viernes, 11 de junio de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Entrevista RCN Radio
Tribunal especial para delitos de lesa humanidad.
Vea el documental sobre los asesinatos de Soacha
No a la impunidad. ( PARTE 1)
Vea el documental sobre los asesinatos de Soacha
No a la impunidad ( Parte 2)
Con los delincuentes en Tierra Alta
El sr Uribe siendo candidato con los parlamentarios Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella, Condenados
Ella presa, el presidente
En esta foto el Sr Uribe besa afectuosamente a Eleonora Pineda, Condenada por sus relaciones con los paramilitares.
El preso, Uribe presidente
El senador Miguel de la Espriella condenado por paramilitarismo en Monteria al lado del eterno candidato Alvaro Uribe.
Recordar es vivir
El rejoneador Alberto Uribe Sierra, el padre de Alvaro Uribe, en una corrida de toros organizada en beneficio de "Medellin sin tugurios" fundacion presidida por el capo Pablo Escobar. El ciudadano Uribe sostiene que no fue amigo de Escobar ni cuando estaba de moda. Y su padre si fue amigo de Escobar?
Entre mas primo mas me arrimo
El Sr Alvaro Uribe con sus primos Velez Ochoa, quienes fueron investigados por narcotrafico.
97 comentarios:
La siguiente nota es tomada de eltiempo.com:
ONU 'exhorta' al Gobierno a 'acatar y respetar' el fallo contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega
La alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, expresó su "reconocimiento al poder judicial" por "su lucha contra la impunidad".
Desde Ginebra, la funcionaria solicitó "adoptar las medidas necesarias" para proteger a la jueza María Stella Jara, quien profirió la condena contra Plazas Vega.
El pasado miércoles, Jara condenó al militar retirado a 30 años de prisión por la desaparición de once personas que, según las investigaciones, salieron con vida del Palacio de Justicia, tras la toma del M-19 el 6 y 7 de noviembre de 1985.
La Alta Comisionada de la ONU confió en que "los procedimientos judiciales actualmente en curso logren establecer la verdad, así como determinar las responsabilidades por estos trágicos hechos".
Agregó que, de acuerdo con el derecho internacional, "en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia como justificación de la desaparición forzada".
"El uso legítimo de la fuerza para garantizar la seguridad y mantener el orden público es, al mismo tiempo, un derecho y un deber de los Estados frente a sus ciudadanos (...) Sin embargo, la actuación del Estado está limitada por su deber de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y respetar el Estado de derecho, incluso al responder a ataques injustificados por parte de grupos armados ilegales", afirmó la funcionaria de la ONU
Excluyen de Justicia y Paz a alias 'Ernesto Báez'.
Resulta notable que hay dos clases
de narcouribismo.Uno de elite al que
pertenecen Chuky y Pachito Santos
y otro perrata,tal es el caso de Baez,Mancuso y los extraditados PEPES.
Excluyen de Justicia y Paz a alias 'Ernesto Báez'.
Resulta notable que hay dos clases
de narcouribismo.Uno de elite al que
pertenecen Chuky y Pachito Santos
y otro perrata,tal es el caso de Baez,Mancuso y los extraditados PEPES.
El Juzgado Segundo Penal Especializado de Popayán, condenó hoy a seis de los siete militares que venían siendo investigados por el crimen de Edwin Legarda, espooso de la líder indigena, Aida Quilcué.
rEALMENTE ESE ASAESINATO FUE ORDENADO POR ALIAS EL SALGAREÑO.
El candidato presidencial Antanas Mockus ha insistido este viernes que no es débil y que éste es parte de un invento de su "campaña rival".
"Algunos en la campaña rival se han inventado que soy débil", señaló Antanas Mockus.
Según él, los corruptos son los débiles porque no aguantan la tentación.
"No puedo compartir la debilidad de quienes festejan falsas victorias de guerra a costa de la vida de civiles inocentes", aseguró en su nueva promoción, enviando un mensaje a Juan Manuel Santos, sin mencionarlo.
Mockus ha sido señalado de ser dubitativo en sus respuestas en varios debates, lo cual ha sido interpretado en varios sectores de opinión como debilidad.
Desde el debate del jueves, Mockus mostró una estrategia de defensa, donde se evidencia su disposición a no dejar que le sigan señalando de débil
Raptan bebé de 17 días de nacido en Medellín
El menor necesita atención especial por haber nacido de siete meses.
Amnistía Internacional pide al Gobierno no protejer a militares que violaron DDHH
Denunció que las personas involucradas en las investigaciones han sido "acosadas, amenazadas e incluso asesinadas"
El Gobierno colombiano no debe proteger a los mandos militares procesados en los tribunales civiles por violar los derechos humanos, manifestó el viernes Amnistía Internacional (AI).
"Proteger a las fuerzas de seguridad de la justicia convertiría en una burla las manifestaciones del Gobierno cuando habla de luchar contra la impunidad y de respetar su obligación internacional de llevar ante los tribunales a quienes hayan violado los derechos humanos", dijo Marcelo Pollack, investigador de AI para Colombia.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, y el alto mando militar pidieron el jueves que los miembros de las Fuerzas Armadas no sean procesados en tribunales de justicia civil.
La petición fue la reacción a la condena del coronel retirado Alfonso Plazas Vega por la desaparición de 11 personas tras el asalto en 1985 al Palacio de Justicia de Bogotá, que había sido tomado por miembros del movimiento guerrillero M-19.
Uribe dijo en su defensa que Plazas "simplemente intentaba cumplir con su deber" y sugirió que la justicia militar debe reforzarse para evitar condenas similares en el futuro.
Pollack recordó que numerosos mandos militares han sido investigados en los últimos años por las cortes civiles y destacó que "los escasos progresos que se han realizado hasta ahora corren el serio riesgo de ser socavados por el Gobierno".
El investigador de AI advirtió de que "los repetidos ataques contra la integridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia amenazan la independencia judicial y el estado de derecho".
AI también denunció que las personas involucradas en las investigaciones relacionadas con las violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, incluidos testigos y familiares de las víctimas, han sido "acosadas, amenazadas e incluso asesinadas" en los últimos años.
El Gobierno colombiano no debe proteger a los mandos militares procesados en los tribunales civiles por violar los derechos humanos, manifestó el viernes Amnistía Internacional (AI).
"Proteger a las fuerzas de seguridad de la justicia convertiría en una burla las manifestaciones del Gobierno cuando habla de luchar contra la impunidad y de respetar su obligación internacional de llevar ante los tribunales a quienes hayan violado los derechos humanos", dijo Marcelo Pollack, investigador de AI para Colombia.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, y el alto mando militar pidieron el jueves que los miembros de las Fuerzas Armadas no sean procesados en tribunales de justicia civil.
La petición fue la reacción a la condena del coronel retirado Alfonso Plazas Vega por la desaparición de 11 personas tras el asalto en 1985 al Palacio de Justicia de Bogotá, que había sido tomado por miembros del movimiento guerrillero M-19.
Uribe dijo en su defensa que Plazas "simplemente intentaba cumplir con su deber" y sugirió que la justicia militar debe reforzarse para evitar condenas similares en el futuro.
Pollack recordó que numerosos mandos militares han sido investigados en los últimos años por las cortes civiles y destacó que "los escasos progresos que se han realizado hasta ahora corren el serio riesgo de ser socavados por el Gobierno".
El investigador de AI advirtió de que "los repetidos ataques contra la integridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia amenazan la independencia judicial y el estado de derecho".
AI también denunció que las personas involucradas en las investigaciones relacionadas con las violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, incluidos testigos y familiares de las víctimas, han sido "acosadas, amenazadas e incluso asesinadas" en los últimos años.
El investigador de AI advirtió de que "los repetidos ataques contra la integridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia amenazan la independencia judicial y el estado de derecho".
AI también denunció que las personas involucradas en las investigaciones relacionadas con las violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, incluidos testigos y familiares de las víctimas, han sido "acosadas, amenazadas e incluso asesinadas" en los últimos años.
"Luchar contra la impunidad en Colombia es un trabajo peligroso. Las repetidas amenazas contra María Stella Jara Gutiérrez (la juez que condenó a Plazas), y las amenazas contra varios magistrados de la Corte Suprema, así como las informaciones de que fueron espiados y grabados, suscitan
Procuraduría pidió libertad para Mario Aranguren y Luis Eduardo Daza en caso 'chuzadas' .
De manera descarada el hampón que
funge como procurador continúa
apoyando a los mafiosos colaboradores
del salgareño.
¿QUIÉN ES JESÚS MARÍA LÓPEZ
GÓMEZ Y CUÁL ES SU RELACIÓN
CON ALVARO URIBE VÉLEZ?
¿QUIÉN ES JESÚS MARÍA LÓPEZ
GÓMEZ Y CUÁL ES SU RELACIÓN
CON ALVARO URIBE VÉLEZ?
¿QUÉ RELACIONES MAFIOSAS HUBO Y
HAY ENTRE EL SALGAREÑO Y EL
EX GOBERNADOR DE CÓRDOBA "MONO"
LÓPEZ?
¿QUÉ RELACIONES MAFIOSAS HUBO Y
HAY ENTRE EL SALGAREÑO Y EL
EX GOBERNADOR DE CÓRDOBA "MONO"
LÓPEZ?
atentado de la víspera contra la sede de una diócesis de la Iglesia Católica en el noroeste del país.
QUEDAN 58 DIAS
PARA FINALIZAR ESTE FUNESTO GOBIERNO NARCOPARAMILITAR
finalizar ni que hps .!!!
cambio de PORQUERIA .1!
VOTO EN BLANCO POR ASCO .!
vOTO EN BLANCO por asco .!
Mockus no es debil, es bobo.
cual finalizar ni que carajos ..
cambio de paraco por hiena enchuquizada .disfrazada de santos...
colombia el pais de los ingenuos...
Doctor Uribe, a partir del 21 de julio de 2010 puede litigar sin restricciones, por ejemplo en el caso del Coronel Plazas; el bufete del doctor Granados se complacería mucho de tenerlo como uno de los eminentes juristas que lo integran. En ese momento posiblemente ya se habrá surtido el sustento de la apelación y Usted podrá colaborar en el recurso de Casación. Quisiéramos verlo en la Corte Suprema de Justicia enseñándonos democracia, herméneutica y derecho penal -sustantivo y procesal-. Sus conocimientos darán lugar a que en las facultades de derecho se integre la cátedra "la ausencia de dolo y de responsabilidad en los casos de desaparecidos", tesis que equivaldrá a "el gustico de jugar a las escondidas no es dañino".
Chucky, hiena, memel, santos positivos, truan manuel...carajo! Solo un "patron" ostenta tantos alias...
'La justicia penal militar no puede conocer de casos de derechos humanos' dice la ONU
'La justicia penal militar no puede conocer de casos de derechos humanos' dice la ONU
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, le pidió ayer al Gobierno que "respete la sentencia" contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por las desapariciones tras la recuperación del Palacio de Justicia, en 1985, y emplazó a las autoridades a "seguir garantizando la seguridad de la jueza María Stella Jara, quien enfrenta múltiples amenazas".
Christian Salazar, el representante de la Alta Comisionada en Colombia, habló con EL TIEMPO sobre esa posición. Dice que la existencia misma del fallo demuestra la independencia y el respeto por el poder Judicial en Colombia, pero manifiesta preocupación porque el Ejecutivo decida impulsar leyes que puedan afectar las investigaciones por casos de derechos humanos.
¿Cuál es la posición de Naciones Unidas frente a la primera sentencia por el caso del Palacio de Justicia?
El caso del Palacio de Justicia, desde el exterior, se ve muy positivamente y como un signo de una justicia independiente. A lo largo de los últimos meses y en muchos informes del año pasado hemos dicho que nos preocupan los enfrentamientos entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, y que esperamos una forma más cordial, más armoniosa y menos pública para resolver los problemas. Sobre los debates que se están dando tras la sentencia, podría decir que los derechos humanos nunca pueden constituir una forma de debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Es al contrario: el respeto de los derecho humanos fortalece la legitimidad de las Fuerzas Armadas en cualquier Estado democrático; también en Colombia.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, le pidió ayer al Gobierno que "respete la sentencia" contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por las desapariciones tras la recuperación del Palacio de Justicia, en 1985, y emplazó a las autoridades a "seguir garantizando la seguridad de la jueza María Stella Jara, quien enfrenta múltiples amenazas".
