería aun peor que por el temor a las represalias y con el decreto ya expedido, termine el paro o, mejor dicho, se aplace un cese de actividades que tarde o temprano tendremos que volver a padecer. Es tratar con aspirina una enfermedad que requiere cirugía de urgencia.

Por Carlos Medellín, ex ministro de Justicia

Anónimo dijo...

Comentario publicado en cambio.com de "Loriquero"

"Soy abogado, estamos preocupados por las situacion de Asonal, tienen la razon estan jugando con el poder judicial en general, sus pretenciones son justas, pero el Capataz dictador de Urrribebala, por ordenes de su patron Sarmiento, uno de los 4 ricos de Colombia ordeno la Conmocion interrior, y ya la ordeno el lacayo subordinado de Uribebala, pues sino , no le financian mas su reelecion, a unque esta Conmocion interiorr sea incosntitucional, represiva y dictadorial, pues la constitucion ordena taxativamente cuales son las condiciones para decretarla., no por un simple paro de Asonal, por eso es inconstitucional y debe la Corte Cosntitucional declararla inexequible, vamos a ver , pues ya metio 2 magistrados parauribistas en la Corte constitucional y quedan 5 a 6 en desventaja."

Anónimo dijo...

La injusticia es muy grande y la ciudadanía que no conoce el asunto y las proporciones del mismo entra a descalificar los jueces y subalternos. El artículo no podía ser más claro. En efecto, hace diez años fueron nivelados, pero por demandas, los sueldos de los Magistrados de Tribunales y de aquéllos funcionarios con el mismo grado, como Procuradores Judiciales, grados I y II, que, entre otras cosas, no hacen nada, escasamente firmar notificaciones. El primer error fue cometido por Samper, que ignoró a jueces, fiscales y subalternos. El segundo, aun vigente, ha sido cometido por el Ejecutivo y el Legislativo. Basta comparar los sueldos de los primeros con los de los últimos, da grima. Y una cosa es cierta: el gobierno lleva 16 años incumpliendo la Ley 4a de 1992; en ello han tenido gran culpa los Ministros de Hacienda, sobresaliendo Juan Manuel Santos quien desempeñó ese cargo en el gobierno de Pastrana.

Anónimo dijo...

Tomado de cambio.com

Por lo contundente y escandalosa, al leer esta investigación de cambio, considero que nadie debe de sustraerse de leerlo.

El otro pacto

El Pacto de Ralito "para refundar la Patria" ha sido considerado como el acuerdo que trazó el meridiano de las relaciones de sectores políticos con grupos paramilitares, y sobre él la Corte Suprema de Justicia construyó el proceso de la parapolítica que hasta hoy ha involucrado a 70 congresistas que ganaron sus curules con el apoyo de los fusiles de las Auc.

Sin embargo, acaban de aparecer evidencias de otros dos acuerdos de mayor alcance que demuestran el maridaje entre política y paramilitarismo. Se trata de dos "cumbres" celebradas en noviembre de 2001 y enero de 2002 en Urabá y el Bajo Cauca antioqueño, regiones con fuerte presencia de las Auc, que revisten características especiales.

La primera reunión, realizada en la finca 'La 15' -entre San Pedro de Urabá y Valencia, Córdoba-, fue convocada por Carlos Castaño, dueño de la propiedad, y quien desde entonces y hasta el día en que fue asesinado no volvió a hacerse presente en encuentros similares. Conocedores de la historia de la violencia en la región dicen que se trata de uno de los escenarios en los que fue incubado el monstruo del paramilitarismo, pues durante años esa finca fue centro de las operaciones del clan Castaño. El anfitrión de la segunda reunión fue Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', quien entonces se perfilaba como el nuevo capo de la región de Caucasia. Se llevó a cabo en una finca de su propiedad en Piamonte, y a ella asistieron los jefes del estado mayor de las Auc, excepto Castaño.