Christian Salazar, el representante de la Alta Comisionada en Colombia, habló con EL TIEMPO sobre esa posición. Dice que la existencia misma del fallo demuestra la independencia y el respeto por el poder Judicial en Colombia, pero manifiesta preocupación porque el Ejecutivo decida impulsar leyes que puedan afectar las investigaciones por casos de derechos humanos.
¿Cuál es la posición de Naciones Unidas frente a la primera sentencia por el caso del Palacio de Justicia?
El caso del Palacio de Justicia, desde el exterior, se ve muy positivamente y como un signo de una justicia independiente. A lo largo de los últimos meses y en muchos informes del año pasado hemos dicho que nos preocupan los enfrentamientos entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, y que esperamos una forma más cordial, más armoniosa y menos pública para resolver los problemas. Sobre los debates que se están dando tras la sentencia, podría decir que los derechos humanos nunca pueden constituir una forma de debilitamiento de las Fuerzas Armadas. Es al contrario: el respeto de los derecho humanos fortalece la legitimidad de las Fuerzas Armadas en cualquier Estado democrático; también en Colombia.
El caso argentino muestra las estrategias que llevaron a ese país a poner el índice de desocupación en niveles inferiores a los de naciones europeas como Francia. Lecciones oportunas para Colombia.
Según el reporte de abril del Dane, obtener un puesto de trabajo es el clamor de 2.668.000 colombianos desocupados. Solucionar ese problema también será la 'papa caliente' para el que resulte ganador el próximo 20 de junio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Con el fin de aportar propuestas a esa necesidad, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó un seminario internacional sobre políticas activas de empleo, en el que se presentaron experiencias de diversos países.
En Argentina, por ejemplo, lograron capotear el fenómeno en medio de la peor crisis de ese país, la del 2003, cuando la cifra de desempleo sobrepasaba el 17 por ciento. Según la Cepal, este país está entre el grupo de los más próximos a desarrollar un Estado de bienestar, junto con Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay.
En el caso del país gaucho, la primera decisión fue la de dejar de ver el tema como un rengloncito más dentro de lo social, para consolidar una política laboral compacta e integral. Enrique Deibe, secretario de Empleo de Argentina, así lo sostiene: "La lección inicial es que el empleo no se puede dejar al vaivén de la oferta y la demanda por sí solas. Estimular a las empresas para que generen puestos de trabajo tampoco es suficiente. Se requiere la intervención decisiva del Estado".
Cerrar Añadir "Otros columnistas" a mis canales de información:Estos son los agregadores que usted tiene disponibles para agregar el contenido de "Otros columnistas"
Google ReaderBloglinesNetvibesMi Yahoo!Windows LiveDirección URL para otros lectores
RSS
El desafío fiscal
Antanas Mockus ha advertido que la situación fiscal es grave y que los ricos deben pagar más impuestos para poder financiar los derechos de los colombianos. Estos dos temas no han sido bien entendidos. Veamos.
La política fiscal ha sido irresponsable: enfrentamos ahora un déficit fiscal del gobierno central superior al 4,5 por ciento del PIB, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y con tendencia creciente. Esta tendencia no se explica por la política fiscal anticíclica del gobierno, que ha sido insignificante, o por la desaceleración económica, pues la economía está creciendo más.
Es decir, estamos entrando a una situación fiscal insostenible. La señal más visible es que después de 11 años de haber perdido la calificación de grado de inversión de nuestra deuda, este no se ha podido recuperar. Mientras tanto, Perú y Panamá recuperaron el grado de inversión, lo cual los hace más atractivos para invertir que en Colombia.
El deterioro fiscal colombiano se explica más por la erosión de ingresos generada por la política fiscal del gobierno, que por presiones de gasto. Las calificadoras de riesgo identifican esta erosión como el mayor obstáculo para alcanzar la calificación de grado de inversión.
Aquí es donde entra el tema del aumento de impuestos a los ricos propuesto por Mockus, que es sobre todo un tema de mayor pago de impuestos y no de incremento de tarifas. Las tarifas impositivas en Colombia se ubican en niveles promedio en América Latina. Lo que es muy bajo es el esfuerzo tributario, no las tarifas. El esfuerzo es bajo por dos motivos: los considerables beneficios tributarios (exenciones) y la alta evasión.
Lo que un nuevo gobierno debe hacer es eliminar los beneficios tributarios, especialmente aquellos otorgados a las empresas y reducir la evasión, mas no aumentar tarifas con unas pocas excepciones, para reducir distorsiones en el IVA. Con los beneficios que ha otorgado el Gobierno, la estructura tributaria se ha vuelto además más regresiva, pues los que tienen retención en la fuente (los empleados) están teniendo mayor peso en el total de ingresos. Disminuirlos o eliminarlos también mejoraría la equidad tributaria.
La eliminación de los beneficios pasa por detener la hemorragia fiscal que representan los contratos de estabilidad jurídica y la creación de zonas francas. Los contratos blindan los beneficios a las empresas por 20 años y son un mecanismo utilizado en otros países para atraer inversión en unos pocos sectores que demandan inversiones muy altas (minería). En Colombia, en cambio, ¡se los otorgó a todos los sectores!
Se debería ofrecer a las empresas unas tasas impositivas de renta más bajas a cambio de rescindir los contratos, para evitar una crisis fiscal. Así mismo, se debe frenar la creación de nuevas zonas francas y revisar la legalidad de las creadas. Estas han pasado de 11 en el 2005 a más de 60 en la actualidad y su número sigue creciendo (30 en estudio). Si la Dian no tiene los medios para controlar 11 zonas, ¿cómo va a controlar 100? Los contratos de estabilidad y las zonas francas son un tremendo boquete para las finanzas públicas y un incentivo a la evasión, el contrabando y la ilegalidad.
Respecto a la evasión, la tasa de evasión en renta puede ser en la actualidad del 34 por ciento y la del IVA, del 22 por ciento. La gestión antievasión es todavía poco sofisticada, pues la Dian apenas está empezando a diseñar estrategias antievasion. Además, no tiene todavía los medios para perseguir los delitos tributarios complejos (como lo que pasa a través de los paraísos fiscales), delitos en los que incurren tanto organizaciones criminales, como algunos contribuyentes legales. Fortaleciendo a la Dian se pueden recuperar varios puntos del PIB.
Jorge Bustamante
Jorge Restrepo
Cerrar Añadir "Jorge Restrepo" a mis canales de información:Estos son los agregadores que usted tiene disponibles para agregar el contenido de "Jorge Restrepo"
Google ReaderBloglinesNetvibesMi Yahoo!Windows LiveDirección URL para otros lectores
RSS
El chorreo
Mejor la campaña que los candidatos. Sin exagerar tampoco, sin discusión teórica memorable, no obstante que del conjunto el elector ha accedido como quizá sin precedente a su derecho de formarse idea política aproximada a su situación; más descripción que análisis, más remiendo que terapia de fondo. El debate local va por las ramas, hasta el punto de tolerar que el uribismo haya reducido la patología a un terrorismo cuyo origen se ignora y en consecuencia tarea militar simplemente, acomodo lógico en el país en segundo lugar en gasto militar en la región. Se lo aprobara o no, solo el candidato del Polo acercó la deformidad nacional adonde es. Muy lejos de su color en otras partes, los verdes no aluden a la economía en el daño ambiental; legalidad y racionalidad pueden ser abstracciones sin su contexto cotidiano; Mockus le reconoce al Presidente sus logros en orden público sin entrar a qué se entienda por eso. Para no parecer lugareño desinformado, nadie que quiera diagnosticar adecuadamente la situación nacional puede prescindir ya de alineamientos mundiales como neoliberalismo, socialdemocracia, socialismo, ambientalismo, o por ejemplo tercera vía.
Coincidencialmente estuvo la ex presidenta de Chile, país paradigmático por padecimiento autoritario, crecimiento y superación de la pobreza, aunque no de la desigualdad, cosas distintas. Recordó la señora Bachelet que la actual crisis mundial significa derrota del neoliberalismo indiscutido aquí todavía, según el cual la riqueza por sí misma chorrea hacia abajo, o más gráficamente que si sube la marea suben todos los barcos. Crecer no es suficiente, incluso puede ser nocivo, si no hay redistribución o tributación equitativa. Mockus lo rozó comparando niveles de tributación del país con los del norte de Europa, el lugar más desarrollado socialmente y más pacífico. Una organización internacional afirma que la crisis mundial ha aumentado los índices de violencia y delincuencia, mientras aquí se sostiene que miseria y violencia no son consecuentes, eso en uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, 138 en inseguridad, el con mayor desempleo y violencia en la región.
No es serio creer que el continuismo irá en contracorriente y menos de una seguridad y prosperidad que su tradición de más de medio siglo volvió todo menos que democráticas. La voracidad vergonzosa con que casi todos los liberales y conservadores se colincharon a la votación victoriosa hace deshonesta la inquietud por el desprestigio de la política y de los partidos de la repartija del presupuesto. Hay oposición, la realidad la ha impuesto, pero el desacuerdo entre los verdes y el Polo, y la división y alcaldía de este, muestra qué lejos se está de un centroizquierda que contrapese el incremento derechista de ocho años. La campaña al menos ha permitido realinear la opinión y su resultado final podría aún reforzar su novedad innegable: que a la vez que el país sigue en su inercia, tiene espacio para algo diferente.
Jorge Restrepo
Jorge Restrepo
Cerrar Añadir "Jorge Restrepo" a mis canales de información:Estos son los agregadores que usted tiene disponibles para agregar el contenido de "Jorge Restrepo"
Google ReaderBloglinesNetvibesMi Yahoo!Windows LiveDirección URL para otros lectores
RSS
El chorreo
Mejor la campaña que los candidatos. Sin exagerar tampoco, sin discusión teórica memorable, no obstante que del conjunto el elector ha accedido como quizá sin precedente a su derecho de formarse idea política aproximada a su situación; más descripción que análisis, más remiendo que terapia de fondo. El debate local va por las ramas, hasta el punto de tolerar que el uribismo haya reducido la patología a un terrorismo cuyo origen se ignora y en consecuencia tarea militar simplemente, acomodo lógico en el país en segundo lugar en gasto militar en la región. Se lo aprobara o no, solo el candidato del Polo acercó la deformidad nacional adonde es. Muy lejos de su color en otras partes, los verdes no aluden a la economía en el daño ambiental; legalidad y racionalidad pueden ser abstracciones sin su contexto cotidiano; Mockus le reconoce al Presidente sus logros en orden público sin entrar a qué se entienda por eso. Para no parecer lugareño desinformado, nadie que quiera diagnosticar adecuadamente la situación nacional puede prescindir ya de alineamientos mundiales como neoliberalismo, socialdemocracia, socialismo, ambientalismo, o por ejemplo tercera vía.
Coincidencialmente estuvo la ex presidenta de Chile, país paradigmático por padecimiento autoritario, crecimiento y superación de la pobreza, aunque no de la desigualdad, cosas distintas. Recordó la señora Bachelet que la actual crisis mundial significa derrota del neoliberalismo indiscutido aquí todavía, según el cual la riqueza por sí misma chorrea hacia abajo, o más gráficamente que si sube la marea suben todos los barcos. Crecer no es suficiente, incluso puede ser nocivo, si no hay redistribución o tributación equitativa. Mockus lo rozó comparando niveles de tributación del país con los del norte de Europa, el lugar más desarrollado socialmente y más pacífico. Una organización internacional afirma que la crisis mundial ha aumentado los índices de violencia y delincuencia, mientras aquí se sostiene que miseria y violencia no son consecuentes, eso en uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, 138 en inseguridad, el con mayor desempleo y violencia en la región.