A diferencia de lo ocurrido en Ralito, los que estuvieron presentes en las dos "cumbres" no se limitaron a firmar un documento, sino que expusieron una plataforma política general que más adelante sería respaldada por un convenio político-militar. Con base en documentos y testimonios, CAMBIO reconstruyó las dos reuniones, desconocidas hasta ahora, y a las cuales asistieron, entre otros, el ex congresista santandereano Luis Alberto Gil -jefe de Convergencia Ciudadana- y el ex gobernador del Cauca Juan José Chaux Mosquera, el mismo que estuvo presente en reuniones en la 'Casa de Nari' con emisarios de 'don Berna' y funcionarios de Palacio.

Fuera de base

Mientras estuvo preso en la cárcel de Itagüí, del 6 de diciembre de 2006 al 13 de mayo de 2008, Salvatore Mancuso evitó en forma deliberada mencionar a las autoridades las reuniones en 'La 15' y en Piamonte. Según allegados suyos, el ex jefe paramilitar temía entrar en conflicto con viejos aliados, entre ellos 'Macaco', quien le daba al tema el carácter de ultrasecreto para proteger a los políticos a quienes había apoyado o que estaban bajo su tutela.

En su computador personal, en el que día a día organizaba las versiones que daría ante los fiscales de Justicia y Paz, nunca hizo anotaciones sobre esas "cumbres", pero no logró sacarle el cuerpo al asunto durante prolongadas reuniones privadas con gente de su confianza, y no se sabe muy bien por qué -una fuga de información o la destreza de un investigador judicial-, el 22 de agosto de 2007 un magistrado auxiliar de la Corte Suprema le preguntó expresamente por las reuniones de miembros de las Auc con jefes políticos, distintas a la famosa donde firmaron el Pacto de Ralito.

Sorprendido por la pregunta, un Mancuso fuera de base respondió nervioso: "A Reginaldo Montes y a Salomón Náder una vez me los encontré en una reunión en Caucasia. Eso fue en el año... no recuerdo si 2001 o 2002. Estuvieron otros comandantes como 'don Berna', 'Macaco', también estuvo Vicente Castaño, estuve yo y habían (sic) unos comandantes de la zona de Caucasia. Básicamente eso".

Concluida la diligencia, Mancuso volvió a refugiarse y a guardar silencio sobre el tema. Sin embargo, CAMBIO conoció que al encuentro de Caucasia, además de Montes y de Náder (q.e.p.d.), asistieron aspirantes a corporaciones públicas de otras regiones, entre ellos Carlos Clavijo, Rocío Arias y el coronel (r) Hugo Aguilar. "Los invitados llegaron en caravanas de vehículos con vidrios polarizados y fuertemente escoltados, y Mancuso llegó en helicóptero -recuerda uno de los amigos del jefe paramilitar que sabe de la reunión-. Estaba vestido elegantemente con ropa de civil".

El objetivo de la reunión, según la fuente, era presentar en sociedad a los que serían la punta de lanza de la penetración paramilitar en círculos políticos de Caldas, Santander, la Costa Caribe y Antioquia. Ninguno ocultaba su apetito de poder y según una fuente, Clavijo llegó a pasar cuenta de cobro por sus éxitos como organizador del paro cívico en el sur de Bolívar, que durante el gobierno de Andrés Pastrana frustró el despeje para los diálogos de paz con el Eln.

Aguilar, entonces diputado de la Asamblea de Santander, mantenía intacta su fama de haber sido el policía que dio de baja a Pablo Escobar, y aunque aseguraba tener el respaldo de un amplio caudal de simpatizantes, también buscaba el apoyo de las Auc para coronar su viejo sueño de convertirse en gobernador de Santander. En reuniones anteriores, había sido presentado como el ahijado político de Luis Alberto Gil, también señalado de tener nexos con los paramilitares, y quien en las elecciones de 2006 consolidó las mayorías de su movimiento Convergencia Ciudadana.

Meses antes de los comicios, el 17 de mayo de 2007, en una versión libre en la Fiscalía, Mancuso habló sobre la misma reunión pero el fiscal que atendía la diligencia no le preguntó detalles sobre ese y otros encuentros.

Personas cercanas al jefe paramilitar se preguntan por qué la Fiscalía y la Corte nunca profundizaron en esos hechos.

De nuevo Chaux

Si bien la reunión de Piamonte fue importante y solo salió tímidamente a flote en la declaración de Mancuso en agosto de 2007, lo realmente clave en materia de alianzas con políticos se dio en noviembre de 2001 en la finca 'La 15'. Durante tres días, los jefes paramilitares Carlos Castaño, 'Jorge 40', 'Ernesto Báez', 'Macaco', Éver Veloza o 'H.H.', Mancuso y 'don Berna' se reunieron con el propósito de atender audiencias con alcaldes y concejales de Urabá y el sur de Bolívar, y con candidatos al Congreso y a gobernaciones, como parte de una estrategia para llevar a amigos de las Auc a corporaciones públicas.

Por la época y las circunstancias en que se llevó a cabo, la cumbre de 'La 15' fue considerada como la madre de las alianzas entre políticos y paramilitares, y según conocedores y asistentes a la reunión en ella se hizo presente Juan José Chaux Mosquera, quien ocupaba una curul en el Senado.

No es la primera vez que a Chaux lo relacionan con paramilitares. Fue uno de los que estuvo en la controvertida reunión de funcionarios de la Casa de Nariño con el abogado de 'don Berna', Diego Álvarez, y con Antonio López Jiménez, 'Job', un ex jefe del bloque Cacique Nutibara. Y en diciembre del año pasado, cuando el Gobierno lo designó como nuevo embajador en Holanda, salió a la luz pública que un mes antes el ex jefe paramilitar Éver Veloza, 'H.H.', había declarado ante fiscales de Justicia y Paz que Chaux había participado en una "cumbre paramilitar" en 2003, y que su elección como Gobernador se había logrado con el apoyo armado del bloque Calima de las Auc, bajo su mando.

'H.H.', quien entre el 6 y el 8 de noviembre de 2007 confesó 1.600 asesinatos, implicó a varios políticos del Cauca con los grupos que él comandaba, entre ellos a Chaux, y dijo que a la reunión asistieron los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Vicente Castaño, Freddy Rendón Herrera, 'el Alemán', y 'don Berna'. El ex gobernador aceptó haber asistido a la cumbre mencionada por Veloza y la justificó con el argumento de que estaba intercediendo por un pariente que había sido secuestrado por las Auc. "Yo fui a Tierralta, en Córdoba, en 2003, para indagar por la suerte de un hermano del marido de una hermana mía que se encontraba secuestrado, pero infortunadamente esa persona fue asesinada por las Auc, todo se limitó a eso, nada más", dijo Chaux y negó que hubiera pedido apoyo de los paramilitares para ganar las elecciones a la Gobernación. Además, afirmó que acudió a la reunión a instancias del senador Miguel de la Espriella, actualmente investigado por la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con paramilitares.

Poco después, el ex gobernador declinó el nombramiento en Holanda, pero aceptó la Embajada en República Dominicana, cargo al que debió renunciar después del escándalo por la reunión en Palacio con los emisarios de 'don Berna' y de un bochornoso episodio en el que apareció grabado en una conversación con 'Job' -asesinado en misteriosas circunstancias en Medellín el 28 de julio pasado- en la que hablaban sobre la posibilidad de que el paramilitar convenciera a su amigo 'H.H.' para que se abstuviera de mencionarlo en las versiones libres en la Fiscalía.

Investigado en forma preliminar por la Fiscalía, el círculo parece cerrársele a Chaux, quien con cada nueva revelación pierde margen de maniobra. Su asistencia a la cumbre de 'La 15' confirma las versiones de 'H.H.' ante fiscales de Justicia y Paz en el sentido de que su organización apadrinó su candidatura a la Gobernación del Cauca.