No es serio creer que el continuismo irá en contracorriente y menos de una seguridad y prosperidad que su tradición de más de medio siglo volvió todo menos que democráticas. La voracidad vergonzosa con que casi todos los liberales y conservadores se colincharon a la votación victoriosa hace deshonesta la inquietud por el desprestigio de la política y de los partidos de la repartija del presupuesto. Hay oposición, la realidad la ha impuesto, pero el desacuerdo entre los verdes y el Polo, y la división y alcaldía de este, muestra qué lejos se está de un centroizquierda que contrapese el incremento derechista de ocho años. La campaña al menos ha permitido realinear la opinión y su resultado final podría aún reforzar su novedad innegable: que a la vez que el país sigue en su inercia, tiene espacio para algo diferente.
Jorge Restrepo
EE.UU. desclasifica archivos sobre desapariciones en el Palacio de Justicia
Por: Con información de EFE
Según los documentos, Plazas Vega “mató un número de miembros del M-19, colaboradores sospechosos fuera de combate, incluidos los trabajadores de la cafetería del Palacio”.
EE.UU. desclasifica archivos sobre desapariciones en el Palacio de Justicia
Por: Con información de EFE
Según los documentos, Plazas Vega “mató un número de miembros del M-19, colaboradores sospechosos fuera de combate, incluidos los trabajadores de la cafetería del Palacio”.
EE.UU. desclasifica archivos sobre desapariciones en el Palacio de Justicia
Por: Con información de EFE
Según los documentos, Plazas Vega “mató un número de miembros del M-19, colaboradores sospechosos fuera de combate, incluidos los trabajadores de la cafetería del Palacio”.
EE.UU. desclasifica archivos sobre desapariciones en el Palacio de Justicia
Por: Con información de EFE
Según los documentos, Plazas Vega “mató un número de miembros del M-19, colaboradores sospechosos fuera de combate, incluidos los trabajadores de la cafetería del Palacio”.
EE.UU. desclasifica archivos sobre desapariciones en el Palacio de Justicia
Por: Con información de EFE
Según los documentos, Plazas Vega “mató un número de miembros del M-19, colaboradores sospechosos fuera de combate, incluidos los trabajadores de la cafetería del Palacio”.
EE.UU. desclasifica archivos sobre desapariciones en el Palacio de Justicia
Por: Con información de EFE
Según los documentos, Plazas Vega “mató un número de miembros del M-19, colaboradores sospechosos fuera de combate, incluidos los trabajadores de la cafetería del Palacio”.
EE.UU. desclasifica archivos sobre desapariciones en el Palacio de Justicia
Por: Con información de EFE
Según los documentos, Plazas Vega “mató un número de miembros del M-19, colaboradores sospechosos fuera de combate, incluidos los trabajadores de la cafetería del Palacio”.
EE.UU. desclasifica archivos sobre desapariciones en el Palacio de Justicia
Por: Con información de EFE
Según los documentos, Plazas Vega “mató un número de miembros del M-19, colaboradores sospechosos fuera de combate, incluidos los trabajadores de la cafetería del Palacio”.
El Archivo Nacional de Seguridad de EE.UU. difundió este viernes documentos sobre la desaparición de 10 civiles en 1985 en el Palacio de Justicia en Bogotá, que incluye un telegrama sobre las acciones de los soldados bajo el mando del coronel Alfonso Plazas, que esta semana fue condenado a 30 años de prisión.
Según el instituto, el telegrama de 1999 de la Embajada de Estados Unidos dice que ese comando bajo la orden de Plazas, coronel en retiro del Ejército Nacional, “mató un número de miembros de la (guerrilla) M-19, miembros y colaboradores sospechosos fuera de combate, incluidos los trabajadores de la cafetería del Palacio”.
En esa época, Plazas dirigía una escuela militar de caballería en Bogotá y fue responsabilizado de la desaparición de diez civiles que estaban entre los varios centenares de personas que se hallaban en el Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985, cuando la desaparecida guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) lo ocupó. El objetivo de los cuarenta guerrilleros era someter a un juicio político al entonces presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986).
Los informes de la embajada estadounidense sacan a la luz cómo el Gobierno colombiano y Fuerzas Militares respondieron a la crisis con “el uso de toda la fuerza necesaria” para retomar el control de la sede judicial, según se indica en el telegrama. Otro documento revela que “el ministro de exteriores dice que el Presidente, el Ministro de Defensa y el jefe de la Policía Nacional, y él juntos están completamente de acuerdo de no intentar prolongar el asunto”.
El resto de informes desclasificados se refieren al destino de las guerrillas detenidas durante la operación, entre ellas, una que dice que “las guerrillas supervivientes han sido tomadas como prisioneras” y otro, fechado dos días después, que informa de que “ninguna guerrilla sobrevivió”. Esta acción derivó en un asalto militar que terminó en tragedia al día siguiente, con la muerte de más de cien personas, entre ellas diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además de los destrozos causados por el uso de armas pesadas, la sede judicial acabó consumida entre llamas.
El coronel ya retirado, que permanece bajo detención en el Hospital Militar Central, es uno de los cinco militares que fueron vinculados con este caso, pero el primero en ser condenado. El Archivo Nacional de Seguridad es una institución no gubernamental sin fines de lucro que funciona al amparo de la Universidad George Washington, y que se dedica a recoger, analizar y desclasificar documentos de diversos organismos del Gobierno de Estados Unidos a través de la Ley de Libertad de Información.
El Archivo Nacional de Seguridad de EE.UU. difundió este viernes documentos sobre la desaparición de 10 civiles en 1985 en el Palacio de Justicia en Bogotá, que incluye un telegrama sobre las acciones de los soldados bajo el mando del coronel Alfonso Plazas, que esta semana fue condenado a 30 años de prisión.
Según el instituto, el telegrama de 1999 de la Embajada de Estados Unidos dice que ese comando bajo la orden de Plazas, coronel en retiro del Ejército Nacional, “mató un número de miembros de la (guerrilla) M-19, miembros y colaboradores sospechosos fuera de combate, incluidos los trabajadores de la cafetería del Palacio”.
En esa época, Plazas dirigía una escuela militar de caballería en Bogotá y fue responsabilizado de la desaparición de diez civiles que estaban entre los varios centenares de personas que se hallaban en el Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985, cuando la desaparecida guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) lo ocupó. El objetivo de los cuarenta guerrilleros era someter a un juicio político al entonces presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986).
Los informes de la embajada estadounidense sacan a la luz cómo el Gobierno colombiano y Fuerzas Militares respondieron a la crisis con “el uso de toda la fuerza necesaria” para retomar el control de la sede judicial, según se indica en el telegrama. Otro documento revela que “el ministro de exteriores dice que el Presidente, el Ministro de Defensa y el jefe de la Policía Nacional, y él juntos están completamente de acuerdo de no intentar prolongar el asunto”.
El resto de informes desclasificados se refieren al destino de las guerrillas detenidas durante la operación, entre ellas, una que dice que “las guerrillas supervivientes han sido tomadas como prisioneras” y otro, fechado dos días después, que informa de que “ninguna guerrilla sobrevivió”. Esta acción derivó en un asalto militar que terminó en tragedia al día siguiente, con la muerte de más de cien personas, entre ellas diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además de los destrozos causados por el uso de armas pesadas, la sede judicial acabó consumida entre llamas.
El coronel ya retirado, que permanece bajo detención en el Hospital Militar Central, es uno de los cinco militares que fueron vinculados con este caso, pero el primero en ser condenado. El Archivo Nacional de Seguridad es una institución no gubernamental sin fines de lucro que funciona al amparo de la Universidad George Washington, y que se dedica a recoger, analizar y desclasificar documentos de diversos organismos del Gobierno de Estados Unidos a través de la Ley de Libertad de Información.
El Archivo Nacional de Seguridad de EE.UU. difundió este viernes documentos sobre la desaparición de 10 civiles en 1985 en el Palacio de Justicia en Bogotá, que incluye un telegrama sobre las acciones de los soldados bajo el mando del coronel Alfonso Plazas, que esta semana fue condenado a 30 años de prisión.
Según el instituto, el telegrama de 1999 de la Embajada de Estados Unidos dice que ese comando bajo la orden de Plazas, coronel en retiro del Ejército Nacional, “mató un número de miembros de la (guerrilla) M-19, miembros y colaboradores sospechosos fuera de combate, incluidos los trabajadores de la cafetería del Palacio”.
En esa época, Plazas dirigía una escuela militar de caballería en Bogotá y fue responsabilizado de la desaparición de diez civiles que estaban entre los varios centenares de personas que se hallaban en el Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985, cuando la desaparecida guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) lo ocupó. El objetivo de los cuarenta guerrilleros era someter a un juicio político al entonces presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986).
Los informes de la embajada estadounidense sacan a la luz cómo el Gobierno colombiano y Fuerzas Militares respondieron a la crisis con “el uso de toda la fuerza necesaria” para retomar el control de la sede judicial, según se indica en el telegrama. Otro documento revela que “el ministro de exteriores dice que el Presidente, el Ministro de Defensa y el jefe de la Policía Nacional, y él juntos están completamente de acuerdo de no intentar prolongar el asunto”.
El resto de informes desclasificados se refieren al destino de las guerrillas detenidas durante la operación, entre ellas, una que dice que “las guerrillas supervivientes han sido tomadas como prisioneras” y otro, fechado dos días después, que informa de que “ninguna guerrilla sobrevivió”. Esta acción derivó en un asalto militar que terminó en tragedia al día siguiente, con la muerte de más de cien personas, entre ellas diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además de los destrozos causados por el uso de armas pesadas, la sede judicial acabó consumida entre llamas.
El coronel ya retirado, que permanece bajo detención en el Hospital Militar Central, es uno de los cinco militares que fueron vinculados con este caso, pero el primero en ser condenado. El Archivo Nacional de Seguridad es una institución no gubernamental sin fines de lucro que funciona al amparo de la Universidad George Washington, y que se dedica a recoger, analizar y desclasificar documentos de diversos organismos del Gobierno de Estados Unidos a través de la Ley de Libertad de Información.
El Archivo Nacional de Seguridad de EE.UU. difundió este viernes documentos sobre la desaparición de 10 civiles en 1985 en el Palacio de Justicia en Bogotá, que incluye un telegrama sobre las acciones de los soldados bajo el mando del coronel Alfonso Plazas, que esta semana fue condenado a 30 años de prisión.
Según el instituto, el telegrama de 1999 de la Embajada de Estados Unidos dice que ese comando bajo la orden de Plazas, coronel en retiro del Ejército Nacional, “mató un número de miembros de la (guerrilla) M-19, miembros y colaboradores sospechosos fuera de combate, incluidos los trabajadores de la cafetería del Palacio”.
En esa época, Plazas dirigía una escuela militar de caballería en Bogotá y fue responsabilizado de la desaparición de diez civiles que estaban entre los varios centenares de personas que se hallaban en el Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985, cuando la desaparecida guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) lo ocupó. El objetivo de los cuarenta guerrilleros era someter a un juicio político al entonces presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986).
Los informes de la embajada estadounidense sacan a la luz cómo el Gobierno colombiano y Fuerzas Militares respondieron a la crisis con “el uso de toda la fuerza necesaria” para retomar el control de la sede judicial, según se indica en el telegrama. Otro documento revela que “el ministro de exteriores dice que el Presidente, el Ministro de Defensa y el jefe de la Policía Nacional, y él juntos están completamente de acuerdo de no intentar prolongar el asunto”.
El resto de informes desclasificados se refieren al destino de las guerrillas detenidas durante la operación, entre ellas, una que dice que “las guerrillas supervivientes han sido tomadas como prisioneras” y otro, fechado dos días después, que informa de que “ninguna guerrilla sobrevivió”. Esta acción derivó en un asalto militar que terminó en tragedia al día siguiente, con la muerte de más de cien personas, entre ellas diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además de los destrozos causados por el uso de armas pesadas, la sede judicial acabó consumida entre llamas.