Cuotas burocráticas

La mención de Chaux en la cumbre de 'La 15' no es el único ingrediente novedoso. También lo es la presencia de Luis Alberto Gil, el único de los congresistas señalado en varias oportunidades de nexos con las Auc que no tiene requerimientos judiciales pese a que hace más de un año la Corte Suprema le envió a la Fiscalía pruebas que ameritaran abrirle, al menos, una investigación preliminar. CAMBIO lo consultó...

Las mismas fuentes aseguran que uno de los pupilos políticos de Gil, el ex gobernador de Santander Hugo Aguilar, consiguió en la reunión de 'La 15' el respaldo que necesitaba para llegar al primer cargo de su departamento. Aguilar habría sido invitado por Iván Roberto Duque, 'Ernesto Báez', con quien se habría comprometido a que si llegaba a la Gobernación daría cuotas de poder a las Auc. "Las evidencias están a la mano, el señor Aguilar le entregó la Gobernación a los paramilitares", le dijo a CAMBIO el senador liberal Hugo Serrano Gómez, quien recordó que el primer secretario de Educación del gabinete de Aguilar, Bonel Patiño Noguera, fue recomendado por 'Báez', como lo admitió el propio Patiño ante las autoridades.

Pero además de esto, hay otro hecho que confirma que el nombramiento fue impuesto por los paramilitares. Después de ganar las elecciones de 2003, Aguilar anunció que a la Secretaría de Educación iría Elvia Hercilia Páez, esposa del congresista Bernabé Celis, pero luego Patiño apareció nombrado. "No me cabe duda de que la reunión con los paramilitares se realizó y de que el señor Aguilar y el señor Gil, su jefe político, han comprado a funcionarios judiciales para mantenerse en la impunidad", aseguró Serrano.

Además de Chaux, Aguilar y los jefes paramilitares mencionados, la nómina de los asistentes a 'La 15' la completan personas que están siendo procesadas o cuya situación jurídica ha sido definida: Miguel de la Espriella, Rocío Arias, Eleonora Pineda, Muriel Benito-Revollo, Carlos Clavijo y Jairo Merlano.

Interrogada por CAMBIO sobre el asunto, la ex congresista Benito Revollo dijo: "He escuchado sobre esa reunión pero no podría precisar si asistí o no a la reunión, y no puedo porque ese es un capítulo de mi vida que yo decidí cerrar y me hice el propósito de olvidar".

Miguel de la Espriella, recluido en La Picota, aseguró que es muy posible que se haya realizado esa "cumbre", pero que no recuerda haber participado en ella. "Sé que la finca 'La 15' existe y que queda entre Valencia y San Pedro de Urabá, y supe que hubo una reunión con congresistas de Antioquia, coordinada por 'Ernesto Báez' ".

Merlano, por su parte, negó cualquier relación con el hecho. "Ni siquiera sé dónde queda San Pedro de Urabá -dijo-. No conozco a Mancuso ni conocí a Castaño y le he probado a la Justicia que jamás me he reunido con jefes paramilitares".

Las revelaciones sobre reuniones entre candidatos y jefes paramilitares como la de Ralito, considerada hasta ahora como la columna vertebral de la parapolítica, demuestran que las Auc llegaron lejos en su estrategia de cooptar el Estado en los niveles local, regional y nacional mediante políticos a quienes apoyaron en las elecciones con miras a fortalecerse y lanzar una propuesta de negociación con el Gobierno que ayudarían a elegir en 2002.Todo indica, sin embargo, que la profundidad de la contaminación y el número de involucrados es mayor de lo que se pensaba, y que la Justicia tiene aún una madeja muy grande para desenredar y muchos cabos para atar.

Luis Alberto Gil
Ex senador

A través de su equipo de asesores el ex parlamentario y ex director de Convergencia Ciudadana comunicó que aunque él y sus abogados han estado al tanto de las incidencias del proceso que avanza en la Fiscalía sobre sus presuntos nexos con paramilitares, hasta el momento no conoce ningún documento judicial que lo relacione como asistente a las "cumbres" de 2001 y 2002 con miembros del estado mayor de las autodefensas y otros dirigentes políticos. Anunció también que mantendrá su posición de no controvertir testimonios ni versiones que se produzcan por fuera de los escenarios judiciales, pues no le interesa chocar con la autoridad de sus jueces naturales. Aseguró, sin embargo, que su asistencia a una reunión de esa naturaleza es improbable porque del departamento de Córdoba solo conoce la ciudad de Montería y nunca ha estado en áreas rurales.

Hugo Aguilar
Ex gobernador de Santander

"Jamás he estado en una zona donde actúen bandidos sin el esquema de seguridad institucional que me ha acompañado durante mi permanencia en cargos públicos. No he ido a Córdoba desde la época en que permanecía activo como oficial de la Policía y en Antioquia, después de Pablo Escobar, sólo he estado en dos ocasiones: una, cuando me sometí a una cirugía de ojos y otra cuando me correspondió representar a mi departamento en una cumbre de gobernadores. Lo que se diga distinto a eso es obra de mis malquerientes que nunca vieron con buenos ojos mi llegada a la Gobernación ni soportaron el éxito de mi gestión".

Anónimo dijo...

Felipe, ya es hora de pasar de las palabras a los hechos, vemos como el salgareño se apoderó de la sala inferior de la judicatura donde van a poder nombrar los jueces que van a dejar libres a todos los amigotes del narcoparadelincuentepresidente. Les vuelvo a recomendar el libro de Sergio Camargo, "el narcotraficante numero 82, Alvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, no mas mentiras".

Anónimo dijo...

TOMADO DE CAMBIO.COM

Presiones y muerte han rodeado proceso contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez

Cuando atiende citaciones de la Fiscalía, el coronel Hernán Mejía Gutiérrez -detenido en un cuartel de la Policía Militar en Bogotá-, enfundado en su uniforme, se dirige a los funcionarios judiciales, e incluso a los testigos, en el mismo tono autoritario y fuerte en que lo hacía con los soldados cuando era comandante del batallón La Popa de Valledupar. "Ese señor me intimida", dijo en una ocasión un testigo que se negó a comparecer si el sindicado estaba presente.

Lo que ha ocurrido durante el proceso parece conceder la razón a quienes han expresado temor. Por ejemplo, los testigos Fredys Oñate y José Trinidad Pacheco fueron asesinados el año pasado, y Guillermo Augusto de Hoyos, un desmovilizado que dijo estar dispuesto a dar testimonio sobre la relación del Coronel con el bloque Norte de las Auc, no lo mencionó durante una audiencia y explicó que, pese a estar amparado por el régimen de protección a testigos, temía por su vida y la de su familia.

Las historias que cuentan investigadores y testigos del proceso son tan difíciles de creer como aquellas que comprometen al oficial con ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos que, según testigos, habría planeado con 'Jorge 40' y otros paramilitares del bloque Héroes del Valle de Upar entre 2002 y 2004, cuando estaba al frente de la principal unidad del Ejército en el Cesar.

El clima de intimidación que crea el coronel Mejía llevó la semana pasada a Sandra Castro, la joven y experimentada fiscal que dirige la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, a escribir una carta al fiscal Mario Iguarán y al procurador Edgardo Maya en la que dice que el oficial obstruye el avance del proceso mediante presiones y denuncias contra los investigadores que, por temor, no actúan con el rigor que exige la práctica de pruebas. Según ella, el riesgo de impunidad está latente.