El coronel ya retirado, que permanece bajo detención en el Hospital Militar Central, es uno de los cinco militares que fueron vinculados con este caso, pero el primero en ser condenado. El Archivo Nacional de Seguridad es una institución no gubernamental sin fines de lucro que funciona al amparo de la Universidad George Washington, y que se dedica a recoger, analizar y desclasificar documentos de diversos organismos del Gobierno de Estados Unidos a través de la Ley de Libertad de Información.
El Archivo Nacional de Seguridad de EE.UU. difundió este viernes documentos sobre la desaparición de 10 civiles en 1985 en el Palacio de Justicia en Bogotá, que incluye un telegrama sobre las acciones de los soldados bajo el mando del coronel Alfonso Plazas, que esta semana fue condenado a 30 años de prisión.
Según el instituto, el telegrama de 1999 de la Embajada de Estados Unidos dice que ese comando bajo la orden de Plazas, coronel en retiro del Ejército Nacional, “mató un número de miembros de la (guerrilla) M-19, miembros y colaboradores sospechosos fuera de combate, incluidos los trabajadores de la cafetería del Palacio”.
En esa época, Plazas dirigía una escuela militar de caballería en Bogotá y fue responsabilizado de la desaparición de diez civiles que estaban entre los varios centenares de personas que se hallaban en el Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985, cuando la desaparecida guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) lo ocupó. El objetivo de los cuarenta guerrilleros era someter a un juicio político al entonces presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986).
Los informes de la embajada estadounidense sacan a la luz cómo el Gobierno colombiano y Fuerzas Militares respondieron a la crisis con “el uso de toda la fuerza necesaria” para retomar el control de la sede judicial, según se indica en el telegrama. Otro documento revela que “el ministro de exteriores dice que el Presidente, el Ministro de Defensa y el jefe de la Policía Nacional, y él juntos están completamente de acuerdo de no intentar prolongar el asunto”.
El resto de informes desclasificados se refieren al destino de las guerrillas detenidas durante la operación, entre ellas, una que dice que “las guerrillas supervivientes han sido tomadas como prisioneras” y otro, fechado dos días después, que informa de que “ninguna guerrilla sobrevivió”. Esta acción derivó en un asalto militar que terminó en tragedia al día siguiente, con la muerte de más de cien personas, entre ellas diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además de los destrozos causados por el uso de armas pesadas, la sede judicial acabó consumida entre llamas.
El coronel ya retirado, que permanece bajo detención en el Hospital Militar Central, es uno de los cinco militares que fueron vinculados con este caso, pero el primero en ser condenado. El Archivo Nacional de Seguridad es una institución no gubernamental sin fines de lucro que funciona al amparo de la Universidad George Washington, y que se dedica a recoger, analizar y desclasificar documentos de diversos organismos del Gobierno de Estados Unidos a través de la Ley de Libertad de Información.
¿Un salvavidas para los procesados de la parapolítica?
Por: Redacción Política
Propuesta de nueva legislación para darles garantías a las Fuerzas Armadas suscita polémica entre expertos.
La sentencia a 30 años de prisión contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por la desaparición de 11 personas en los hechos del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, sigue dando de qué hablar. A pesar de que el presidente Álvaro Uribe manifestó este viernes que “por ningún motivo se puede acabar el pacto de paz que se tiene desde hace años con el M-19”, su alocución del pasado jueves, invitando a pensar en una legislación para rodear de garantías a las Fuerzas Armadas, avivó la polémica.
Y el punto concreto de la discusión está en su propuesta específica: “una nueva legislación que debe ser rigurosa en la exigencia de probar el dolo para asignar responsabilidad a coautores mediatos, tanto por acción como por omisión; también como elemento esencial del concierto para delinquir”. Escenario jurídico para expertos que corresponde a una visión adoptada por la justicia internacional y que fue tenida en cuenta en la condena contra el coronel Plazas Vega.
La tesis de la autoría mediata se remonta a 1963, cuando el profesor de la Universidad de Munich, Claus Roxin, la dedujo a partir del caso Adolf Eichmann, un alto funcionario nazi que fue procesado en Jerusalén y condenado a muerte, aunque quedó probado que él nunca llevó a cabo algunas de las ejecuciones. Sin embargo, dominaba los hechos que ejecutaban otros. Esta teoría fue posteriormente aplicada en los casos de los militares de la dictadura argentina entre 1976 y 1983.
En Colombia, desde hace algunos meses, la Corte Suprema de Justicia ha venido acogiendo esta tesis de la autoría mediata para decir que se aplica la figura cuando se está ante un fenómeno al margen de la ley derivado de estructuras de poder. En tal caso, concluyó la Corte en febrero de 2010, “los delitos ejecutados son imputables tanto a sus dirigentes —gestores, patrocinadores, comandantes— a título de autores mediatos (...) y a los directos ejecutores o subordinados —soldados, tropa o milicianos—”.
Y lo ha hecho para argumentar por qué a algunos procesados en el escándalo de la parapolítica se los debe investigar por crímenes de lesa humanidad. Según la jueza María Stella Jara, esta tesis de la autoría mediata y la coautoría, que también se usó en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú contra el ex presidente Alberto Fujimori, fue la que se aplicó en el caso del coronel Plazas Vega. Según la jueza, él fue autor mediato de la desaparición forzada de 11 personas en los hechos del Palacio de Justicia.
Lo polémico es que el presidente Uribe proponga una legislación rigurosa para probar el dolo, es decir, la intención y responsabilidad directa de autores mediatos o coautores, y que también diga que debe considerarse “como elemento esencial del concierto para delinquir”, es decir, el delito por el cual son procesados los acusados de parapolítica. Y esta propuesta, en palabras del ex magistrado José Gregorio Hernández, “es un claro salvavidas a los de la parapolítica”.
En criterio del ex magistrado Hernández, no se necesita una normatividad especial, ni siquiera para los militares, pues para eso la Constitución consagra el debido proceso y el derecho de defensa. En la misma vía, el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz observó que la jurisprudencia de la Corte está perfectamente ajustada a la ley y que lo que está en juego en medio del debate es el fuero y el juzgamiento de militares por la justicia ordinaria.
Y lo ha hecho para argumentar por qué a algunos procesados en el escándalo de la parapolítica se los debe investigar por crímenes de lesa humanidad. Según la jueza María Stella Jara, esta tesis de la autoría mediata y la coautoría, que también se usó en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú contra el ex presidente Alberto Fujimori, fue la que se aplicó en el caso del coronel Plazas Vega. Según la jueza, él fue autor mediato de la desaparición forzada de 11 personas en los hechos del Palacio de Justicia.
Lo polémico es que el presidente Uribe proponga una legislación rigurosa para probar el dolo, es decir, la intención y responsabilidad directa de autores mediatos o coautores, y que también diga que debe considerarse “como elemento esencial del concierto para delinquir”, es decir, el delito por el cual son procesados los acusados de parapolítica. Y esta propuesta, en palabras del ex magistrado José Gregorio Hernández, “es un claro salvavidas a los de la parapolítica”.
En criterio del ex magistrado Hernández, no se necesita una normatividad especial, ni siquiera para los militares, pues para eso la Constitución consagra el debido proceso y el derecho de defensa. En la misma vía, el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz observó que la jurisprudencia de la Corte está perfectamente ajustada a la ley y que lo que está en juego en medio del debate es el fuero y el juzgamiento de militares por la justicia ordinaria.
En criterio del ex magistrado Hernández, no se necesita una normatividad especial, ni siquiera para los militares, pues para eso la Constitución consagra el debido proceso y el derecho de defensa. En la misma vía, el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz observó que la jurisprudencia de la Corte está perfectamente ajustada a la ley y que lo que está en juego en medio del debate es el fuero y el juzgamiento de militares por la justicia ordinaria.
En una postura contraria se mostró el ex vicefiscal Francisco José Sintura, quien no cree que haya intención alguna de blindar a los parapolíticos con la propuesta presidencial, y que, en cambio, ya es hora de que se revise la justicia penal militar para preservar el fuero, porque hoy por hoy la mayoría de excesos de los militares, cometidos en el cumplimiento de su deber o actos de servicio, están siendo juzgados por la justicia ordinaria.
El debate ya trascendió las fronteras. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, respaldó la “histórica decisión” en el caso Plazas y argumentó que “supone un paso importante en la lucha contra la impunidad”. Por eso pidió al Gobierno apoyarla y respetarla. En el mismo sentido se pronunció Amnistía Internacional, que lamentó las críticas a la jueza, porque crean un clima hostil contra el sistema judicial.
El Centro Internacional para la Justicia Transicional, a través de su director Michael Reed, pidió respeto a la independencia del poder judicial y recordó que la insatisfacción que en algún sector pueda surgir sobre las decisiones de la justicia debe ser tramitada por las vías institucionales de la revisión y la apelación. “La descalificación política afecta la independencia de los poderes y las bases del Estado de Derecho”.
Redacción Política | EL ESPECTADOR
En criterio del ex magistrado Hernández, no se necesita una normatividad especial, ni siquiera para los militares, pues para eso la Constitución consagra el debido proceso y el derecho de defensa. En la misma vía, el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz observó que la jurisprudencia de la Corte está perfectamente ajustada a la ley y que lo que está en juego en medio del debate es el fuero y el juzgamiento de militares por la justicia ordinaria.
En una postura contraria se mostró el ex vicefiscal Francisco José Sintura, quien no cree que haya intención alguna de blindar a los parapolíticos con la propuesta presidencial, y que, en cambio, ya es hora de que se revise la justicia penal militar para preservar el fuero, porque hoy por hoy la mayoría de excesos de los militares, cometidos en el cumplimiento de su deber o actos de servicio, están siendo juzgados por la justicia ordinaria.
El debate ya trascendió las fronteras. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, respaldó la “histórica decisión” en el caso Plazas y argumentó que “supone un paso importante en la lucha contra la impunidad”. Por eso pidió al Gobierno apoyarla y respetarla. En el mismo sentido se pronunció Amnistía Internacional, que lamentó las críticas a la jueza, porque crean un clima hostil contra el sistema judicial.
El Centro Internacional para la Justicia Transicional, a través de su director Michael Reed, pidió respeto a la independencia del poder judicial y recordó que la insatisfacción que en algún sector pueda surgir sobre las decisiones de la justicia debe ser tramitada por las vías institucionales de la revisión y la apelación. “La descalificación política afecta la independencia de los poderes y las bases del Estado de Derecho”.
Redacción Política | EL ESPECTADOR
La terna propuesta para Fiscal General por el saliente gobierno Uribe podría tener una o dos bajas si en la próxima sesión de la Corte Suprema de Justicia los magistrados no escogen al nuevo jefe del ente acusador. Según trascendió en pasillos judiciales, dos de los candidatos estarían analizando la posibilidad de renunciar protocolariamente a la postulación con el fin de darle la oportunidad al Presidente de la República electo de ratificar la barajas de ternados o enviar un mensaje tácito en torno de que prefiere recomponer la baraja de postulados.
tanto Aranguren como Luis Eduardo Daza, ex subdirector de Análisis y operaciones de la misma entidad, seguirán privados de la libertad dentro del proceso que se adelanta por el escándalo de las chuzadas, los seguimientos e interceptaciones ilegales realizados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Votación para Fiscal será con Presidente electo
Sábado, 12 de Junio de 2010 00:00
CADA DÍA toma más fuerza la conjetura de que la Corte Suprema de Justicia elegiría Fiscal General hasta que se posesione el nuevo presidente de la República, o por lo menos hasta que se conozca el resultado de las elecciones del 20 de junio próximo.
Así quedó demostrado con la más reciente votación para Fiscal que realizó la Corte Suprema y con la nueva fecha que fijó para la próxima sesión, la cual quedó aplazada para el jueves 24 de junio, cuatro días después de la segunda vuelta presidencial.
En la última ronda de votaciones, llevada a cabo el jueves pasado, la procuradora delegada para asuntos disciplinarios Margarita Cabello obtuvo los mismos 10 votos que ha alcanzado en las últimas rondas. Por su parte, el magistrado Marco Antonio Velilla logró 8 votos, y el nuevo aspirante, el ex magistrado Jorge Aníbal Gómez obtuvo 8, incrementando su votación con respecto a la anterior.