Como respuesta a la carta de Castro, el Procurador General ordenó que un agente especial del Ministerio Público debe estar presente en el proceso y ordenó investigar las condiciones de reclusión de Mejía, pues según miembros de la Policía Judicial es muy probable que tenga comunicación permanente con el exterior, pues tiene información sobre detalles de la investigación que van más allá del expediente.

Según le dijo a CAMBIO uno de los investigadores, el coronel Mejía está al tanto de las visitas que ellos han hecho a cárceles y a lugares remotos en busca de testigos, y aprovechó para acusar a un miembro del CTI de haberle hecho un montaje y de ofrecer prebendas a testigos para que declararan en contra suya, del teniente coronel Pastor Ruiz Mahecha y de los sargentos Aureliano Quesada y Efraín Andrade Perea, procesados por concierto para delinquir agravado. El investigador del CTI está en investigación disciplinaria.

Pese a los intentos para entorpecer el proceso, este ha avanzado gracias a testigos como el ex oficial Edwin Guzmán, quien dijo a la Fiscalía que el coronel Mejía diseñaba operaciones en un campamento paramilitar cerca de San Ángel, Magdalena, y que allí se habría reunido con 'Jorge 40', David Hernández, un ex oficial del Ejército conocido como '39', y otros jefes de las Auc, para organizar falsos positivos. Según Guzmán, en uno de esos encuentros el oficial habría dicho: "Yo no quiero solo dinero, también quiero gloria y esa me la van a dar las bajas".

Por lo representativo del sindicado -uno de los militares de mayor graduación involucrado con paramilitares- la comunidad internacional ha ejercido un monitoreo permanente sobre sus casos. Incluso los avances conseguidos con su captura le permitieron a Colombia alcanzar una mejor evaluación en una certificación de Estados Unidos en el campo de los derechos humanos.

El fiscal Mario Iguarán anunció que hará lo necesario para rodear de garantía el proceso contra el coronel Mejía y dijo que no permitirá que presiones externas conspiran contra la búsqueda de la verdad.

Para investigar

- La misión de los investigadores es verificar denuncias consignadas en el expediente, entre ellas las siguientes:

- La ejecución de personas que luego eran presentadas como dadas de baja en combate por parte de un grupo élite bautizado como 'Zarpazo'. Según testigos, el grupo estuvo al mando del mayor José Pastor Ruiz Mahecha.

- La realización de reuniones, en el batallón La Popa, con miembros de la comunidad indígena kankuama reclutados por los paramilitares para definir los blancos de las operaciones. Hughes Romero, miembro de esa comunidad, dio testimonio e este sentido.

- La muerte de civiles por escuadrones armados en Atanquez, municipio del Cesar, que fueron presentados como muertos en combate. Algunos fueron lanzados desde helicópteros militares.

Anónimo dijo...

Por mas que entre de rodillas al templo, el Dios de nuestro Mesias no se le traga sus cuentos de culebrero trasnochado.

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Hillary Clinton: TLC con Colombia “improbable que el Congreso lo tome en cuenta”
Por: VTV/Caracol Radio/Radio Nederland – shar

10 de octubre de 2008 / La senadora de Nueva York, Hillary Clinton, en una entrevista a Caracol Radio de Bogotá, puso en duda la aprobación del TLC con Colombia. “No sé qué pasará con el TLC (…) creo que es improbable que el Congreso (de EEUU) lo tome en cuenta”, afirmó.

Asimismo lamentó que no haya más discusión sobre las relaciones de EEUU con América Latina en las elecciones presidenciales, a realizarse en noviembre.

Otro punto destacado por la senadora son las medidas tardías que el gobierno de George W. Bush tomó para hacerle frente a la crisis. “Quiero ver más ayuda para negocios pequeños... hay personas perdiendo sus hogares y estudiantes sin poder acceder a escuelas y universidades. Hay que enfocarse más en el público en general, en todas las calles y no sólo en Wall Street”, apuntó.

Sobre Sara Palin, compañera de fórmula del candidato republicano John McCain afirmó: “Creo que es emocionante para muchas personas el tener una mujer. Pero no es suficiente para votar por la propuesta de McCain-Palin; porque no tienen los cambios que necesitamos, Obama-Biden sí los tienen”, puntualizó.

Investigan posible abuso de poder de Palin

Por otra parte se conoció que un fallo judicial determinó que se puede continuar con la investigación sobre el posible abuso de poder de Sarah Palin. El fallo fue pronunciado por la Alta Corte de Justicia del Estado de Alaska.

Varios políticos republicanos habían solicitado la suspensión de las investigaciones argumentando que tenían motivaciones políticas.

Pero, la alta instancia judicial dictaminó que las indagaciones sobre la candidata a la vicepresidencia son legítimas. Como Gobernadora de Alaska, había despedido a un oficial de policía. En opinión de Palin, este oficial tendría que haber despedido a un agente que estuvo casado con su hermana y cuyo divorcio fue muy problemático.

Anónimo dijo...

Para informarnos sobre el negocio de la caña y el etanol:
La rebelión de los corteros de caña de azúcar

Gerardo Iglesias y Luis Alejandro Pedraza
Rel-UITA


Unos 18.000 trabajadores del sector azucarero se han levantado en huelga en el Valle del Cauca, Colombia, para exigir mejoras salariales, terminar con la precarización de las condiciones de trabajo y el cese de las seudo cooperativas de trabajo asociado.
En el Valle del Cauca hay 198.000 hectáreas cultivadas con caña de azúcar que ocupan prácticamente el 50 por ciento del área total sembrada en la región. En 2007 se molieron 21,1 millones de toneladas de caña, produciéndose 275 millones de litros de etanol y 2,28 millones de toneladas métricas de azúcar, de las cuales el 31 por ciento fue exportado.
El 90 por ciento de los 18.000 corteros que existen en la región está vinculado por medio de 23 cooperativas de trabajo asociado. Estas seudo cooperativas se han fomentado bajo el paraguas de las políticas gubernamentales de “protección empresarial”, que constituyen un sistema de relaciones laborales paralelas a las establecidas en la ley. Desde esos ámbitos se impone un régimen contractual informal para la mayoría de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en las tareas más exigentes del proceso agroindustrial del azúcar.
Estas “cooperativas de trabajo asociado” tienen su antecedente en Brasil, donde también en el sector sucroalcoholero se diluye la responsabilidad del empleador por medio de la tercerización y de los subcontratistas denominados “gatos”. A través de este mecanismo se impone un régimen semiesclavista en las relaciones de producción y de trabajo. Allí, como lo denunciara nuestra afiliada la Federación de Empleados Rurales y Asalariados del Estado de São Paulo (FERAESP), “el objetivo de estas seudo cooperativas no es crear nuevos empleos; su finalidad es degradar al máximo las condiciones de labor de los trabajadores, recortando derechos y disminuyendo la fuerza de los sindicatos, en razón de que los obreros se transforman en ‘socios’ ante la empresa”.
Por su parte, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), desde hace más de diez años viene luchando contra este tipo de cooperativas denominadas “truchas” o falsas cooperativas. Según Gerónimo Venegas, secretario general de UATRE, “Nosotros venimos advirtiendo a los trabajadores, al sector empresario, al gobierno y a la comunidad en general sobre la existencia de seudo cooperativas que impiden a los trabajadores y trabajadoras el pleno goce de los derechos laborales, y desnaturalizan el origen solidario de ese tipo de asociaciones. Estas entidades se utilizan en forma habitual para evadir los compromisos con la Seguridad Social, perjudicando a los trabajadores en forma directa al impedirles el pleno goce de los derechos labores: salario familiar, obra social, sistema de pensiones y jubilaciones, prestaciones por desempleo, etc.”