Sin embargo, en esta oportunidad el sufragio en blanco obtuvo la mayor votación en lo que va de corrido del año, consiguiendo 10 votos, justamente después que fuera designado Gómez en reemplazo del ex ministro Camilo Ospina, que renunció a su postulación argumentando problemas económicos.
Fuentes al interior de la Corte Suprema le dijeron a EL NUEVO SIGLO que esta alta votación por el voto en blanco, que representa el inconformismo de un bloque grande de magistrados por la actual conformación de la terna, se mantendría hasta después que el nuevo presidente de la República se posesione el 7 de agosto.
Esto teniendo en cuenta, que el próximo jefe de Estado podría cambiar el nombre de los aspirantes, o estos presentar su renuncia.
Dichas fuentes judiciales le afirmaron además a este Diario que el bloque de magistrados que siempre se ha opuesto a la elegir Fiscal de la actual terna (siete magistrados), el pasado jueves se incrementó a diez, como rechazo a las recientes agresiones que ha recibido el poder judicial del presidente Álvaro Uribe.
Bajo el título de Documentos desclasificados implican a coronel del Ejército en asesinatos de civiles y desapariciones, el Archivo Nacional de Seguridad, los informes de la embajada norteamericana en Bogotá, obtenidos en colaboración con la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia, “arrojan luces sobre cómo el Gobierno colombiano y las Fuerzas Militares respondieron a la crisis, indicando un acuerdo generalizado de que la operación debía llevarse a cabo rápidamente y con toda la fuerza, si era necesario”.
El Partido de Integración Nacional (PIN) anunció que respaldará al candidato del Partido de la U, Juan Manuel Santos, para la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo 20 de junio.
Pero que idiota sigue colgando noticias 3 y 4 veces?
Todos lo sabían,en el exterior y en Colombia:
DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS SOBRE PLAZAS VEGA
Aranguren sí irá a la cárcelJUDICIAlLa Juez 26 Penal Municipal de Bogotá no aceptó la petición de quienes pedían concederle el beneficio de detención domiciliaria a Mario Aranguren, ex director de la Uiaf.
Viernes 11 Junio 2010PUBLICIDAD
MÁS LEIDOSMÁS COMENTADOS1.Nación La insepulta verdad histórica
2.Justicia El testigo clave del Palacio de Justicia
3.Nación El 'para' que martirizó a su propio pueblo
4.Nación El senador Édgar Espíndola dice que el PIN respalda a Santos
5.Opinión Tú también ayudaste
Nación La insepulta verdad históricaElecciones 2010 En Citytv: duro contrapunteo entre los candidatos a la PresidenciaElecciones 2010 Coalición santista, más fuerte que la uribistaNación El senador Édgar Espíndola dice que el PIN respalda a SantosJusticia El testigo clave del Palacio de JusticiaAgenda Propia12345ELECCIONES 2010
Lo mejor del debate de candidatos a la Vicepresidencia de Caracol TV
Sergio Fajardo, del Partido Verde, y Angelino Garzón, de La U, respondieron cuáles serían sus funciones en un eventual gobierno, cómo ven a la oposición política, qué no les ha gustado de la campaña presidencial, entre otras preguntas.
BOGOTÁPersonería alerta sobre fallas en TransmilenioUna denuncia de la Personería de Bogotá asegura que el sistema de transporte masivo no cuenta con rutas de evacuación, entre otros aspectos, para un suceso inesperado. Transmilenio se defiende.
ALIANZASLas condiciones que puso Cambio Radical para adherir a SantosEl partido de Germán Vargas Lleras regresó a la coalición al oficializar su apoyo unánime a la campaña de Juan Manuel Santos. A cambio, pidió un respaldo a los proyectos de ley que impulsará la colectividad en el Congreso.
ELECCIONES 2010¿En qué consiste la propuesta de unidad de Santos?Para algunos analistas, se trata de una estrategia de campaña, para otros, de la búsqueda de la gobernabilidad en el futuro cercano. Artículo | Los diez puntos del acuerdo por la unidad propuestos por Santos
VERDADABIERTA.COMLos peores crímenes del 'Mellizo' Mejía y los 'paras' en AraucaLa Fiscalía le imputó al 'Mellizo' Mejía varias de las peores masacres y asesinatos políticos que ocurrieron en la historia de Arauca y que fueron cometidas por las Auc. Multimedia de VerdadAbierta.com sobre cómo y por qué ocurrieron estos crímenes.DPO Digitalización
Tercerice la radicación de sus
facturas. Contáctenos
PwC.com/coDell Colombia - Grandes Ofertas
Computadoras, Laptops y Notebooks en
Colores Intensos y Tecnología Intel Core
www.dell.com.coDell Colombia - Ofertas Imbatibles
Aprovecha los Descuentos Especiales en
Computadores y Portátiles Dell Colombia
www.dell.com.coOfertas imperdibles Dell
Compre su nuevo portátil o Pc SIN IVA
No espere más ¡Compre Ya!
www.dell.com.coEste viernes, la Juez 26 Penal Municipal de Bogotá no aceptó la petición de los defensores de concederle el beneficio de detención domiciliaria a Mario Aranguren, ex director de la Uiaf, acusado por concierto para delinquir agravado, prevaricato y abuso de la función pública, en el caso de los seguimiento ilegales a magistrados, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.
La Juez 26 afirmó que no existen irregularidades en el proceso que determinó el envío de Aranguren a prisión. Vale la pena recordar que fue la Juez 52 Penal, Jenny Jiménez, quien ordenó mandar a la cárcel, de manera preventiva, a Aranguren, el pasado 31 de mayo.
Aranguren sí irá a la cárcel.La Juez 26 Penal Municipal de Bogotá no aceptó la petición de quienes pedían concederle el beneficio de detención domiciliaria a Mario Aranguren, ex director de la Uiaf.
la Juez 26 Penal Municipal de Bogotá no aceptó la petición de los defensores de concederle el beneficio de detención domiciliaria a Mario Aranguren, ex director de la Uiaf, acusado por concierto para delinquir agravado, prevaricato y abuso de la función pública, en el caso de los seguimiento ilegales a magistrados, políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.
La Juez 26 afirmó que no existen irregularidades en el proceso que determinó el envío de Aranguren a prisión. Vale la pena recordar que fue la Juez 52 Penal, Jenny Jiménez, quien ordenó mandar a la cárcel, de manera preventiva, a Aranguren, el pasado 31 de mayo.
Plan de Consolidación "paramilitar"
PARAMILITARES PATRULLAN LIBREMENTE EN “TERRITORIO CONSOLIDADO DEL PLAN CONSOLIDACIÓN DE LA MACARENA” (SANTO DOMINGO VISTAHERMOSA - META)
Bogotá, junio 11 2010, Organizaciones de Derechos Humanos del municipio de Vistahermosa (Meta) denunciaron el asesinato de un comerciante de la localidad de Santo Domingo (Vistahermosa-Meta) y la intimidación por parte de grupos paramilitares contra los directivos de la acción comunal y de derechos humanos “el Comité Regional de Derechos Humanos de Vista Hermosa – Meta, informó al COLECTIVO ORLANDO FALS BORDA que el 07 de Junio de 2010 a las 06:00 AM fue asesinado en su lugar de residencia por grupos paramilitares un comerciante de la región y habitante de la Inspección de Santo Domingo, jurisdicción de Vista Hermosa – Meta, quien respondía al nombre de WALTER ZUÑIGA”. Agrega la denuncia: “los grupos paramilitares han exigido de la Junta de Acción Comunal de Santo Domingo hacer entrega del Acta de Levantamiento que realizó su Junta Directiva. Ante estas presiones y amenazas, el Presidente de la Junta de Acción Comunal ha informado a los habitantes que presentará su renuncia al cargo que ha venido desempeñando” “paramilitares, están haciendo presencia en el caserío de Santo Domingo, patrullando en motos y visiblemente armados desde tempranas horas del día de hoy, con el fin de intimidar a la población civil para que no denuncien los hechos ante las autoridades”, precisa la denuncia conocida por dhColombia.
En dialogo con uno de los abogados del COLECTIVO ORLANDO FALS BORDA, afirmó “me he comunicado con el alto mando militar de la zona y he puesto en conocimiento las irregularidades (presencia paramilitar en Santo Domingo) (…) hasta hoy
La masacre de Bahía Portete fue apenas el introito de una sangrienta guerra, iniciada en la Alta Guajira, la cual ha tenido como ingrediente especial el narcotráfico, pero que cuenta con el soporte de viejas rencillas tribales en las castas indígenas, las cuales han buscado el apoyo bélico y económico de grupos armados al margen de la ley, que después de varios años mantienen el control monolítico de una vasta región, que a comienzos de siglo, solo pertenecía a los Wayúu.
AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ
por Gloria Cuartas - H. Senado de la República Friday, Jun. 11, 2010 at 9:58 AM
AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ
CONVOCADA POR:
La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.
Esta audiencia visibiliza la actual situación de derechos humanos de la “la Comunidad de Paz de San José de Apartadó que tiene medidas de protección, ordenadas perentoriamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también, de la Corte Constitucional Colombiana, todas dirigidas a la protección de la vida e integridad de sus miembros”. Asimismo, dejara constancia una vez más de los permanentes señalamientos, contra sus integrantes, acompañantes y defensores.
Lugar: Salón Luís Guillermo Vélez.
Ed. Nuevo del Congreso. Carrera 7 No 8 – 68
Fecha: Junio 17 de 2010
Hora: 9:00 a.m.
Invita:
GLORIA CUARTAS ALEXANDER LÓPEZ MAYA
H. Senadora de la República H. Senador de la República
Proximo siete de agosto es el dia del payaso....
se baja el bufón y se monta el payaso::::::::::
LOS PARAMILITARES PATRULLAN LIBREMENTE POR LA MACARENA Y POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL, DESDE TIERRALTA HASTA JAMUNDÍ Y MEDELLIN, COMENZANDO DESDE LA MISMISIMA CASA DE NARQUIÑO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dice Felipe Zuleta: "El miserable ciudadano que tenemos como presidente ..."
En Colombia las opiniones o investigaciones de los periodistas les cuestan el exilio o la vida
En Venezuela ya FZ estaria preso por el sr Chavez bajo el cargo de : “ofensa a un funcionario público e injuria contra persona encargada de servicio público". En Cuba, peor.
Si a alguien le quedaba duda de que opinar en Venezuela se está convirtiendo en un delito, este viernes el periodista Francisco "Pancho" Pérez fue inhabilitado política y profesionalmente durante sentenciado a 3 años y 9 meses por el tribunal 5º de juicio en Valencia, estado Carabobo. Además deberá pagar una multa de 1.200 unidades tributarias.
El caso fue solicitado por el alcalde de Valencia, Edgardo Parra, por los comentarios emitidos por "Pancho" Pérez en su columna “En Secreto”, publicada el 30 de marzo de 2009 en El Carabobeño, bajo el alegado de “ofensa a un funcionario público e injuria contra persona encargada de servicio público "
Una persona murió, dos resultaron gravemente heridas y seis más fueron remitidas al hospital y dadas de alta rápidamente, a consecuencia de un atentado terrorista perpetrado ayer por un hombre en la calle El Comercio, de Apartadó.
Chavez es un chafarote y Uribe,
alias el salgareño,es mafioso.
Chavez encarcela.Uribe encarcela,
masacra,desaparece,mata.
Chavez es un chafarote y Uribe,
alias el salgareño,es mafioso.
Chavez encarcela.Uribe encarcela,
masacra,desaparece,mata.
Uribe es mafioso.
Uribe es paramilitar.
Uribe es asesino.