La molienda humana
En Colombia, los efectos prácticos de las cooperativas de trabajo asociado se traducen en jornadas que alcanzan las 70 horas semanales y generan un salario promedio de apenas unos 230 dólares. Asimismo, por el sistema seudo cooperativo, el cortero es responsable de sus aportes a la seguridad social y la seguridad industrial, ya que son a la vez trabajadores y sus propios patronos.
Ante la ausencia de efectivos servicios de salud y programas de riesgos profesionales en salud ocupacional, proliferan los casos de parálisis totales y parciales, lesiones en extremidades, brotes infecciosos por aguas contaminadas y agrotóxicos. También abundan graves dolencias en la columna vertebral, artrosis, hernia discal, Lesiones por Esfuerzos Repetitivos (LER) que al no recibir atención médica oportuna, no son clasificadas como enfermedades profesionales. Los trabajadores y trabajadoras que son afectados por graves lesiones en la columna vertebral no reciben ninguna atención por parte del empleador, quien alega no tener ningún vínculo jurídico con los trabajadores y trabajadoras. Lo mismo ocurre con el derecho a la pensión de jubilación, que en la práctica no existe, y es común que las personas de edad muy avanzada se vean obligadas a trabajar para no morirse de hambre.

TLC, etanol y pobreza. El cóctel de la “energía alternativa”
Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia, “la producción de etanol en la región, tal como se desarrolla en la actualidad, corresponde a una imposición de los países del Norte que necesitan resolver su déficit energético, y poco les importa si es a través de los oligopolios locales que lucran con el incremento del monocultivo de la caña, en claro detrimento para los trabajadores, comunidades indígenas, agricultores y consumidores, el ambiente y la soberanía alimentaria”.
La producción de etanol en Colombia se realiza con el beneficio de importantes subsidios. “El etanol -informa la CUT- está exento del impuesto de IVA (16 por ciento), la sobretasa a la gasolina (25 por ciento) y el impuesto global, todo lo cual equivale aproximadamente a 153 millones de dólares anuales que no entran a las arcas del Estado y que se están ahorrando los ingenios. Además, el gobierno definió como Zonas Francas Especiales los territorios de las plantas de agrocombustibles, por lo cual sólo pagan el 15 por ciento de Impuesto a la Renta.”
Como sucede en Brasil con los cortadores de caña de azúcar, en Colombia los beneficios extraordinarios que registra el sector sucroalcoholero no llegan ni por asomo a las manos de los trabajadores ni de los campesinos. “Antes bien, la vida y las condiciones laborales de los corteros son cada vez peores, lo que nos obliga a luchar por reivindicaciones que se asemejan a las de los tiempos coloniales, bajo condiciones de esclavitud. A los cañicultores agremiados en PROCAÑA, dueños de las fincas que proveen a los ingenios, también les ha ido muy mal. Hoy reciben un 30 por ciento menos de participación por la materia prima que se destina al etanol”, señala la CUT.
Todos somos corteros del Valle del Cauca
La huelga de los trabajadores del azúcar del Valle del Cauca requiere del acompañamiento y la solidaridad nacional e internacional. Ante esta situación, Artur Bueno de Camargo, presidente de la Federación Latinoamericana de Trabajadores Azucareros de la UITA, señaló: “Con esta situación queda claro una vez más que los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, están al servicio exclusivo de las oligarquías nacionales. El etanol, la nueva vedette de los combustibles alternativos, no se traducirá en beneficios para los trabajadores y campesinos si no se cambia la matriz de producción, ya que es un verdadero disparate en términos sociales, económicos y ambientales”.
“Hacer nuestra la lucha de los trabajadores del Valle del Cauca, apoyar con todas nuestras fuerzas sus justos reclamos, será fundamental para profundizar la lucha global por una sociedad justa y solidaria donde, entre otras cosas, las demandas del parque automotriz de Estados Unidos y de Europa no estén por encima de la calidad de vida y la soberanía alimentaria de millones de personas”, enfatizó Camargo.


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