La política israelí está dictada tanto por sus intereses económicos, como por sus ambiciones de potencia regional. Israel es ante todo la cabeza de playa de los intereses americanos en Medio Oriente, razón por la cual los Estados Unidos apoyan y protegen sin fallas a la clase burguesa dominante de ese país. Pero, con el correr del tiempo, el Estado hebreo ha desarrollado su propia política nacional e internacional, chocando inevitablemente con otras potencias y semi-potencias de la región; Israel vive en un choque permanente, si no es con Egipto, es con Siria, si no es con Arabia Saudí, es entonces con Irán o Turquía, pero a la larga sus propios intereses van a divergir profundamente de los intereses de los patronos imperialistas americanos. Desde hace mucho tiempo Israel ha combinado el talón de hierro con que aplasta a la población palestina desde hace cincuenta años, con una política de constante agresión militar contra los países vecinos, empeño que sólo es atenuado según la conveniencia política y el poder económico, primero, del imperialismo américano, y luego, de los euroimperialistas.
EL PEOR ERROR DEL M 19 EN LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA FUE EL HABER MENOSPRECIADO LA REACCION DE LAS FFMM DE COLOMBIA;PENSARON LOS DEL M 19 QUE ESO ERA COMO LA TOMA DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA ADONDE NO ENTRARON LOS DE LAS FFMM DE COLOMBIA SIMPLEMENTE PORQUE AHI ESTABA COMO REHEN EL CAPATAZ-LEASE EL EMBAJADOR DE LOS EEUU -QUE ES ADONDE VERDADERAMENTE SE ARRODILLAN Y TUVIERON QUE RESPETAR MUY A SU PESAR DE RESTO EL APARATO REPRESIVO DEL ESTADO COLOMBIANO HACE RATO EL GANO A LA HORDA NAZI DE HITLER.BASTO CON QUE EEUU LES PUBLICARA EL RESPECTIVO INFORME DE LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SUS AGENCIAS DE INTELIGENCIA PARA QUE EL DELINCUENTE PRESIDENTE ALVARO URIBE SE TUVIERA QUE TRAGAR SUS PALABRAS RESPECTO A LA JUSTICIA COLOMBIANA AL IGUAL QUE EL COMANDANTE DE LAS FFMM ADOPTARA OTRO PUNTO DE VISTA MAS CONSECUENTE CON LOS HECHOS OCURRIDOS.POBRE PAIS Y PENSAR QUE PROBABLEMENTE ESTE PAIS VA A ELEGIR A OTRA BASURA PEOR QUE LA QUE SE VA Y A QUIEN OJALA SE LE PUEDA LLEVAR ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL PERO AL FIN Y AL CABO A LOS COLOMBIANOS SE LES ADVIRTIO SE LES DIJO QUE CLASE DE SUJETO ES SANTOS Y NO SE MUEVEN PERO YO QUE DIGO SI FUERON CAPACES DE ELEGIR A ANDRES PASTRANA DE PRESIDENTE QUE OTRA ESTUPIDEZ MAS GRANDE NO PODEMOS COMETER? MOCKUS NO SUPO COMPORTARSE COMO UN VERDADERO POLITICO NI SIQUIERA EN LOS COMERCIALES COPMO EL QUE HYA AHORA EN LA TELEVISION QUE SERVIA PERO PARA LA PRIMERA VUELTA POR EL ESTILO AHORA CREO QUE ES DEMASIADO TARDE.....
Felipe,
Lo felicito por apropiarse del tema de los falsos positivos, eso demuestra su valor no sólo como periodista o persona pública sino como ser humano. También quiero hacerle un reconocimiento por retirarse del partido liberal puesto que según me enteré esta semana la adhesión casi mayoritaria a la campaña de Santos era el motivo, y si, ese es un buen motivo que nos hace añorar que ese comportamiento en la vida política fuera la regla y no la excepción pero ya sabemos como funciona esto. Muy bien por las dos acciones Felipe, instaurar las denuncias a quien las instauró y retirarse del partido. De paso también reconocerle su valentía por meterse con la gente más poderosa e influyente de este país, no es cualquier cosa hacer investigar exministros o comandantes del ejercito y menos sabiendo los riesgos a los que se está sometiendo, eso requiere mucho coraje. Felipe, este país necesita es más gente como usted.
Consejo de seguridad acuerda recompensa
Ana María Correa Arcila | Medellín | Publicado el 13 de junio de 2010
En un consejo de seguridad realizado ayer en Apartadó, después del atentado terrorista registrado el viernes, en el que murió una persona y 17 quedaron heridas, las autoridades establecieron recompensas por una suma de 130 millones de pesos.
El secretario de Gobierno departamental de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, presidió el consejo, acompañado del alcalde del municipio, Oswaldo Cuadrado, y de las autoriades de Policía, entre otros.
En el consejo se reiteró la oferta de 100 millones de pesos por alias "Darlyson", uno de los comandantes del Frente 5 de las Farc, quien habría ordenado el atentado.
Los 30 millones restantes, se ofrecieron por información que permita dar con el autor material del atentado, que según investigaciones preliminares se atribuye a ese frente de las Farc.
¿Y TODAVÍA HAY FARR?
Santa Fe y sus agentes secretos
Todos los caminos conducen a Santa Fe. Su presidente insiste en que no hay dineros malos.
La seguridá democrática,el deporte
y la mafia.
El Presidente y los mandos militares se rebelaron contra la decisión, en un hecho sin precedentes. La jueza que profirió el fallo, María Stella Jara, habla con El Espectador sobre esta reacción del Ejecutivo y sobre su grave situación de seguridad.
Cecilia Orozco Tascón.- Un día después de su sentencia contra el coronel (r) Plazas Vega, el Presidente suspendió su trabajo y citó a reunión extraordinaria en Palacio a la cúpula militar para hablar de su fallo. ¿Esperaba esta reacción del Poder Ejecutivo?
Jueza María Stella Jara.- No. No me la esperaba. Y me parece que es una reacción desproporcionada y desafortunada.
C.O.T.- ¿Se siente intimidada?
M.S.J.- No creo que deba responder esa pregunta.
C.O.T.- El alto mando militar y el ministro de Defensa firmaron un comunicado en el que “expresan su profundo dolor por las consecuencias de la sentencia judicial” y “manifiestan solidaridad” con el coronel Plazas. ¿Cree que con esas frases están cuestionando su fallo?
M.S.J.- Entiendo la reacción solidaria de todos ellos porque son compañeros de armas del señor coronel. Y me parece lógico que cuestionen la decisión, pero después de haber leído su texto.
C.O.T.- Contra su sentencia —a la que le atribuyen toda clase de fallas jurídicas e incluso falsedades— se han pronunciado, además del Presidente y de los ex comandantes del Ejército, más de veinte organizaciones de ex miembros de las Fuerzas Armadas y algunos columnistas. ¿Su conciencia ética, pero sobre todo, su conciencia jurídica, está tranquila con la evaluación que hizo de las pruebas y de lo que obraba en el proceso?
M.S.J.- Los jueces fallamos en nombre de la República y por autoridad de la ley. Lo hacemos con objetividad y siempre con el deseo de acertar. Las equivocaciones en que podamos incurrir son materia de los recursos ordinarios y, en general, de todos los controles que pueden hacerse a través de todos los medios de impugnación, e incluso de la casación. En todos los fallos que he tenido que proferir, siempre lo he hecho con tranquilidad de conciencia y no me ha animado interés distinto que el del estricto cumplimiento de mi deber.
C.O.T.- Al otro día de conocido su fallo, usted estuvo en una audiencia con su abogado. ¿Cuál era el objeto central de esa audiencia y por qué asistió con apoderado?
M.S.J.- La audiencia fue ante un juez de control de garantías para reclamar que se diera cumplimiento a unas medidas de protección para mí y para mi hijo, que fueron dictadas por el Juzgado 53 Penal Municipal de control de garantías desde el 14 de enero de este año. La presencia de mi abogado obedece a que actúo como víctima en un proceso por amenazas en contra mía.
C.O.T.- ¿En qué consiste ese proceso?
M.S.J.- Se trata de unas amenazas proferidas en mi contra, el 1° de septiembre de 2009, por el ejercicio de mi función como Juez Tercera Penal Especializada del Circuito de Bogotá. La investigación la lleva una fiscalía de la Unidad de Terrorismo, que fue la que solicitó medidas de protección para mi hijo y para mí ante el juez 53, debido a que se conoció un plan concreto para atentar contra mí. Yo me constituí en víctima en esa actuación.
C.O.T.- Se sabe que usted ha sido amenazada no una, sino muchas veces. ¿En qué forma se han manifestado quienes la amenazan y cuál es el medio que usan para hacerlo?
M.S.J.- Me han hecho llegar dos sufragios, un anónimo en el que lamentaban el “desaparecimiento” mío y de mi familia; y, adicionalmente, la fotocopia de una columna de prensa que fue publicada, y en donde se me acusaba de no ser imparcial en el “Caso Plazas”.
C.O.T.- ¿Tiene esquema de seguridad proporcionado por el Gobierno? ¿Está tranquila con la protección que le brinda el Estado?
M.S.J.- Tengo un esquema de seguridad proporcionado por el Estado, pero, en concreto, el Gobierno, o mejor, la Rama Ejecutiva, ha sido indolente frente a mi situación. El Consejo Superior de la Judicatura, su Sala Administrativa y la Dirección de Protección de la Policía Nacional, a través del coronel Salamanca, han sido quienes han asumido mi protección física.
C.O.T.- ¿Por qué, entonces, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares, es decir, protección por orden internacional, que le fue concedida hace poco?
M.S.J.- Porque el año pasado fui víctima de una serie de hostigamientos y de sucesos extraños en mi domicilio. Y aunque denuncié oportunamente estos hechos, aquí no parecieron creerme, por lo que decidí acudir a la CIDH. La Comisión le envió una carta al Gobierno solicitándole un informe sobre mi caso. Luego, yo misma me pronuncié sobre las amenazas al finalizar una audiencia pública. Aprovechando los medios de comunicación presentes, di una declaración sobre mi problema de seguridad. Fue así como el coronel Salamanca, de la Dirección de Protección de la Policía, se enteró de mi situación y desde entonces puso un esquema de protección a mi servicio, que incluía un vehículo suministrado por el Consejo Superior. En ese momento esa seguridad era suficiente. Sin embargo, las amenazas continuaron incrementándose a punto tal que el nivel de calificación de riesgo era superior al esquema.
C.O.T.- ¿Por qué, entonces, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares, es decir, protección por orden internacional, que le fue concedida hace poco?
M.S.J.- Porque el año pasado fui víctima de una serie de hostigamientos y de sucesos extraños en mi domicilio. Y aunque denuncié oportunamente estos hechos, aquí no parecieron creerme, por lo que decidí acudir a la CIDH. La Comisión le envió una carta al Gobierno solicitándole un informe sobre mi caso. Luego, yo misma me pronuncié sobre las amenazas al finalizar una audiencia pública. Aprovechando los medios de comunicación presentes, di una declaración sobre mi problema de seguridad. Fue así como el coronel Salamanca, de la Dirección de Protección de la Policía, se enteró de mi situación y desde entonces puso un esquema de protección a mi servicio, que incluía un vehículo suministrado por el Consejo Superior. En ese momento esa seguridad era suficiente. Sin embargo, las amenazas continuaron incrementándose a punto tal que el nivel de calificación de riesgo era superior al esquema.
C.O.T.- Precisamente, y en contraste con lo sucedido con el Poder Ejecutivo colombiano, la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillay, le expresó su “reconocimiento” al Poder Judicial, en este caso a usted, por su lucha contra la impunidad por los hechos de la retoma del Palacio de Justicia. ¿Este respaldo la resarce de los sinsabores que ha sufrido?
M.S.J.- El pronunciamiento de la Alta Comisionada de la ONU me satisface desde el punto de vista personal y se lo agradezco desde el punto de vista funcional. Naturalmente, tranquiliza saber que en instancias tan altas se valora el trabajo de la Rama Judicial colombiana. Y, de alguna manera, compensa la decepción que nos generó la reacción negativa de los representantes de algunas instituciones que descalificaron un fallo producto de un trabajo denodado mío, de mi equipo de colaboradores del juzgado, del Consejo Superior que acompañó presupuestal y administrativamente este proceso, y de todas las personas que, en general, concentraron sus esfuerzos para que se pudiera adoptar, prontamente, una decisión de fondo en este asunto.
C.O.T.- Fuera de las amenazas —que constituyen actos delictivos—, ¿es cierto que usted recibió presiones e insultos de personas y organizaciones allegadas al proceso?
M.S.J.- Dictado el fallo, que a mi leal saber y entender corresponde objetivamente con el material probatorio, para mí todos los temas del proceso quedan cerrados.
C.O.T.- ¿El propio coronel Plazas o alguno de sus allegados la hostigaron de alguna manera?
M.S.J.- Me remito a la respuesta que le acabo de dar.
C.O.T.- Precisamente, y en contraste con lo sucedido con el Poder Ejecutivo colombiano, la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillay, le expresó su “reconocimiento” al Poder Judicial, en este caso a usted, por su lucha contra la impunidad por los hechos de la retoma del Palacio de Justicia. ¿Este respaldo la resarce de los sinsabores que ha sufrido?
M.S.J.- El pronunciamiento de la Alta Comisionada de la ONU me satisface desde el punto de vista personal y se lo agradezco desde el punto de vista funcional. Naturalmente, tranquiliza saber que en instancias tan altas se valora el trabajo de la Rama Judicial colombiana. Y, de alguna manera, compensa la decepción que nos generó la reacción negativa de los representantes de algunas instituciones que descalificaron un fallo producto de un trabajo denodado mío, de mi equipo de colaboradores del juzgado, del Consejo Superior que acompañó presupuestal y administrativamente este proceso, y de todas las personas que, en general, concentraron sus esfuerzos para que se pudiera adoptar, prontamente, una decisión de fondo en este asunto.
C.O.T.- Fuera de las amenazas —que constituyen actos delictivos—, ¿es cierto que usted recibió presiones e insultos de personas y organizaciones allegadas al proceso?
M.S.J.- Dictado el fallo, que a mi leal saber y entender corresponde objetivamente con el material probatorio, para mí todos los temas del proceso quedan cerrados.
C.O.T.- ¿El propio coronel Plazas o alguno de sus allegados la hostigaron de alguna manera?
M.S.J.- Me remito a la respuesta que le acabo de dar.
Especialmente en los 10 últimos días, el Presidente ha estado desquiciado. Y no es para menos, pues él sabe lo que se le viene pierna arriba como se dice popularmente. La estrategia de tapar los asesinatos de los 3.000 muchachos por el cobro de recompensas, y su cerrada defensa a sus ex ministros y a los generales, acerca cada vez más a los responsables a los estrados de la Corte Penal Internacional.
Imagínense ustedes si acá podrá hacerse justicia cuando el propio presidente arremete contra la Fiscalía porque ésta decide abrir indagación preliminar en contra de Camilo Ospina y el general Padilla.
Entre más trabas les pongan a estas investigaciones más cerca estaremos con las madres de Soacha de lograr que intervenga la justicia internacional por estos delitos que se cometieron siguiendo una “pauta criminal”, como lo dice el relator de las Naciones Unidas, señor Alston.
De manera pues que quienes no evitaron los delitos son ahora las víctimas y quienes pedimos que se haga justicia somos unos tinterillos inmorales.
Se equivoca el Presidente si cree que con sus amenazas puede tapar los crímenes que se han cometido en estos ocho años. Convendría que también el Ministro de Defensa nos explique cómo va a derrotar a los que él llama terroristas morales. ¿Será que piensan utilizar los mismos mecanismos que se usaron con los jóvenes de los falsos positivos?
Es increíble cómo gente con un pasado decente, acabó contaminada por las actitudes y el talante de un presidente que no cree en la separación de poderes y el sistema democrático.
En buena hora se acaban estos ocho años de terror e intimidación a los jueces, periodistas y opositores
Lo único decente que queda de nuestras instituciones son los honorables magistrados y los jueces a quienes el Presidente irrespeta sistemáticamente. Cuando no los llama para intimidarlos, como lo hizo con el magistrado César Julio Valencia, los llama para preguntar por los procesos que se siguen en contra de sus colaboradores. Así lo confesó esta semana.
Bien sabe el Presidente, y eso es lo que lo tiene perturbado, que las investigaciones por las chuzadas llegaron a su despacho y bien sabe también que no podrá sacudirse de los más de 5.000 asesinatos que se han cometido durante sus gobiernos, sumando los 3.000 falsos positivos, los 1.500 sindicalistas y los defensores de los DDHH.
¡Y pensar que en Chile durante los 17 años del general Pinochet hubo 3.000 crímenes de Estado!
Acabo recordando a Jaime Garzón que decía que al presidente había que rodearlo pero para que no se vuele. Y desde ya hago responsables al presidente Uribe y al ex ministro Santos de lo que me pueda suceder a mí y a las 14 madres de Soacha a quienes siguen amenazando cobardemente.
Notas de Buhardilla
Licencia para matar
Por: Ramiro Bejarano Guzmán
SENTÍ MÁS PÁNICO QUE IRA VIENDO a Uribe rodeado del aturdido ministro de Defensa y de los comandantes de las diferentes armas, ofreciendo una insultante rueda de prensa en contra de una jueza respetable y en defensa de un coronel condenado.
atroz ver a Uribe con todos los uniformados impulsando el odio contra otro poder público, resultaron peores sus amenazas.
Que el Jefe de Estado, después de criticar sin fundamento el fallo de la jueza, María Stella Jara, contra Plazas Vega, exhorte al funcionario que ha de revisar en segunda instancia el asunto a administrar “justicia imparcial” no es una señal patriótica, sino una advertencia parecida a la que hacen los que sabemos. Para Uribe sólo habrá justicia si absuelven a su ex subalterno, porque todo aquel que se atreva a condenarlo por desaparecer a 11 personas prevarica y deshonra a los “soldados de la patria”. A propósito, es una paradoja que la jueza y su pequeño hijo hoy estén protegidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero intimidados por el Estado al que ella sirve.
Uribe volvió a mentir en vivo y en directo, y esta vez avaló sus falsedades con las armas del Estado, simbolizadas por los más altos generales. Dejó la sensación de que la condena de Plazas Vega, además de injusta, fue también contra todos los militares. Nada más tendencioso.
El juicio que acaba de terminar en primera instancia se adelantó porque desaparecieron 11 personas que salieron vivas del asalto criminal del M-19 al Palacio de Justicia. ¿Permitía, acaso, la ley de entonces desaparecer a alguien? Por supuesto que no, pero sucedió en esa ocasión, cuando quien tenía el control de la situación era el coronel Plazas Vega. Por eso me pareció insólito el argumento de Juan Manuel, según el cual hay que fortalecer la justicia militar, porque como los civiles no comprenden la vida castrense, es necesario que a los soldados los juzguen otros soldados. No se necesita haber sido militar para saber que ni en 1985, ni ahora, un oficial, ni nadie, puede desaparecer a otro ser humano, porque eso es un crimen.
Uribe necesitaba mentir sobre la falsa condena al estamento militar para justificar una desastrosa propuesta. Bajo la mirada de sus generales, ofreció tramitar una ley de garantías a la oficialidad, que pretende concederles patente para que cuando delincan nadie pueda tocarlos, ni siquiera la justicia.
Según el “abogado” Uribe, se necesita reformar la ley para que los militares sólo puedan ser condenados cuando se les compruebe dolo, como si eso no estuviese previsto desde siempre. Lo que en verdad busca es legalizar la impunidad, a la que ni siquiera aspiran los militares decentes.
En su infame arenga contra los jueces, Uribe no hizo una sola mención a los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia; en cambio sí aplaudió a quienes todavía no han podido explicar su negro noviembre de 1985, incluido Belisario Betancur, quien jamás enfrentó la responsabilidad que prometió asumir la noche trágica del 7 de noviembre de 1985.
Alejandro Ordóñez, indelicado y “goterero” —pronto revelaré por qué— Procurador de bolsillo del régimen, le cumplió a la horda ultraderechista encabezada por sus amigotes y contertulios Fernando Londoño, alias “Héroe de Invercolsa”, y Pablo Victoria, entre otros. Hoy comanda la cruzada contra el fallo adverso a Plazas Vega.
Lo único que falta es cerrar la Corte; ya no le alcanzará el tiempo al tirano, aunque ganas no le faltan.
~~~
Adenda. Si se insiste en adjudicar el tercer canal de televisión aun en presencia de las inhabilidades éticas de altos funcionarios del Gobierno, todo para darles más poder a José Obdulio y su banda, está más que merecida una acción popular por violación a la moralidad administrativa, que ojalá permita suspender el atropello a la decencia.
HASTA LA ÚLTIMA GOTA-DANIEL CORONELL
La feria de notarías para políticos aliados del gobierno sigue a pesar del escándalo de medios, de la investigación judicial, del concurso de notarios y de la ley de garantías electorales. La más reciente beneficiaria de la piñata millonaria es la cuñada del tristemente célebre ex Presidente de la Cámara de Representantes, Armando Pomárico Ramos.
Armando Pomárico fue condenado a doce años de prisión como coautor de un concurso de delitos que incluye concierto para delinquir, contratación ilícita y peculado por apropiación en sonado caso de corrupción en el Congreso. La sentencia que lo envió a la cárcel afirma que varios familiares suyos tenían injerencia en la contratación de la Cámara de Representantes.
Entre esos familiares está su hermano Alberto Pomárico Ramos quien, de acuerdo con la determinación judicial, gestionó varios de los contratos cuestionados. (Ver documento)
El hermano de Pomárico se desempeñaba ocasionalmente como notario noveno encargado, despacho del cual era titular su esposa Cecilia Mercado Noguera.
La doctora Cecilia Mercado no pudo conservar su notaría porque otras personas tuvieron un puntaje superior al suyo en el concurso notarial. Sin embargo quedó en un modesto lugar quince en la lista de los elegibles. Esa lista tenía dos años de vigencia y había sido promulgada el 13 de marzo de 2008, es decir se vencía la misma semana de las recientes elecciones parlamentarias. (Ver documento)
Cuando faltaban horas para la expiración de la lista ocurrió un milagro.
El gobierno nacional expidió un decreto con fecha marzo 11 de 2010 -es decir tres días antes de elecciones y dos días antes del vencimiento de la lista- nombrándola Notaria Décima de Barranquilla porque dos aspirantes que la precedían en el orden de elegibilidad renunciaron desinteresadamente a ocupar el cargo. (Ver decreto)
Pero la suerte de la cuñada de Pomárico no acabó ahí. Hace poco más de una semana, y con la diligente eficiencia del Superintendente de Notariado y Registro Orlando García-Herreros, doña Cecilia Mercado Noguera recibió el premio mayor de las notarías de la costa.
Por decreto firmado por el Presidente Álvaro Uribe, el miércoles de la semana pasada, la cuñada de Pomárico se convirtió en la titular de la Notaría Quinta de Barranquilla, un despacho considerado como el más próspero de la ciudad por los entendidos en la materia. (Ver decreto)
doctora Cecilia Mercado no pudo conservar su notaría porque otras personas tuvieron un puntaje superior al suyo en el concurso notarial. Sin embargo quedó en un modesto lugar quince en la lista de los elegibles. Esa lista tenía dos años de vigencia y había sido promulgada el 13 de marzo de 2008, es decir se vencía la misma semana de las recientes elecciones parlamentarias. (Ver documento)
Cuando faltaban horas para la expiración de la lista ocurrió un milagro.
El gobierno nacional expidió un decreto con fecha marzo 11 de 2010 -es decir tres días antes de elecciones y dos días antes del vencimiento de la lista- nombrándola Notaria Décima de Barranquilla porque dos aspirantes que la precedían en el orden de elegibilidad renunciaron desinteresadamente a ocupar el cargo. (Ver decreto)
Pero la suerte de la cuñada de Pomárico no acabó ahí. Hace poco más de una semana, y con la diligente eficiencia del Superintendente de Notariado y Registro Orlando García-Herreros, doña Cecilia Mercado Noguera recibió el premio mayor de las notarías de la costa.
Por decreto firmado por el Presidente Álvaro Uribe, el miércoles de la semana pasada, la cuñada de Pomárico se convirtió en la titular de la Notaría Quinta de Barranquilla, un despacho considerado como el más próspero de la ciudad por los entendidos en la materia. (Ver decreto)
El decreto de nombramiento establece que doña Cecilia de Pomárico había pedido antes que cualquier otro notario del mismo círculo su cambio a otro despacho de la ciudad. Lo hizo el 11 de abril, cuando llevaba menos de un mes al frente de la anterior notaría y apenas dos días después de que su antecesora en la apetecida Notaría Quinta cumpliera la edad de retiro forzoso.
Lo curioso es que varios notarios de otras zonas del país han seguido al frente de sus despachos por largo tiempo después de cumplir los 65 años. Pero seguramente ellos no tenían a la cuñada de Pomárico contándoles las velitas del ponqué.
El esposo de la feliz ganadora de la mejor notaría de Barranquilla, está muy activo en política. Hace unos meses Alberto Pomárico Ramos anunció que aspiraría a la Cámara de Representantes por el departamento del Magdalena, tal vez para ocupar el vacío que dejó su inolvidable hermano Armando. (Ver el Facebook de Pomárico)
Sin embargo, a última hora decidió no inscribirse sin que se conozcan las razones de esa determinación. Como sea Alberto Pomárico ya anunció que piensa jugar un papel muy importante en la elección del próximo gobernador.
El gobierno con una mano favorece a la familia de un condenado por la justicia; mientras con la otra señala y persigue a los jueces que cumplen con su deber.
La condena de 30 años proferida en contra del coronel Plazas Vega, declarado culpable por la desaparición de 11 personas que salieron con vida del Palacio de Justicia, ha revivido el tabú de si los militares que incurren en delitos de lesa humanidad son intocables o no en Colombia.
En el fondo esa es la gran discusión; la misma que hace 20 años se desató cuando el entonces procurador Alfonso Gómez Méndez pidió la destitución del general Arias Cabrales y del coronel Sánchez Rubiano. Al primero, Gómez Méndez lo encontró culpable por no haber tenido en cuenta la vida de los rehenes, y al otro, por ser el responsable de la desaparición de la guerrillera Irma Franco. Al entonces Procurador se le vino el mundo encima y debido a las amenazas contra su vida se vio obligado a salir del país. Veinte años después la historia vuelve a repetirse con la indignación que ha producido la condena contra Plazas Vega proferida por una jueza. A ella también le ha tocado presenciar la rapidez con que el establecimiento político se solidariza con las fuerzas militares, mientras ella es amenazada.
Para evitar la discusión de fondo -la de si los militares son intocables cuando cometen delitos de lesa humanidad-, el mundo castrense nos tiene inmersos en la discusión equivocada y nos ha obligado a centrar su problema en el tema del fuero. Según esta tesis, condenas como la de Plazas Vega demuestran que los militares están indefensos, que se acabó con el fuero penal militar, que se destrozó la justicia penal y que por lo tanto los militares han quedado expuestos a una persecución jurídica infame que busca frenar a la fuerza pública en su lucha contra las Farc.
No sobra decir que nada de lo anterior es cierto. El fuero penal militar está consagrado en la Constitución, y en la Carta se dice explícitamente que a los militares se les garantiza su propio régimen disciplinario y una justicia penal para juzgar a aquellos miembros de las fuerzas militares que incurran en delitos que tengan que ver con el ejercicio de sus funciones. Más aún: el gobierno del presidente Uribe aprobó en 2004 un nuevo Código Penal Militar y, que se sepa, en ese momento no se escuchó ninguna queja por parte de los generales. En ese Código Penal Militar se delinean nuevamente los delitos que cubre el fuero y se deja en claro que los únicos que no están sujetos son los delitos de lesa humanidad. Y hasta donde sabemos, ni la desaparición forzada ni el asesinato de campesinos inocentes son actos de servicio.
Tampoco es acertado decir que la justicia penal militar se acabó. Otra cosa es que no sea eficaz y que por el contrario haya sido fuente de pasadas impunidades que no la dejan bien parada. Casi todos los procesos de militares que hoy están siendo investigados por la justicia ordinaria fueron absueltos por la justicia penal militar.
Tampoco es acertado decir que la justicia penal militar se acabó. Otra cosa es que no sea eficaz y que por el contrario haya sido fuente de pasadas impunidades que no la dejan bien parada. Casi todos los procesos de militares que hoy están siendo investigados por la justicia ordinaria fueron absueltos por la justicia penal militar.
¿Qué es entonces lo que están pidiendo los militares? Lo que en realidad están pidiendo es una peligrosa ampliación de su fuero con el propósito de "blindar" a los mandos militares de los delitos que por acción u omisión puedan cometer sus subalternos. Por esta vía se pretende frenar las responsabilidades en la cadena de mando y evitar así que los generales y el presidente Betancur terminen con el agua al cuello.
A pesar de que el presidente Uribe les prometió, en su alocución del jueves, que presentaría un proyecto de ley en ese sentido, las posibilidades de que esta propuesta se traduzca en hechos es casi imposible. A Uribe le quedan dos meses de consejos comunales, y las probabilidades de que el próximo Presidente impulse la ampliación de un fuero que va en contra del Código Penal, de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la doctrina internacional de los derechos humanos, es bastante improbable, incluso, si el nuevo Presidente es Juan Manuel Santos. Ni siquiera él se atrevería a abrir semejante boquete.
Queda sobre el tapete la necesidad de encontrar una fórmula intermedia en la que se les conceda a los militares investigados por el Palacio de Justicia, un tratamiento especial a cambio de la verdad y reparación a las víctimas. Para el país es preferible una solución de ese estilo que reversar el único proceso de paz exitoso que hemos tenido, como bien lo han resaltado el general Padilla y hasta el propio presidente Uribe, quien tiene en su gobierno a varios de los ex comandantes guerrilleros del M-19.
Tiene razón Alfonso Gómez Méndez cuando dice que hace 25 años el establecimiento político-militar colombiano hizo un pacto de silencio para ocultar la verdad de lo sucedido en el holocausto del Palacio de Justicia. Y el deber de la justicia es romper ese manto de impunidad. Lo demás es carreta.
Tampoco es acertado decir que la justicia penal militar se acabó. Otra cosa es que no sea eficaz y que por el contrario haya sido fuente de pasadas impunidades que no la dejan bien parada. Casi todos los procesos de militares que hoy están siendo investigados por la justicia ordinaria fueron absueltos por la justicia penal militar.
¿Qué es entonces lo que están pidiendo los militares? Lo que en realidad están pidiendo es una peligrosa ampliación de su fuero con el propósito de "blindar" a los mandos militares de los delitos que por acción u omisión puedan cometer sus subalternos. Por esta vía se pretende frenar las responsabilidades en la cadena de mando y evitar así que los generales y el presidente Betancur terminen con el agua al cuello.
A pesar de que el presidente Uribe les prometió, en su alocución del jueves, que presentaría un proyecto de ley en ese sentido, las posibilidades de que esta propuesta se traduzca en hechos es casi imposible. A Uribe le quedan dos meses de consejos comunales, y las probabilidades de que el próximo Presidente impulse la ampliación de un fuero que va en contra del Código Penal, de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la doctrina internacional de los derechos humanos, es bastante improbable, incluso, si el nuevo Presidente es Juan Manuel Santos. Ni siquiera él se atrevería a abrir semejante boquete.
Queda sobre el tapete la necesidad de encontrar una fórmula intermedia en la que se les conceda a los militares investigados por el Palacio de Justicia, un tratamiento especial a cambio de la verdad y reparación a las víctimas. Para el país es preferible una solución de ese estilo que reversar el único proceso de paz exitoso que hemos tenido, como bien lo han resaltado el general Padilla y hasta el propio presidente Uribe, quien tiene en su gobierno a varios de los ex comandantes guerrilleros del M-19.
Tiene razón Alfonso Gómez Méndez cuando dice que hace 25 años el establecimiento político-militar colombiano hizo un pacto de silencio para ocultar la verdad de lo sucedido en el holocausto del Palacio de Justicia. Y el deber de la justicia es romper ese manto de impunidad. Lo demás es carreta.
Los partidos fascistas hoy se llaman «de la libertad»11 Jun 2010Compartir: Igual que la nueva derecha europea escogió la etiqueta popular para disimular que sirve a los intereses de la oligarquía, los nuevos movimientos fascistas europeos han decidido denominarse partidos “de la libertad” –primero fue el austriaco FPOe y ahora se llama así el PVV holandés de Wilders, además del Pueblo de la Libertad de Berlusconi en el que se han integrado posfascistas como Fini– para enmascarar su vocación autoritaria y su fanatismo racista. Aunque lo que de verdad sorprende es cómo han logrado engañar a electorados bastante instruidos.
Parece mentira que, en Holanda, una sociedad que siempre habíamos tomado como paradigma de tolerancia y progresismo acabe de entregar un millón y medio de votos al líder xenófobo por excelencia, quien pronto tendrá que sentarse en el banquillo por comparar el Corán con Mein Kampf y el islam con el nazismo. Al caudillo integrista cuya lucha personal consiste en expulsar a todos los musulmanes se le ha entregado la llave de la gobernabilidad del país que siempre fue tierra de acogida y anfitrión de diversidad.
El motivo es, una vez más, el miedo de la población autóctona a perder su privilegiado modo de vida, su prosperidad reservada a una fracción de los habitantes del planeta. Muchos europeos han olvidado que la obtuvieron explotando, primero, a esos mismos pueblos que otrora colonizaron y ahora pretenden desterrar. Y no ven que los inmigrantes les permiten vivir aún mejor, aceptando los trabajos más duros, aportando impuestos para financiar ese Estado del bienestar, y cuidando de ancianos e infantes por salarios ínfimos.
El recelo que recorre una Europa aterrada por la crisis abona el resurgimiento del extremismo, la intolerancia y el odio hacia “los otros”. Y a esa ideología suicida la llaman “libertad”. No se puede ensuciar más ese concepto
El verdadero opositor del uribato es indudablemente las FARC
¿Les tocará a ellas velar por la seguridad de los jueces y la CSJ?
ESTE ES EL LIBRO K HABLA DE LAS P.O.R.K.E.R.I.A.S. DE LOS A.S.K.E.R.O.S.O.S. G.O.D.O.S.F.U.R.I.B.ESTIAS..
Y aquí están.**Las Perlas Uribistas**.,libro. publicado. por DEBATES:..
*LA JUSTICIA SITIADA..- Ramiro Bejarano...
* SOBRADOS DE LOTE.LOS HIJOS DEL PRESIDENTE..- Daniel Coronel...
*LAS GABELAS TRIBUTARIAS..- Juan Camilo Restrepo....
*LOS "FALSOS POSITIVOS"..CRIMENES DE LESA HUMANDIDAD...
*LO QUE OCULTO URIBE EN LA NEGOCIACION CON LOS PARAS.. -León Valencia.....
*DEMOCRACIA O DEMOS GRACIAS..-Germán Navas Talero....
*ENTRE EL CEBO Y EL GARROTE.URIBE Y LOS MEDIOS DE COMUNICACION..-Cecilia Orozco....
*URIBE Y EE.UU.:TAN CERCA Y TAN LEJOS..- Adam Isacson....
*URIBE Y EL CAMPO..- Alfredo Molano....
*LOS EXPEDIENTES Y LA CASA DE NARIÑO-.. Iván Cepeda....
*EL DAS,UNA CACERIA CRIMINAL-..Hollman Morris.....
*DEL PALACIO AL "PARACIO" PRESIDENCIAL-..Vladdo....
*LOS ".FALSOS .POSITIVOS"..,CRIMENES .DE .LESA .HUMANDIDAD ..- Felipe Zuleta....
Definitivamente comprar este libro es una buena forma de invertir $ 39.000.oo pues es un documento que quedará como testigo de la mala hora por la que atraviesa Colombia. LEA EL LIBRO Y NO VOTE POR NINGUN **U.R.I.B.E.S.T.I.A**.
Publicar un comentario